¿Manzanas podridas en el Ejército?

Las presuntas amenazas de un puñado de uniformados del Ejército a campesinos en una zona rural de Tierralta, Córdoba, revisten una gravedad superlativa, más de lo que se ha comentado o analizado hasta ahora.

Es grave por el hecho en sí mismo, se trata de la comisión de un presunto delito penal con implicaciones que devienen del derecho aplicable en los conflictos armados y el derecho internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, es una traición a la misionalidad, al mandato y a los principios y valores promulgados en el conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, por lo menos los del Ejército en el que serví bajo banderas por más de 23 años.

En este punto surgen varias dudas: ¿los uniformados actuaron a “motu propio” (con movimiento propio) o recibieron órdenes superiores? ¿Qué tipo de intereses se ven beneficiados con una acción canalla como esta? ¿Qué se pretendía con esta especie de operación de engaño?

Hasta el momento, lo único claro es que las comunicaciones públicas sobre el episodio que han emanado del ministerio de Defensa y a través del Ejército Nacional dejan más dudas que certezas.

Ojalá que la comisión investigadora que envió la procuradora Margarita Cabello Blanco hoy si pueda llegar a la zona, entrevistar a los campesinos intimidados y, principalmente, a la patrulla involucrada en hechos que son tan confusos como escabrosos.

En este mismo sentido, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, debe dar celeridad a su investigación. Es claro que en el comportamiento irregular de los uniformados se violaron leyes colombianas, en especial de orden penal, y aislarlos para que cuenten los porqués de su actuar es más que indispensable.

¿Por qué es importante que estos dos órganos, el primero de control y el segundo jurídico-investigativo, puedan realizar sus indagaciones sin ningún tipo de presión? Porque son instituciones que aún mantienen su independencia real y efectiva del gobierno de Gustavo Petro.

Dese algunos sectores se ha tratado de minimizar el episodio bajo el argumento de que se trata de manzanas podridas que aún están en las filas del Ejército, incluso rezago de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.

Me perdonarán quienes esgrimen tales argumentos, pero comparto la preocupación del decano de derecho de una prestigiosa universidad de Medellín, Antioquia, quien ha dicho que si este episodio hubiera ocurrido en el período 2002-2010, muy seguramente se diría que fue en cumplimiento de órdenes del Ejecutivo como parte de una política macro criminal del Estado y sus aparatos de seguridad.

“Donde cabe la misma razón, cabe la misma disposición” reitera este eminente profesional del derecho, máxima que, comenta él, aprenden los alumnos de leyes en la asignatura conocida comúnmente como teoría y lógica.

Fácil resultaría suponer entonces que los uniformados que al parecer protagonizaron las amenazas actuaron siguiendo órdenes superiores. Algo muy conveniente en esta coyuntura, máxime cuando el gobierno del cambio pretende instrumentalizar la protesta social campesina para la aprobación de la reforma agraria, o habla de manera recurrente sobre golpes de Estado que se estarían fraguando en su contra.

En el primer caso, ¡conquistar por la fuerza y las vías de hecho, lo que no creen lograr en democracia en el Congreso! En el segundo, llamar a las bases populares a su defensa y a la defensa del cambio.

Siguiendo este mismo razonamiento, ahorita se debería estar pidiendo la cabeza del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y del comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, por falta de comando y control de los hombres bajo su mando en calidad de “máximos responsables”. ¡Pero no es y no será así! ¿Por qué? Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Algo huele mal en estos hechos y, al final del día, las víctimas de este flagrante atropello, la sociedad en su conjunto, los responsables de los aparatos de seguridad del Estado y el mismísimo gobierno deben conocer cuanto antes los resultados de estas pesquisas.

Claro está, no las internas sino las que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la Defensoría del Pueblo.