Pre requisitos de seguridad para el postconflicto

Es necesario llamar la atención sobre los vacíos que en la actualidad se tienen en materia de la política pública de seguridad y de la institucionalidad nacional y local, elementos importantes para la gestión estatal de este tema de cara al postconflicto, no solo en los municipios donde en la actualidad tiene presencia las FARC y existen altos riesgos de que se incrementen los hechos de violencia y delincuencia por la disputa por parte de las bandas criminales de los negocios ilegales que maneja este grupo, sino en los demás municipios del país, donde se puede trasladar parte de los problemas de inseguridad si el Estado solo concentra los esfuerzos de seguridad y justicia donde actualmente operan las FARC.

La seguridad ciudadana y del territorio son preocupaciones centrales tras los Acuerdos de Paz de la Habana. En este campo existen distintas posiciones dentro y fuera del Gobierno, están los que piensan que en la etapa del postconflicto la seguridad va a mejorar; los que creen que va a seguir disminuyendo la violencia homicida, pero desmejorando los demás delitos, como sucede hoy, y los que le apuestan a que la situación en general va a desmejorar como sucedió en algunos países centroamericanos tras los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros.

Hay que anotar que los esfuerzos del Gobierno se orientan a garantizar que la seguridad de los ciudadanos y del Estado no se deteriore durante el postconflicto, que va a durar varios años, y además garantizar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados y en proceso de reintegración para que no suceda lo que pasó con la Unión Patriótica –UP- en los años 80. Estos dos objetivos se pueden cumplir en medio de un proceso de modernización de la gestión democrática de la seguridad ciudadana y del Estado, lo que supone una institucionalidad nacional y local fortalecidas, unas políticas públicas nacionales y locales  integrales, reconocidas y en ejecución y unas instituciones de seguridad y justicia profesionales que ejerzan sus funciones en el marco del Estado de Derecho, transparentes, sin sombras de corrupción y con alto grado de credibilidad entre los ciudadanos.

Para avanzar en esta línea, es necesario llamar la atención sobre los vacíos que en la actualidad se tienen en materia de la política pública de seguridad y de la institucionalidad nacional y local, elementos importantes para la gestión estatal de este tema de cara al postconflicto, no solo en los municipios donde en la actualidad tiene presencia las FARC y existen altos riesgos de que se incrementen los hechos de violencia y delincuencia por la disputa por parte de las bandas criminales de los negocios ilegales que maneja este grupo, sino en los demás municipios del país, donde se puede trasladar parte de los problemas de inseguridad si el Estado solo concentra los esfuerzos de seguridad y justicia donde actualmente operan las FARC.

Vacíos institucionales.

En este campo, si se quiere fortalecer la gestión democrática de la seguridad ciudadana y del Estado, existen algunos elementos de política que en el país se estancaron o no se han desarrollado como debieran, como son:

– Responsabilidad institucional. En Colombia son varias las instituciones que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, sin un liderazgo claro y poca coordinación entre ellas en materia de política pública, como es el caso de los ministerios de Defensa, del Interior y Justicia y la Policía Nacional. En este campo, desde la primera campaña en 2011 el Presidente Juan Manuel Santos prometió la creación del Ministerio de Seguridad, propuesta que con el correr del tiempo se embolató y hoy ya no se habla de este tema.

Durante su primer gobierno creó la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, que también desapareció tras infructuosos esfuerzos del consejero Francisco José Lloreda para coordinar las distintas instituciones que tienen que ver con estos temas.

Hoy el País no cuenta con una institucionalidad definida que lidere, coordine, elabore y ejecute una política pública en esta materia. Se podría avanzar en este campo, si no se quiere sacar el tema y la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, creándole un viceministerio de seguridad ciudadana que le de un manejo integral al tema y que permita diferenciarlo del de seguridad Estado, donde también se está en mora de elaborar y ejecutar una política pública.

– Política pública nacional. Hoy Colombia no cuenta con una política pública en materia de convivencia y seguridad ciudadana, atrás quedó engavetada la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana[1], aunque algunos funcionarios sostienen que esta vigente, pero con la desaparición de la Consejería ya no hubo dentro del Gobierno quién la promocionara y estuviera pendiente de su ejecución.

Este es otro reto actual, por cuanto el país no cuenta con una hoja de ruta en materia de política integral de convivencia y seguridad ciudadana, documento que se requiere si se quiere que los nuevos alcaldes y gobernadores trabajen al unísono con el Gobierno Nacional y con las instituciones de seguridad y justicia en el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana en los territorios donde se van a desmovilizar los miembros de las FARC y en todo el país.

En esta línea, también se acabó con un importante logro de la Alta Consejería Presidencial, como fue la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que hasta 2014 aplicó el DANE.

