Sufrimiento y memoria del despojo de tierras

“La guerra a todos envuelve, es un aire sucio que se cuela en toda nariz, y aunque no lo quiera, el que huye de ella se convierte a su vez en difusor”

“La multitud errante” – Laura Restrepo

La historia del conflicto armado en Colombia está conformada por capítulos que reúnen las diferentes formas de violencia padecidas por los colombianos durante más de cinco décadas. Sin embargo, poco se ha reconocido el sufrimiento de los campesinos, en quienes se concentró al menos el 45,5% de las violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad. Hoy retomo las letras para hacer memoria junto a ustedes de uno de sus apartados más dolorosos: el despojo de tierras.

Como es conocido, la escalada paramilitar en el país fue posible gracias a la participación de terratenientes, ganaderos y una élite política territorial que pactó para favorecer sus intereses, distribuirse el poder y violar los derechos de los campesinos a la tierra y concentrarla de manera inequitativa. Más de cuatro millones de personas fueron desplazadas y al menos seis millones de hectáreas fueron abandonadas o despojadas a partir de diferentes mecanismos que hoy representan una deuda para el Estado en materia de restitución y reparación para las víctimas. 

Determinar el impacto del despojo no ha sido una tarea fácil por las dificultades en materia de registro y catastro en el país. No obstante, hay fuentes que han estimado que los ingresos que dejaron de recibir los desplazados por las pérdidas de sus bienes entre 1980 y 2010 fue de al menos 59,8 billones de pesos. Dicha estructura institucional y jurídica de la propiedad rural fue la que favoreció y facilitó históricamente los mecanismos de despojo en Colombia; de esta manera, en el marco del conflicto armado, actores públicos y privados, mediante “transacciones legales” y administrativas, les arrebataron la propiedad sobre la tierra a los campesinos para dejarla en manos de las elites despojadoras.

Hechos victimizantes y dolorosos que dejaron más de una secuela en los millones de desplazados que sufrieron además por la estigmatización proveniente de los discursos “contrainsurgentes” que relacionaron a los campesinos con los grupos guerrilleros y propiciaron capturas arbitrarias. Las tierras en el departamento del Magdalena fueron el centro del saqueo por parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, aunque no hay cifras exactas sobre la magnitud del despojo, en abril de 2016 había al menos 7.113 solicitudes de restitución de tierras en el departamento, principalmente, en las subregiones Norte, Río y Centro. 

Estos casos de despojo ocurrieron en su mayoría entre 1997 y 2004. Se tiene conocimiento de que, al menos 134 de ellos estuvieron relacionados con la revocatoria por parte del Incora/Incoder de los títulos a los campesinos y que fueron adjudicados a paramilitares, sus testaferros y aliados, mediante englobes irregulares y otros mecanismos para la “legalización del despojo”, los cuales tuvieron básicamente la misma secuencia: iniciaron con la irrupción del Bloque Norte de las AUC en los municipios mediante homicidios, masacres, amenazas, robos y, en algunos casos, violencia sexual. Luego, la población intimidada era reunida para exigir el abandono de las tierras, allí hacían compras forzadas, firmas de escrituras y despojos administrativos para finalmente, adjudicar los predios a los testaferros y aliados del paramilitarismo.

Así lo recuerdan campesinos, víctimas de despojo en la microzona Los Patos, ubicada en el municipio de Remolino, quienes fueron obligados a vender un 3 de febrero de 2003, citados por Salvatore Mancuso y “Jorge 40” en la casa de Manuel Domingo Ortega:

“Rafael remplazó a Esteban. A mi papá lo citaron en la casa del difunto Domingo Ortega. Allá lo presionaron para vender por nada las hectáreas que teníamos. No tuvimos otra opción, era eso o nos mataban. Mi papá hizo lo que todos hacían, tratar de sobrevivir” (Testimonio víctima de despojo en los Patos – Comunicación personal agosto de 2022).

Este caso ejemplifica el impacto en todos los niveles del despojo de tierras en Colombia, en especial en el Magdalena. Un impacto que no solo es social o emocional, sino también ambiental; las aproximadas 1.300 hectáreas que conforman la microzona Los Patos fueron adjudicadas a ciertos “empresarios” y políticos que destinaron el uso del suelo para la ganadería extensiva o que, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, construyeron kilómetros de diques que impedían la comunicación entre los caños y las ciénagas. 

En el caso de la vereda La Pola en Chivolo (Magdalena), conformada por al menos 3.000 hectáreas, la irrupción del Bloque Norte se dio en 1997. “Jorge 40”, alias “Caballo”, “El viejo”, “Codazzi”, “El flaco”, “Agustín Perea” y cerca de 40 hombres más dieron órdenes a las familias de dejar las tierras quienes tuvieron que desplazarse en medio de la noche hacia la cabecera municipal. Las tierras despojadas fueron utilizadas como centros de operaciones por su ubicación estratégica a nivel regional.

Este capítulo del conflicto, no solo evidencia cómo el Estado hizo parte del aparato criminal y red que despojó en su momento al 88% de la población de este departamento, en el que el 24,1% de la población hace parte del Registro Único de Víctimas, pero en las que solo el 10% del total había sido indemnizada en 2021. Allí, al menos 28.990 personas fueron víctimas directas de homicidio y 5.356 de desaparición forzada, y ocurrieron 127 de las 333 masacres cometidas por el Bloque Norte. Aun así, las cifras en materia de restitución y reparación no avanzan.

Cuando la memoria recuerda con dolor aquellos vejámenes me surge la pregunta a cerca de cuántos quedaron en el Magdalena condenados a morir como Siete por tres (personaje de la Multitud errante de Laura Restrepo): “[…] Un hijo del monte, volando al capricho de los cuatro vientos, en medio de un país que se niega a dar cuenta de nada ni de nadie.”