Que todo cambie para que nada siga igual

Alcanzar un acuerdo sobre justicia es posible porque tanto las FARC como el Gobierno reconocen que en La Habana no se están intercambiando impunidades. La impunidad no es la ausencia de cárcel sino la falta de castigo. Por tanto, la discusión es sobre el tipo de sanciones que sirvan de ejemplo a la sociedad para no tomar la violencia y la justicia por mano propia.

En varias ocaciones he dicho que el acuerdo de crear una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un gran avance del proceso de paz. Sin embargo, como explico en Pacifista! hay gran escepticismo frente a cuatro temas: (1) alcanzar un acuerdo sobre justicia, (2) la desmovilización de la guerrilla, (3) el desmonte de las estructuras criminales y (4) la transformación efectiva de las estructuras que mantienen la desigualdad y la pobreza. Los retos son enormes, por eso es mejor abordarlos uno por uno.

Justicia

Alcanzar un acuerdo es posible porque tanto las FARC como el Gobierno reconocen que en La Habana no se están intercambiando impunidades. La impunidad no es la ausencia de cárcel sino la falta de castigo. Por tanto, la discusión es sobre el tipo de sanciones que sirvan de ejemplo a la sociedad para no tomar la violencia y la justicia por mano propia. Dichas sanciones deben ser asumidas por aquellos que detentaban posiciones de poder tanto dentro del Estado, como en la sociedad y la insurgencia.   

¿Desmovilización o normalización?

Llegar a un acuerdo revela un problema de semántica. Las FARC no se van a desmovilizar como lo hicieron los paramilitares inundando ciudades como Bogotá y Cali. El proceso de normalización que están negociando las FARC en La Habana busca que en zonas tradicionalmente controladas por las FARC se dé un proceso de transformación de sus estructuras militares a estructuras políticas, para que el control político-militar de las FARC sea reemplazado por un debate democrático que le permita ser opción de gobierno sin el uso de los fusiles.

Desmontar las estructuras criminales

Esta una gran preocupación, que no depende exclusivamente del acuerdo entre las partes. El reto no se reduce a que las FARC rompan todos sus vínculos con el negocio del narcotráfico, sino a que el Estado ponga todos sus recursos en desmantelar las estructuras ilegales que a través de consorcios criminales siguen restringiendo la democracia en varias regiones de Colombia. El rotundo fracaso del desmonte de algunas estructuras paramilitares que siguen asesinando líderes campesinos (entre otros) debe ser analizado seriamente por el Gobierno para evitar que este gran esfuerzo de negociación se asfixie en un charco de sangre en el postconflicto.    

Fortalecer políticas públicas en vez de salidas militares

El acuerdo de tierras muestra la voluntad del Gobierno de transformar las estructuras y las políticas que han contribuido a la pobreza en el campo. La decisión de crear un fondo de tierras, de revisar los títulos de propiedad, de hacer obras de infraestructura y diseñar políticas de educación y salud que mejoren las condiciones de vida en el campo son fundamentales para evitar que nuevos flagelos como la minería ilegal destruyan las selvas y se aprovechen de la fuerza laboral de campesinos empobrecidos y marginados. Los problemas que generan la desigualdad y la pobreza no se resuelven a través de estrategias militares, se resuelven a través de planes de política pública que creen mecanismos de monitoreo, control y rendición de cuentas. 

En conclusión, si queremos que en Colombia todo cambie para que nada siga igual es necesario reemplazar las salidas militares por políticas públicas, desmontar las estructuras criminales, aceptar que los frentes de las FARC se transformen en estructuras políticas y exigirle a nuestros líderes (políticos y sociales) que asuman, al igual que las FARC, su responsabilidad en la degradación del conflicto armado y acepten sanciones ejemplarizantes para ponerle punto final esta guerra.