– Responsabilidad local. Los municipios son el escenario privilegiado de la seguridad ciudadana y del territorio, en sus calles, barrios, comunas, veredas, corregimientos y caseríos suceden los hechos de violencia, delincuencias y faltas a la convivencia y es en esos territorios donde se tienen que aplicar las políticas que buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Es por esto que sin la participación decidida de los alcaldes, de los gobernadores y de sus administraciones va a ser muy difícil, no solo garantizar que la situación de seguridad no desmejore, sino que se pueda seguir mejorando en este campo, no solo en los territorios donde se va a registrar procesos de desmovilización y reintegración de los guerrilleros de las FARC, sino en todo el país.

En este campo, el Gobierno Nacional, a falta de entidad que dirija el tema y de política pública, no ha involucrado a los gobernadores y alcaldes de manera decidida como parte del sistema de seguridad ciudadana, Nación, departamentos, municipios. Pero también hay que reconocer que, desde la promulgación de la Constitución de 1991 que establece responsabilidades claras a los alcaldes y gobernadores en materia de manejo del orden público, muy pocos mandatarios locales han asumido este tema como les corresponde y como no ha habido un plan nacional, tampoco hay muchos planes locales de convivencia y seguridad ciudadana. En este campo la tarea todavía está por hacerse, hay documentos pero todavía no hay política pública como debiera.

– Participación Ciudadana. En materia de cualquier política pública la participación de los ciudadanos es fundamental y en particular en temas de convivencia y seguridad ciudadana es muy importante, en la medida en que los ciudadanos no solo pueden apoyar a las autoridades en sus labores de seguridad y justicia, sino que pueden constituirse en veedores para que las funciones que desempeñan las autoridades se ejecuten en el marco del Estado de Derecho, no haya corrupción y se exijan resultados públicos y periódicos. En este campo, hoy están en segundo plano buenas experiencias como los Frentes Locales de Seguridad y las escuelas de Seguridad.

Finalmente, siendo la información un elemento importante para participar y hacer seguimiento y control ciudadano a las acciones que desarrollan los gobiernos y las instituciones de seguridad y justicia, hoy llama la atención cómo a pesar de que la Ley 1712 de 2014 estableció la transparencia y el derecho ciudadano a la información pública, en el caso de la información de violencia y delincuencia, algunas instituciones no la entregan o no la hacen pública argumentando que es de seguridad nacional o se ponen muchas trabas para hacerlo.

Qué hacer.

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y con el objetivo de fortalecer la gestión civilista y democrática de la seguridad ciudadana, el Gobierno Nacional podría:

– Si no se quiere crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana como lo prometió el Presidente Santos, se podría pensar en contar en un viceministerio dentro del Ministerio de Defensa que se dedique exclusiva y profesionalmente a este tema. Ahora si no es posible esto, el Presidente podría responsabilizar o al Ministerio de Defensa o al de Interior para que lidere y coordine este tema con las demás instancias nacionales que tienen que ver con los temas de seguridad y convivencia, así como con los alcaldes y gobernadores.

– Con la participación del Departamento Nacional de Planeación y de las instituciones involucradas en este tema, se puede actualizar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adecuándola a la criminalidad compleja que hoy campea en el país, política que debe ser liderada por la institución que el Presidente designe como responsable de estos temas.

– Desde ya hay trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, incluidas sus organizaciones (Federación de Municipios y Confederación de Gobernadores) los temas de manejo del orden público, seguridad y convivencia, en especial con los mandatarios locales donde se van a concentrar y desmovilizar los guerrilleros de la FARC.

A todos los mandatarios locales hay que entregarles información sobre sus responsabilidades constitucionales y legales en estas materias y en particular sobre las responsabilidades que van a tener algunos en el marco del postconflicto. En este campo, es importante mirar la experiencia del Programa Departamentos y Municipios Seguros –DMS- que lo maneja la Policía Nacional.

– Hay que promover la participación de los ciudadanos en estas materias, no solo como denunciantes y de apoyo a las autoridades, sino además como veedores de las funciones que desempeñan las autoridades de seguridad y justicia. La participación de los ciudadanos garantiza menos corrupción y mas eficiencia de las instituciones.

Finalmente, no sobra recalcar que en la etapa de postconflicto:

– Algunos miembros de las FARC, inclusive frentes completos, se van a quedar en sus actividades criminales como negocio propio.

– Se va a presentar enfrentamientos entre distintos grupos criminales por los negocios ilegales que maneja la guerrilla. Enfrentamiento con quienes se quedan que ya no contarán con el respaldo de una organización nacional, lo que hará que terminen ligados a algunas organizaciones criminales existentes con alguna presencia nacional o crearán otras nuevas.

– Algunos desmovilizados retornarán a las actividades delincuenciales.

– Se pueden presentar hechos de violencia política sobre algunos desmovilizados.

Con mucho optimismo por la Paz, hay que asumir con responsabilidad desde ya los retos de la seguridad de los ciudadanos y del territorio.