Para la paz total: cannabis de uso adulto

El 5 de agosto, un conjunto de congresistas radicó el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para el cannabis de uso adulto. La iniciativa vuelve nuevamente al Congreso. Allí, proyectos de este tipo han logrado en los últimos dos gobiernos ganar la votación en las Comisiones, pero no han logrado ser aprobados por las mayorías en las plenarias. Sin embargo, el proyecto de marras cuenta ahora con una serie de circunstancias favorables que posiblemente logren superar la tradicional “hundida” en las sesiones plenarias del Congreso. 

El proyecto propone la regulación del mercado de cannabis para uso adulto. En esta regulación el Estado tiene un papel central controlando toda la cadena involucrada en este renglón económico, desde la producción de la semilla hasta el producto para el consumidor final. Es llamativo que el eje central de argumentación para justificar la regulación sea consolidar la paz en el país. Por ello, entre los principios rectores del proyecto destaca la construcción de paz, al respecto los ponentes afirman: “para alcanzar la paz es necesario dar solución al problema del narcotráfico”.

Para solucionarlo, el proyecto de ley retoma el enfoque establecido en el Acuerdo Final de Paz: ante el fracaso de la guerra contra las drogas, es necesario una nueva visión para afrontar el problema de las drogas de uso ilícito. Esa nueva visión debe contemplar, entre otros, la promoción de los derechos humanos, la salud pública, la seguridad, la justicia social y la reparación de la población colombiana.

Según el proyecto, la propuesta que contiene permitirá desactivar el problema del narcotráfico y, a la vez, reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Específicamente a quienes han padecido los estragos de la guerra contra las drogas: campesinos cultivadores, recolectores y usuarios de las sustancias. La reparación incluiría la eliminación de antecedes penales relacionados con delitos menores asociados al cannabis.

El proyecto de ley presenta como mecanismos de distribución y acceso para los adultos: el autocultivo (el cual está despenalizado en el país hasta 20 plantas), dispensarios privados y públicos (son lugares para adquirir la flor y derivados de cannabis), Lounges o coffe shops (lugares para adquirir y consumir), comercio electrónico (para adquirir productos cannábicos por internet) y clubes sociales o asociaciones cannábicas (colectivos sin ánimo de lucro que se asocian para cultivar y consumir cannabis).

El debate que sufrirá este proyecto en comisiones y plenaria del Congreso conducirá a distintos ajustes. Por ello, resta esperar la contienda política para conocer la versión final de la ley. Como puede notarse, el supuesto del cual partimos es el de la aprobación del proyecto por las mayorías en el Congreso. Este supuesto es válido en cuanto las alianzas realizadas hasta el momento por el nuevo gobierno permiten augurar mayorías.

El nuevo Gobierno y un sector importante de congresistas han manifestado su interés en explorar una nueva visión como solución al problema de las drogas ilícitas y, simultáneamente, conducente a la paz. Un nuevo paradigma de política de drogas que pare la guerra contra las drogas y posibilite la implementación del Acuerdo de Paz. Por lo sensible que es este tema, las mayorías a favor no constituirán una aplanadora en el Congreso, pero sí lograrán el número suficiente para convertir el proyecto en ley. También, como pasa con otros proyectos, sufrirá distintos cambios o ajustes en aras de consolidar votos mayoritarios a favor.

Que la ciudadanía colombiana haya elegido un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso (los cuales han retomado el Acuerdo de Paz en su solución al problema de las drogas ilícitas); que los giros en la política de drogas en diferentes países, incluido los mismos Estados Unidos, líder de la guerra contra las drogas, cuestionen el tradicional trato a las drogas; que Colombia sea pionero en la legalización del cannabis con fines medicinales; y que el país pueda así inyectar recursos legales a la golpeada economía son factores que en conjunto permiten considerar que Colombia está preparada para un cambio en la visión antidroga.

Regular la marihuana para el uso adulto, según el proyecto y sus promotores, conduce a solucionar el problema del narcotráfico y, por lo mismo, hace posible consolidar una paz estable y duradera, o una paz total, según la expresión del nuevo Gobierno. Tal vez esta apuesta no se consolide totalmente, pero quizás explorar otra visión de política pública sobre las drogas ilegales permita al país bajar la intensidad de una guerra contra las drogas, que en nuestro territorio ha sido funcional para desarrollar y mantener otras violencias. Las mismas violencias que hacen tan difícil consolidar la paz estable y duradera en los territorios más golpeados por la violencia política de vieja data.