Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Los videos y testimonios sobre los crímenes cometidos por los rusos en Ucrania no solo le pasarán factura al régimen de Putin, sino también a la ONU y los Estados que tienen jurisdicción universal si no se cambia ahora la concepción del clásico derecho internacional público y se da paso al derecho global, soportado en la dignidad humana no como un discurso, sino como una realidad.
Puede que en el interior de la ONU se genere la gran revolución, pues sus pilares fundantes, forjados en las cumbres de Teherán y paradójicamente en Moscú en 1943 parecen desvanecerse en medio de la ineficiencia e ineficacia institucional para evitar tragedias. Los ejemplos son incontables desde 1945.
No obstante creemos que se podría dar un milagro presionado por el corazón del pueblo ucraniano que ha logrado lo impensado, por ejemplo, con la decisión de Alemania de apoyar decididamente a Kiev y la de Suiza dejando su neutralidad para establecer sanciones económicas en las cuentas rusas.
Es claro que Rusia es parte del Consejo de Seguridad, así que puede vetar cualquier intento de resolución que allí se genere, incluso sobre el envío a la CPI de una situación en donde se hayan cometido varios crímenes. Pero con base en los desarrollos judiciales, en especial del derecho penal internacional, podría ser que la Asamblea General y otros órganos de la ONU, por petición de parte Reino Unido (como lo está haciendo), pidan sacar a Rusia del consejo de seguridad y aplicar arts. 15 a 19 del ER y enviar el caso nuevo de la invasión a Ucrania pero para que se investiguen los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y genocidio. Esto le daría un golpe a la mesa al status quo desde el año 1945 con la Carta de San Francisco, pues precisamente Rusia acaba de atacar el mismo acto fundacional de la ONU, del cual hizo parte.
Es claro que el crimen de agresión hace ya parte de la jurisdicción CPI desde 2018, pero su aplicación tiene estrictas limitaciones, y una de ellas hace alusión a que los Estados tienen que ser parte del Estatuto para activar su jurisdicción. Ucrania no lo es y Rusia (estamos seguros bajo el diseño de planeamiento de esta invasion) salió en el año 2016, denunciando el instrumento internacional.
Lo anterior no es obstáculo sin duda para una investigación por macrocriminalidad política bajo otras imputaciones; pero tampoco lo sería a instancias de lo que denominamos el derecho penal internacional desconcentrado que se podría activar en varios estados que tienen en sus normas penales el principio de jurisdicción universal; por ejemplo Alemania y Bélgica. Este derecho penal internacional desconcentrado ha permitido la persecución por años de muchos de los más grandes criminales del siglo XX y XXI, siendo estadisticamente más efectivo que la misma CPI.
El derecho penal internacional desconcentrado es altamente eficiente porque usa al derecho internacional penal para lograr su cometido, o sea, la cooperación judicial y policial internacional con fines penales o penitenciarios. Mientras la CPI nace en 1998 y se activa en 2002, el derecho internacional penal, sin esa denominación conceptual, claro está, funciona desde épocas del Antiguo Egipto cuando se firmaron pactos entre Hattassuli II Rey de los Hititas y Ramses II, con el objetivo de la entrega mutua de personas que hubiesen delinquido en sus propios territorios.
Es decir, aludimos a los comienzos de la extradición, hoy acompañada de otras figuras fundamentales como la transferencia de condenados, la de procesados, la orden europea de detención y entrega o la intradición, por citar solo algunas .
No habrá impunidad, de eso estemos seguros. Hoy en día todavía siguen siendo juzgados guardias de los campos de concentración y exterminio de los nazis. Y si no funciona la cooperación judicial en materia criminal, queda todo el espacio para perseguir a los autores y determinadores a través de lo que más les afecta, sus finanzas.
Los casos de persecución de capitales de exmilitares y exguerrilleros salvadoreños en Estados Unidos y Canadá, o la demanda contra la excúpula de las Farc por el hijo de una actual candidata presidencial en Colombia son dos buenos ejemplos para hablar de que en este mundo se cierra cada vez más el espacio para la impunidad.
Putin tenía todo fríamente calculado, salvo que desconocía todo lo que nos produce la causa justa de los ucranianos que actúan en legítima defensa de lo más sagrado: sus hogares.