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Esta crisis, que no necesariamente compromete la legalidad de los actos de los instrumentos e instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, es especialmente aguda en el caso de la JEP y puede tener efectos en la agenda de paz de largo plazo.

Los instrumentos e instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición enfrentan una grave crisis de legitimidad.

Esta crisis, que no necesariamente compromete la legalidad de sus actos, es especialmente aguda en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y puede tener efectos en la agenda de paz de largo plazo.

Examinemos algunos hechos relevantes:

a) Durante la negociación de paz con las Farc, el presidente Santos repitió sin cesar que los colombianos “tendrían la última palabra”, y esta se expresó, contrario a los vaticinios y deseos de muchos (entre los que me cuento), en el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Pese a las mayorías políticas del Gobierno, al respaldo de los principales medios de comunicación y al apoyo de la comunidad internacional y de amplios sectores de la academia y de la sociedad civil, la alianza política encabezada por el expresidente Uribe triunfó en una reñida contienda electoral, cuyo epicentro fue la idea de que Acuerdo protegía la impunidad de los victimarios y que la JEP era un tribunal hecho a su medida.

b) La respuesta del Gobierno frente a la derrota en las urnas profundizó la crisis política.

En efecto, el nuevo Acuerdo fue refrendado mediante votación en el Congreso de la República, que es históricamente la institución pública en la que menos confían los colombianos.  

Haberlo llamado el “Congreso de la paz” no bastó para reparar el prestigio de una institución signada por el clientelismo, en la que brillan, por su exceso, la inconsistencia ideológica, la transaccionalidad y el clientelismo.

Hoy mismo, muchos de los Congresistas que apoyaron con entusiasmo la paz han cambiado su opinión y están apoyando al Gobierno.

c) Tras el inicio de la implementación y en el marco de las elecciones presidenciales, nuevamente triunfó la insatisfacción con el Acuerdo de Paz, en particular con la JEP, hasta el punto que un candidato muy joven, que pocos tenían en sus cuentas, terminó como inquilino de la Casa de Nariño tras derrotar a figuras tan reconocidas como Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, apoyado por más de diez millones de votos en la decisión final.

Este sería sólo un hecho contextual si no fuera porque la propuesta más visible del presidente Duque era reformar el Acuerdo de paz. Mientras el país discutía sobre las eventuales “trizas”, el candidato que había negociado en la Habana terminó con menos de 400 mil votos su aventura presidencial.

d) Desde su puesta en marcha, la JEP ha afrontado varias dificultades y no pocos escándalos.

La dificultad más relevante se generó por la negativa del Presidente Duque de sancionar su ley estatutaria, la cual derivó en las ya conocidas “objeciones” sobre las que debe conceptuar la Corte Constitucional.

A eso se suman las acusaciones en materia de inoperancia, contratación y corrupción, que han alimentado la sensación de un andar paquidérmico y de una dificultad palpable para satisfacer las expectativas de justicia del conjunto de la sociedad colombiana.

En ese sentido, la no comparecencia de Iván Márquez y de alias el Paisa a las audiencias ha sido motivo de mucha preocupación y suspicacia.

e) Tras conocerse el escrito de acusación de la justicia norteamericana mediante el cual se pidió en extradición a Santrich, se abrió un debate incluso entre los defensores del Acuerdo de paz, sobre el alcance de la competencia de la JEP alrededor de la verificación de la fecha de comisión del eventual delito.

Estas discrepancias quedaron recogidas en los salvamentos de voto de las Magistradas Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez.

Ejemplo de estas divergencias es la insistencia que ha hecho desde el año pasado Mónica Cifuentes, figura neurálgica de la negociación de Paz y hoy Procuradora delegada ante la JEP, sobre la necesidad de remitir los casos no relacionados con el conflicto a la Justicia Ordinaria.

Pero, ¿qué se puede hacer frente a esa crisis de legitimidad? ¿Cómo construir sobre lo construido y tomar una decisión que rectifique lo que haga falta mientras se protege el magnífico esfuerzo que significó la desmovilización de las Farc?

Por un lado, está la calidad de la discusión política y la necesidad de construir un debate público de no polarizado. Cosa peliaguda en estos días, porque requiere de voluntad para construir consensos frágiles y valentía para no comprender la victoria propia como la derrota del contrario.

Hasta el momento, y con dolor, hay que reconocer que la grandeza no se ve en el horizonte y que los líderes más sobresalientes nos ofrecen visiones cada vez más simples y binarias de una compleja realidad.

Y a la vez es clave que la JEP funcione, que lo haga de modo célere y que en sus decisiones le muestre al país su imparcialidad y su independencia. Que señale un nuevo camino de justicia sin cárcel, con compromiso de verdad y reparación a las víctimas.

Comparto con Juanita Goebertus que la legitimidad y la confianza son activos que se construyen con el tiempo y que a la JEP hay que darle herramientas para trabajar. Pero el innecesario debate a propósito del caso de Santrich ubicó a la JEP en la opinión pública como una defensora de oficio de las Farc.

En lugar de ceder el protagonismo y entregarle el caso a la Corte Suprema, haciendo las consideraciones necesarias para que se protegiera el derecho de las víctimas como elemento central, la JEP desató la tormenta sobre la invasión de las competencias y sobre la incertidumbre institucional.

Como si fuera poco, el centro del debate sobre el caso Santrich, que es la determinación de su posible participación en el narcotráfico y, con ello, la decisión sobre el restablecimiento o extinción de sus derechos políticos, quedó ahogado en la consideración sobre la utilidad de la extradición y la discutida injerencia de la justicia norteamericana en el ámbito colombiano.

¡Todo un tiro en el pie!

La JEP ordena liberar a Santrich, le abre las puertas a la popularidad del Fiscal, no aclara nada sobre si el señor narcotraficó, agudizó la polarización y le quitó importancia a los temas estructurales de la agenda de paz, como lo son el desarrollo rural, la reconciliación y la ampliación de la democracia.

Lamentablemente, en este caso, respaldar a la JEP no es legitimar la paz.

Desde 2006 he liderado diferentes programas e iniciativas orientados a la construcción de paz, la gobernabilidad democrática y el desarrollo territorial en territorios de conflicto. He trabajado en el sector público, en espacios académicos y de generación de conocimiento, en organizaciones de la...