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Entre enero de 2004 y febrero de 2022 han sido asesinadas 41.917 personas en Antioquia. De estos homicidios, 15.006 ocurrieron en la zona rural del departamento, de acuerdo con la información de la Policía Nacional de Colombia.
Hoy nos preguntamos cómo se ha comportado el fenómeno del homicidio en el departamento en las últimas cinco gobernaciones. Como lo mencionamos en una columna previa, los 13.709 homicidios con los que cerró el país el 2021 (para una tasa de homicidios de 26,6 por cada 100.000 habitantes) marcan el deterioro de las condiciones de seguridad del país. Y Antioquia no se escapa de esta realidad.
La Gráfica 1 presenta las dinámicas del homicidio entre 2004 y 2021, y las líneas punteadas marcan los periodos de gobierno de las gobernaciones. Antioquia cerró el 2021 con una tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 31,4 casi un punto por encima del año anterior. Los datos de 2021 evidencian un incremento respecto al 2020, pero una reducción de casi 5 puntos por cada 100.000 habitantes respecto a 2019 (que tal vez sea el año más comparable, teniendo en cuenta la incidencia de la pandemia en 2020) y pareciera que se vuelve a la tendencia decreciente que se venía trayendo entre 2014 y 2017 y que fue interrumpida por un incremento de 7,5 puntos, dejando el 2018 como el último gran aumento de los homicidios en el departamento. Luis Pérez era en ese momento gobernador.
Una primera conclusión es que se ha logrado contener el efecto rebote pospandemia y que, a diferencia del total nacional, el incremento es leve, relativo al cierre de 2018 y 2019, aunque aún el departamento no logra volver a la tasa de 30.2 de 2016, año con menor tasa dentro de los analizados.
Ahora bien, al mirar estas dinámicas en el largo plazo, es posible ver los grandes logros y las grandes derrotas que han tenido el departamento y algunos de sus gobernantes en materia de reducción del homicidio.
En primer lugar el periodo entre 2007 y 2012 marca un incremento de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, pasando de 34,9 a 51,9, y se configura como el periodo del empeoramiento de las condiciones de seguridad del departamento, potencialmente explicado por las disputas internas en La Oficina que en ese momento generaron la guerra entre Sebastián y Valenciano.
Este es el momento, además, en que surgen y se consolidan organizaciones criminales tipo GAO (Grupos Armados Organizados) como el Clan del Golfo (llamado también Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que es el grupo que más influencia tiene en Antioquia, en particular en las antiguas zonas de operación de los grupos armados de Autodefensas.
Durante el segundo periodo, bajo el liderazgo de Sergio Fajardo (2012 – 2016), se evidencia la reducción de casi 22 puntos en la tasa de homicidios. La reducción del 42 % en la tasa de homicidios, en un periodo de solo cuatro años, marca no solo el mejoramiento de las condiciones de seguridad, sino la reducción más drástica de uno de los fenómenos que más ha afectado al país históricamente.
De hecho, Aníbal Gaviria (en su primera administración) y Sergio Fajardo son los únicos gobernadores que entregan al departamento con una tasa de homicidios menor a la que recibieron y no tuvieron aumentos en el marco de su gobierno.
Esta reducción durante la administración de Sergio Fajardo se enmarca en un apaciguamiento de las disputas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De hecho este período de reducción en la tasa de homicidios en el departamento coincide con uno de muy exitosa reducción de homicidios en la alcaldía de Aníbal Gaviria en Medellín. Este apaciguamiento llevó a una disminución de disputas en el marco de La Oficina y, adicionalmente, es en este periodo en el que se da el mayor despliegue en el departamento de fuerzas de tarea conjuntas (interagenciales) y planes de intervención integrales consolidados (de distintos niveles de gobierno) para las zonas que presentaban mayor presencia de grupos criminales (, entre ellos el Clan del Golfo.
