Por la paz: vale la pena desafiar al destino

Ante el anuncio del regreso a las armas y de una “nueva Marquetalia”, es urgente perseverar por la paz.

I. Durante mucho tiempo se especuló sobre qué estatus tenían los ex miembros de las FARC que decidieron no ingresar o abandonar el proceso de paz y mantenerse en la ilegalidad. Sólo podía decirse que eran desertores del proceso, quedando abiertas dos posibilidades: convertirse en bandas (bandolerismo), pequeñas organizaciones delictivas con dimensión rural y/o urbana que cumplen funciones de protección y venganza, de extorsión y aprovechamiento de actividades ilícitas, como sucedió con una parte de las guerrillas liberales surgidas del período de La Violencia y desmovilizadas mediante acuerdos con el Estado en los 60.

O convertirse en “disidencias de las Farc” con la bandera del utopismo armado y la lucha revolucionaria con la continuidad ideológica, política y organizativa, los recursos económicos y militares para unificarse y fundar un nuevo grupo subversivo con un programa nacional de alzamiento en armas en contra del Estado.

Esto último es lo que se ha sucedido con el anuncio esta madrugada de “Iván Márquez” de retomar las armas, reagruparse para dar comienzo a la “segunda Marquetalia” y refundar las Farc, probablemente juntándose con los grupos de desertores encabezados por ‘Gentil Duarte.

Este es un hecho trágico para el país, pues esta disidencia convertida en nuevas Farc viene a sumarse a la guerra entre el Estado, el ELN y grupos paramilitares de Los Rastrojos y sus aliados, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y sus aliados, y La Gente de los Llanos Orientales.

II. Hoy, más que nunca, es urgente defender la paz frente a las veleidades bélicas de los sectores extremos de la sociedad para evitar que tambores y clarines toquen a rebato y devuelvan a Colombia al período crítico de guerra, atrocidades e inhumanidad colectiva que dejó la cifra inaudita de 8.874.110 de víctimas, según el Registro histórico de las víctimas del conflicto. El país se ha abierto paso, con brega, hacia la paz y la convivencia civil, y no debe retroceder.

Frente a los disidentes que retoman las armas para fundar otro grupo armado insurgente heredero de las viejas Farc, hay que pronunciarse, manifestarse, hacer oír la vehemente oposición para que sepan que no cuentan con respaldo social, ni con justificaciones de la violencia revolucionaria, ni tampoco con el silencio ni la complicidad pasiva en cuyo espacio de indiferencia, negligencia e indolencia moral de la mayoría germinaron los actores armados (de izquierda y de derecha). Esta sociedad ha aprendido de su pasado traumático y no está dispuesta a consentir la repetición del horror.

Frente a quienes esta mañana dicen que en Colombia no hubo proceso de paz (que todo ha sido un simulacro, una falsedad) o llaman a “acabar con el proceso de paz”, hay que enarbolar los logros de la paz, recordarlos, hacerlos valer, manifestarse públicamente y afirmar con convicción que ni siquiera en la hora de la dificultad se va a permitir desandar lo conseguido.

Dos años después de concluido el proceso de dejación de las armas, la gran mayoría de los excombatientes de las Farc está firmemente comprometida con el proceso de reincorporación en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, para los cuales se amplió la vigencia con el fin de seguir garantizando la continuidad del proceso de formación, las condiciones sociales y económicas para el regreso a la vida civil y la seguridad que brindan a sus perímetros los 1243 efectivos de la Fuerza Pública destacados en esos lugares lejanos. Los 600 niños y niñas que han nacido en esos espacios simbolizan la apuesta por la vida, la paz y la civilidad de quienes en otro tiempo empuñaron las armas contra el Estado. Ellos siguen en el proceso de reincorporación y van a acudir o están acudiendo ante la Jurisdicción Especial de Paz a rendir cuentas por los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos con ocasión del conflicto armado. Los beneficios en materia penal que allí puedan obtener están supeditados a exigentes condiciones de justicia transicional de cuyo estricto cumplimiento se obtendrá conocimiento, verdad y reparación para las víctimas.

