Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Este tsunami de sucesos, con visos de mala telenovela, no debe confundirnos y hacernos creer -como quieren- que estamos al borde del abismo
En la semana pasada se precipitaron acontecimientos de enorme importancia para el país.
El fallo de la JEP sobre la extradición de Santrich, la renuncia del Fiscal, la recaptura del jefe guerrillero y las declaraciones de los principales protagonistas de la política nacional nos mantuvieron en vilo a los colombianos.
Personalmente, seguí con detenimiento las noticias, leí con atención los diferentes documentos y posturas y decidí contar mis conclusiones sobre ellos, a pesar de no ser un experto en los temas jurídicos.
Mi primera conclusión es que se pudo constatar que los Acuerdos de Paz con las Farc no promueven la impunidad.
Lo anterior lo demostró la recaptura de Santrich para someterlo a la justicia ordinaria.
El fallo de la JEP señalaba claramente que ese debía ser el camino: investigarlo y juzgarlo en el país, ante la falta de pruebas concluyentes para autorizar su extradición.
La orden de captura que solicitó la Fiscalía, después de la salida de Néstor Humberto Martínez, corrigió el vacío que había dejado la actuación del máximo jefe del ente acusador y permitió que al líder de la extinta guerrilla se le iniciara una investigación en el país, como ha debido ser desde un principio.
La segunda es que el fallo de la Sección de Revisión de la JEP no implicaba impunidad, ni significaba que hubieran exonerado a Santrich. Por el contrario, recomendaba adelantar la investigación por parte de la justicia colombiana, pues la mayoría consideraba que no tenían pruebas concluyentes sobre la comisión del delito después de la firma de los acuerdos de paz por lo que no podían autorizar su extradición.
La tercera es que la fiscalía y los estadounidenses no le prestaron una colaboración eficaz a la JEP. Esto quedó demostrado cuando antes de 24 horas de conocerse el fallo de esta última comenzaron a aparecer y a filtrar pruebas adicionales, que se habían negado a entregar durante el proceso de análisis que realizó la JEP.
¿Por qué actuaron de esta manera? ¿Sería con el fin de desprestigiar la justicia transicional, formar una tormenta en un vaso de agua y presionar próximas decisiones judiciales favorables (casos de las objeciones a la JEP y del uso del glifosato)? Todo parece indicar que ese fue el móvil de su falta de cooperación.
La cuarta es que la renuncia irrevocable de Martínez no se debió al fallo de la JEP. No se puede entender que hubiera tomado esta determinación por un fallo de primera instancia, que ya había sido apelado por la Procuraduría. Ha debido, por lo menos, esperar al desenlace de esta apelación.
Entonces ¿cuáles fueron sus razones? Al parecer, aprovechó para poner pies en polvorosa antes de que la Corte Suprema de Justicia le decretara más inhabilidades por el caso Odebrecht y se le complicara aún más su ya delicada situación.
Este ha sido su estilo: renunciar cuando está en problemas, intentando salir por la puerta grande, como lo muestra el recuento del exministro Yesid Reyes en Semana.
Pero, como es su costumbre, trató de hacer una jugada a tres bandas. Al motivo mencionado se sumó su deseo de atacar a la JEP y ponerle palos en la rueda al proceso de paz, del cual se ha destacado como acérrimo enemigo. Y su calculado interés en convertirse en el candidato presidencial de la derecha, buscando el apoyo del uribismo y el conservatismo -ya hay voces postulándolo!!
El hecho de que ahora niegue este interés, en su caso lo confirma: cuando se retiró del Ministerio de la Presidencia en el gobierno Santos dijo que no aspiraba a ser Fiscal General de la Nación, entre otras razones porque no tenía formación en derecho penal, y luego intrigó para que lo incluyeran en la terna y lo eligieran en el cargo.
La quinta es que todo el escándalo fue orquestado por Martínez y el Centro Democrático con otros fines. Los del primero ya los mencionamos. Los del segundo quedaron evidentes cuando salió a proponer una constituyente, con la que buscan someter a la rama judicial, lo que no logró en los ocho años de gobierno de Uribe.
El expresidente no les perdona las investigaciones que le han abierto y las actuaciones que lo han perjudicado, en especial la que le impidió su tercera presidencia (y seguramente la cuarta, la quinta,…). Y no sería raro que quiera aprovechar ese escenario para revivir la reelección que le permita volver a ser presidente, y no tener que hacerlo por interpuesta persona.
Este tsunami de sucesos, con visos de mala telenovela, no debe confundirnos y hacernos creer -como quieren- que estamos al borde del abismo, o que el narcotráfico campea en la justicia especial y en todos los espacios institucionales que no actúan como quieren Uribe, Martínez y los estadounidenses.
A mi, por el contrario, me permitió aclarar, o confirmar, mi comprensión de estos temas y de los intereses -muchos de ellos non sanctos– de sus protagonistas.
Sin duda hay mucha más tela que cortar y mucho más que decir de lo acaecido en estos últimos días. No obstante, los aspectos que mencioné me parecen los más relevantes y preocupantes.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