Otro punto importante para entender esta reducción tiene que ver con el momento de consolidación de los diálogos y el inicio de negociaciones formales con la guerrilla de las Farc-EP. Tal vez Antioquia fue el primer departamento en desplegar su institucionalidad para capitalizar el momento político favorable a los acuerdos y con ello profundizar la intervención integral en territorios históricamente ocupados por frentes de esa guerrilla (como Ituango y el plan de Urabá) a la par de implementar programas sociales de intervención con jóvenes vulnerables y una apuesta importante por abonar el terreno para un eventual acuerdo de paz en un programa amplio de intervención y diálogo.
A partir de la visión de largo plazo, es necesario analizar las subregiones para entender en dónde se vienen concentrando estos cambios.
Antioquia tiene nueve subregiones que agrupan geográficamente los 125 municipios del departamento. Las Gráficas 2 y 3 presentan las dinámicas de los homicidios por subregión, partiéndolas en dos grupos de acuerdo con su tasa de homicidios: aquellas que en promedio están por debajo de la mediana y aquellas por encima de esta.
Lo primero que se hace evidente en las gráficas es que solo dos subregiones, Oriente y Valle de Aburrá, cierran el 2021 con una tasa de homicidios por debajo de la tasa nacional del 26.6 por cada 100.000 habitantes. Esto marca una de las situaciones más complejas del departamento que lleva a decir que el homicidio es alto y, pese a las mejoras, falta mucho para llegar a niveles deseables en materia de política pública.
En esta misma línea, hoy el departamento tiene en Nordeste y Bajo Cauca tasas de 112.9 y 85 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En estas dos subregiones resaltan los dos picos más altos del periodo 2004 a 2021: los 200 homicidios por cada 100.000 habitantes en Nordeste en 2012 y los 160 por cada 100.000 habitantes en Bajo Cauca en el 2018. Estos últimos coinciden con el repunte importante de los homicidios bajo la gobernación de Luis Pérez.
Para tener un panorama más completo de la situación, hay que entender cómo se comporta el homicidio en zona rural (dada la alta ruralidad del departamento).
La Gráfica 4 presenta las dinámicas de homicidio rural y urbano en el departamento, entendiendo como homicidio rural aquel que no sucede dentro del casco urbano del municipio (esta clasificación la realiza la Policía Nacional). Mientras que los homicidios urbanos cerraron el 2021 con una tasa 15 por cada 100.000 habitantes, los rurales se ubicaron en 18. Este es quizá el principal hallazgo de nuestro análisis.
La brecha entre el homicidio urbano y rural se venía disminuyendo desde 2012, pero en 2020 se invirtió la relación: la mayoría de los homicidios del departamento se concentran en la zona rural, lo que es claramente un reto muy distinto al que el departamento venía afrontando en materia de política pública durante los años anteriores.
Desde 2004 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en la zona rural se ha mantenido relativamente estable; solo hay ocho homicidios por cada 100.000 habitantes de diferencia entre el mínimo y el máximo del periodo entre 2004 y 2021. Dicho esto, se hace evidente que los logros de los que hablábamos previamente solo se han materializado en las zonas urbanas del departamento. En esta zona la diferencia entre el mínimo y el máximo es de 28 homicidios. De donde viene la segunda conclusión: es necesario prestarle más atención al homicidio rural, y tal vez empezar a pensar en otros enfoques de política pública para abordar el fenómeno.
Al revisar la relación entre el homicidios rural y urbano por subregión (Gráfica 5), el patrón es aún más persistente y, salvo en el Valle de Aburrá (donde la mayoría de su territorio es urbano), el homicidio rural está teniendo una incidencia muy importante.
En Norte, Occidente y Suroeste es el homicidio rural el que predomina desde 2004 con tasas de alrededor de entre 40 y el 50 por cada 100.000 habitantes. De igual manera, en Nordeste y Bajo Cauca la brecha se abre en los últimos años y, finalmente, en Urabá y Oriente esta relación es más o menos uno a uno entre los dos tipos de homicidio.