Se redujeron en más del 97% las muertes de soldados y policías por combates, ataques sorpresivos y emboscadas; los atentados contra oleoductos y la voladura de las torres de energía descendieron en un 94% en los últimos cinco años. No hay nuevos territorios con sembrado de minas. Las minas antipersonal afectaron a 56 personas en 2017, una cifra que en 2006 había superado las 1.200 víctimas. Las tomas violentas de poblaciones y el uso de cilindros bomba cayeron en un 99%.

El desplazamiento forzado ha caído un 90% respecto del período crítico de la guerra civil (1995-2008). La práctica del secuestro ha caído en un 98%, como resultado de la desmovilización de las AUC y de las FARC, y casi está a punto de desaparecer.

III. La decisión de este grupo de volver a la insurgencia armada está motivada en medida considerable por el hecho de que no se ha cumplido con lo básico del Acuerdo, que es garantizar la vida, la integridad, la seguridad de quienes apostaron por el regreso a la vida civil, al ordenamiento jurídico y a las actividades pacíficas.

Según el último informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016, la Misión ha verificado el asesinato de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. A esta cifra se suma el asesinato de 35 familiares de exintegrantes de las FARC.

Estos asesinatos muestran que los documentos firmados por sí solos no alcanzan a transformar una sociedad de la guerra a la paz, y que los acuerdos fracasan si no se crean procesos más profundos de compromiso genuino. La construcción de paz es tarea tanto de los gobernantes, líderes políticos, funcionarios con sus respectivas responsabilidades institucionales, como de todos los ciudadanos a quienes compete exigir al Gobierno y a todos los agentes del Estado el cumplimiento de los Acuerdos y ayudar en la vida cotidiana a romper los ciclos de violencia y guerra para que germinen nuevas formas de convivencia.

Es indispensable reclamar el cumplimiento de la obligación fundamental de garantizar la seguridad personal, la integridad física y la vida de los exguerrilleros. El Acuerdo es reiterativo en el aspecto de la seguridad y ello refleja los temores de los negociadores de la guerrilla a que se repitiera lo sucedido en experiencias anteriores de negociación de paz con otros grupos insurgentes, miles de cuyos desmovilizados fueron sometidos a exterminio, así como los aprendizajes que ello ha dejado para el Estado y las autoridades.

Fue lo que sucedió con el acuerdo de paz entre el Ejército Popular de Liberación y el Gobierno de César Gaviria, firmado el 1º de marzo de 1991, que trajo consigo el desarme de 2000 guerrilleros y la fundación del partido político Esperanza, Paz y Libertad. Ese mismo año se desataron los asesinatos selectivos y las masacres, por un lado, por grupos paramilitares y, por otro, por la acción de la guerrilla de las FARC, que mantenía una vieja rivalidad con el EPL en Urabá, y también de una disidencia del EPL que se alió con las FARC para frenar el avance político de Esperanza, Paz y Libertad. Fueron asesinados 700 excombatientes (35%), hasta que en 1997 le fue cancelada al partido la personería jurídica

Para huir del exterminio, muchos desmovilizados del EPL se presentaban ante Carlos Castaño en las ACCU para cambiarse de bando entregando información de su anterior ejército y pidiendo que les garantizaran la vida y mejor pago. Como paramilitares, cometieron atrocidades y algunos siguen hasta hoy en la guerra como alias “Otoniel”, jefe de las AGC.

Nuestro presente es una versión reactualizada de lo mismo de siempre. ¿Cómo va a lograr esta sociedad liberarse de la violencia y de la guerra si no está dispuesta a hacer valer los Acuerdos de paz, a respetar la vida y a dar acogida a quienes se salen del oficio de las armas?

Asegurar la paz es la tarea política principal de la sociedad colombiana y vale la pena desafiar a los que creen que la guerra es nuestro destino. Hay que perseverar en los empeños por la paz y en la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos que han salvado miles de vidas.