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En la Política Nacional de Drogas de Colombia “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” (2023-2033), el gobierno Petro reconoce que, a pesar de los esfuerzos realizados por más de medio siglo de lucha contra las drogas, los resultados no han sido los esperados.
En el documento de la política son variadas las reflexiones que conducen a la misma conclusión: la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Para el gobierno, el fracaso es evidente porque tal enfoque de política de drogas no ha logrado reducir ni la oferta ni la demanda.
Ante ello, la nueva política propone desplegar una estrategia integral sustentada en dos pilares: “Oxígeno” y “Asfixia”. Sobre el primero, el gobierno señala tres prioridades:
- Apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades en los territorios y poblaciones que dependen del mercado ilegal de las drogas, o que han sido afectadas por el.
- Implementar medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas afectadas.
- Abordar el consumo desde un enfoque de salud pública y de derechos.
Respecto al segundo pilar (“Asfixia”), la prioridad será afectar las capacidades y rentas de las organizaciones y nodos más fuertes del narcotráfico desde un enfoque sistémico, entendiendo su complejidad y su relación con otras economías legales e ilegales. Además, se combatirá la corrupción asociada con la implementación de esta política.
“Oxígeno” y “Asfixia” tienen como puntos de convergencia “tres Ejes Tejedores”:
- Transformar narrativas estigmatizantes e implementar medidas de justicia social en favor de los grupos desproporcionalmente afectados por el narcotráfico.
- Avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca.
- Liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas.
Asimismo, “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” afirma que la Política Nacional de Drogas recoge todo lo establecido en el punto cuatro del Acuerdo de Paz: solución al problema de las drogas ilícitas.
Esta mención al punto cuatro exalta la articulación de la política de drogas con el Acuerdo de paz y también subrayar el carácter “novedoso” o “la nueva visión” que dicho Acuerdo pregona y del cual la política de drogas de Petro se reclama heredero.
En efecto, “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” está estructurado siguiendo los parámetros del punto cuatro del Acuerdo. Los dos pilares, “Oxígeno” y “Asfixia”, resumen lo que el punto cuatro desarrolla como trato diferenciado con los eslabones de la cadena del narcotráfico.
En el Acuerdo los eslabones débiles son los cultivadores y los consumidores, mientras que las estructuras de producción, procesamiento, distribución y las organizaciones criminales son consideradas como el eslabón fuerte.
Los eslabones débiles, propone el Acuerdo, deben tener un trato diferencial respecto al eslabón fuerte. Deben dárseles opciones socioeconómicas a los campesinos, opciones desde la salud pública a los consumidores y un trato punitivo a los comerciantes.
“Oxígeno” para los eslabones débiles y “Asfixia” para el eslabón fuerte. Sin embargo, seguir el Acuerdo de Paz en este aspecto no es sinónimo de un nuevo enfoque de política distante de la guerra contra las drogas, como promueve el gobierno.
A pesar de todas las objeciones planteadas por el gobierno Petro al enfoque de la guerra contra las drogas, su política sigue atrapada en dicho paradigma. Pasamos de un prohibicionismo y una guerra de carácter duro a uno de carácter blando.
Proponer un trato para cultivadores y consumidores distinto a la persecución penal se aleja de la encarnada persecución que tradicionalmente se ha desarrollado contra estas poblaciones.
Pero, concentrar el aparato armado en los comerciantes de drogas, mantener la erradicación forzada y voluntaria, renunciar a la regulación del principal derivado de la hoja de coca (la cocaína) y aliarse con EE.UU en su nueva cruzada contra el fentanilo, que es el reencauche de la guerra contra las drogas, conduce a estar bajo el paraguas de la prohibición y la guerra.
Una guerra tal vez menos extensa e intensa, sí, pero guerra y con el mismo propósito: reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas.
Las limitantes de la política de drogas del gobierno del cambio son similares a las que también vivió el punto cuatro del Acuerdo: los tratados internacionales de drogas suscritos por el Estado colombiano, la relación de dependencia del gobierno con EE.UU y la oposición política nacional que por prohibicionismo y recelo con el gobierno de turno objeta las iniciativas de cambio.
La política de drogas tiene un horizonte de 10 años, al gobierno le quedan tres años para darle oxígeno a las bases de la transformación blanda, o para que se fragüe la “Asfixia” y seguir en las mismas.