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La instalación de la Mesa de Diálogos de Paz en Tibú el próximo 8 de octubre marca formalmente el comienzo del proceso de paz entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC). Es un hito importante de la política de “paz total”, y viene acompañado del cese al fuego bilateral más extendido que se haya pactado entre el Estado y un grupo armado en los últimos años. Además, según las partes, se extenderá hasta noviembre del 2024.
Con esto, el gobierno desactiva temporalmente el enfrentamiento con el segundo de los cuatro grupos más importantes que hoy operan en el país, pues ya lo había hecho con el ELN. Sin embargo, la falta de una agenda y las tensiones en aumento en el Catatumbo, Norte de Santander, pueden aguar tempranamente este nuevo capítulo de la “paz total”.
Qué tanto contribuya este cese al fuego y el inicio formal del proceso de paz a la disminución de la violencia dependerá de dos cosas:
En primer lugar, de la seriedad y la capacidad del EMC para cumplir con el cese al fuego. En el pasado ha demostrado no tenerla, y es algo en lo que incluso algunos sectores del propio gobierno desconfían. Los golpes de credibilidad que le ha dado de manera sistemática esta facción armada a la política de la “paz total” no han sido menores.
En segundo lugar, será determinante la manera en la que el gobierno diseñe y ejecute un plan para conectar ambos procesos de paz, el del ELN y el del EMC, en la perspectiva de alcanzar un cese al fuego trilateral.
Uno de los retos principales que se ha encontrado el enfoque de seguridad humana y de protección de la población civil, impulsado por la nueva política de seguridad, es la confrontación entre los grupos armados, pues avivan las guerras locales en diferentes regiones.
En el caso del EMC destacan los enfrentamientos con la Segunda Marquetalia en Putumayo y Caquetá, con el ELN en Arauca, Cauca y Nariño, y con las AGC en el Nordeste Antioqueño y el sur de Bolívar.
A diferencia del arranque del proceso de paz con el ELN, este no parece estar marcado por la inoperancia de la fuerza pública frente a su contraparte. Por el contrario, además de la benevolencia con las disidencias, que a muchos les ha parecido excesiva, la mesa que se instala la próxima semana está precedida por una campaña militar inédita durante el gobierno Petro.
Ya sea resultado de un ajuste en la estrategia de paz y seguridad, o producto de las tensiones entre el ministro de defensa y el alto comisionado de paz, la ofensiva contra el EMC ha demostrado ser un paso en la dirección correcta.
Gracias a ella se aceleró la decisión de este grupo de avanzar en la instalación formal del proceso, incluido el cese al fuego bilateral, y, a pesar de que propició una violenta escalada, dejó clara la superioridad militar del Estado.
Ahora bien, la pregunta principal es si el gobierno será capaz de sostener su presencia institucional en las zonas del Cauca que ha recuperado mediante la Operación Trueno, y si logrará convertir esa superioridad en avances políticos dentro de la negociación con el EMC.
Hasta el momento, a pesar del compromiso público que hizo el EMC de detener la violencia, esta semana ocurrió la masacre de tres personas en Balboa, donde opera el Frente Carlos Patiño, y el homicidio del padre de un candidato a la alcaldía de Caloto, donde opera la Columna Dagoberto Ramos. Ambos grupos hacen parte del EMC. Una cosa son los anuncios, los comunicados y los trinos, pero otra la inercia de la violencia en el territorio.
Mesa sin agenda
La instalación de la mesa de conversaciones será un evento particular, pues se trata del arranque de un proceso de paz que no tiene agenda. Probablemente, ni el país ni las propias delegaciones saben sobre qué van a negociar. Hasta el momento se ha hablado de la discusión de una “preagenda”. Se trata de un nudo metodológico que no es menor, pero que es inevitable dada la naturaleza del EMC.
Se supondría que un grupo armado al que se le dio un estatus político con tanta facilidad, como hizo el gobierno Petro con el EMC, tiene claridad sobre sus exigencias o sus puntos de negociación.
Sin embargo, los puntos que pongan sobre la mesa las disidencias de las Farc, sea el EMC o la Segunda Marquetalia, no pueden más que complementar o profundizar líneas de política que de alguna manera ya son impulsadas por el gobierno del cambio.
Entre la reforma agraria, la conservación ambiental, el nuevo modelo económico y los cambios en la política de drogas el gobierno Petro está dejando sin agenda a los grupos armados. Incluso en asuntos como la justicia transicional y dejación de armas ya hay una experiencia acumulada y un acuerdo de paz como el de las Farc, que sigue en fase de implementación.
El espacio para innovar es poco, por lo que la agenda de paz parece ser la paz en sí misma. Es allí donde los intereses del gobierno y del EMC se alinean, si se tiene en cuenta que ambos dependen de esa agenda para conseguir recursos y capital político. Esto significa que estamos ante un proceso de negociación cuyo contenido son las formas o ante la prolongación de una violencia cada vez más despolitizada.
Las tensiones en el Catatumbo
Otro de los detalles que han llamado la atención del evento público de la otra semana es que tendrá lugar en Tibú. Además de ser el corazón económico y social del Catatumbo, en este municipio se concentra la mayor parte de los cultivos de coca del país, es la única región del país en donde la fuerza militar del ELN y de las disidencias de Mordisco es equiparable.
Aunque la relación entre ambos grupos armados en esa región ha sido de coexistencia, las tensiones de las guerras locales en otras zonas como en Arauca amenazan con desatar un nuevo conflicto regional que tendría un costo humanitario incalculable.
Para el ELN este no es un tema menor. Su comandancia, empezando por Antonio García, considera que las disidencias del EMC operan en conjunto con el Ejército, y, por lo tanto, las ve como una agrupación paramilitar.
Las recientes declaraciones del primer comandante del ELN al respecto anticipan una escalada en las tensiones en el Catatumbo. Hay evidentes molestias para este grupo armado porque, en menos de siete años, el EMC haya alcanzado un estatus político y una mesa de conversaciones en las mismas condiciones que el ELN.
A esto se suma la reciente de muerte de alias Kaiser, jefe de finanzas del ELN en la región, presuntamente a manos de integrantes del EMC, lo que ha causado una alerta entre organizaciones de la sociedad civil por posibles retaliaciones entre ambos grupos.
La última guerra que se libró en el Catatumbo enfrentó al ELN y a los reductos del EPL en el 2018 y provocó una crisis humanitaria sin precedentes; y la fragmentó del tejido social y comunitario.
Para el EMC en el Catatumbo el cálculo es claro: posicionarse como el principal grupo armado de la región, fortalecer dentro de las jerarquías del grupo al Bloque Magdalena Medio y al de Jhon Mechas, y movilizar sus bases sociales alrededor de una agenda local que desplace paulatinamente al ELN.
El tiempo dirá que tan creíble resulta este nuevo hito de la “paz total”, y hasta qué punto el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y sus diferentes equipos de negociadores logran hilvanar las ocho conversaciones de paz que han abierto con grupos armados y de crimen organizado.
Mientras tanto, las crisis humanitarias se mantienen en los territorios, y explican el hecho de que las plataformas de la sociedad civil hayan decidido no participar de la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías, porque consideran que hay una falta del compromiso del gobierno. Por lo pronto, nos esperan unas elecciones locales con uno de los mapas de riesgos electorales más críticos de la última década.
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