Esta persistencia del homicidio rural nos invita a realizar la siguiente pregunta: ¿cuál es el rol que está jugando la Gobernación de Antioquia en la contención del homicidio rural?
Aunque las cosas se están haciendo bien en las zonas urbanas, es necesario repensar las políticas de reducción del homicidio rural en el departamento y las responsabilidades por el pobre desempeño de estas. Y partimos de la pregunta a la Gobernación porque es justamente desde este nivel de gobierno desde donde debe darse el cambio estratégico de la apuesta de política pública.
Claramente, en años anteriores en donde las disputas de La Oficina, el operar del Clan del Golfo y la expansión de rentas criminales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a otras subregiones, la principal apuesta de política tenía un componente muy fuerte de operatividad e inteligencia urbana. Ante el cambio de escenario hacia un predominio del homicidio rural, como lo muestran los datos, las estrategias operativas y de inteligencia de Ejército, Policía y Fiscalía deben adaptarse.
Es bien sabido que en gran parte de los 125 municipios del departamento, aquellos más alejados de los grandes centros urbanos del departamento no tienen las capacidades suficientes en materia de seguridad. Sumado a esto, la presencia de actores armados organizados en algunas de las subregiones y la posibilidad de extracción de rentas criminales hacen necesaria una participación y una responsabilidad mayor de la Gobernación en estos problemas, desde su rol coordinador, y un mayor acompañamiento del Gobierno Nacional con todas sus capacidades institucionales y militares.
Lo que parece quedar demostrado es que el departamento de Antioquia y las autoridades municipales ya lograron establecer cierta fortaleza para contención de los homicidios en la zona urbana de los distintos municipios. El nuevo reto rural implica capacidades distintas, actores distintos y coordinaciones diferenciadas que no se vislumbran en la actual política de seguridad del departamento.
Hoy el departamento pareciera no estar tan mal en materia de homicidios. Si solo vemos el panorama general, Antioquia ha sido capaz de contener el rebote pospandemia y parece mantener una senda de reducción relativa a los años previos a este fenómeno atípico.
En esta misma línea, es necesario reconocer los grandes logros que se han tenido en materia de reducción del homicidio, como lo mencionamos para el primer periodo de gobierno de Aníbal Gaviria y la significativa reducción de la gobernación de Sergio Fajardo, éxitos que se materializaron en un quiebre histórico y en el mejoramiento de las condiciones de seguridad.
Al analizar el fenómeno en el nivel subregional, encontramos con preocupación subregiones con tasa de homicidios que superan por mucho el nivel nacional, y que si los comparamos internacionalmente estarían en el top de los rankings que nadie quiere ocupar. Es necesario estar alerta sobre el continuo incremento de los homicidios en el Nordeste y el Suroeste, que son las dos subregiones con una clara tendencia creciente.
Por último, y tal vez como la conclusión más importante, es necesario prestarle más atención al homicidio rural en el departamento. Como lo hemos presentado, en los últimos dos años es allí en donde se concentran la mayoría de los homicidios del departamento y en el largo plazo es poco lo que se ha logrado en materia de reducción de este tipo de homicidio, por no decir que no se ha logrado nada.
La Gobernación de Antioquia, desde su rol de coordinación multinivel debe de hacerse más responsable de este fenómeno y apoyar a los municipios más afectados, que a su vez probablemente son aquellos con menos capacidades, para contener y reducir el homicidio rural.
Nuestra propuesta es que, dado que el homicidio urbano se viene controlando bien, este siga bajo el liderazgo de las alcaldías. Pero que la estrategia para abordar el homicidio rural cambie y sea la Gobernación de Antioquia quien lidere y articule los esfuerzos de las demás instituciones del Gobierno Nacional y departamental hacia la contención del fenómeno. Así, es posible tener más capacidades operativas y de gestión para contrarrestar la incidencia del homicidio rural. Sin duda en este nuevo reto el Ejército y la Policía tienen también que ajustar su manera de operación en la ruralidad.
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