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Los territorios en guerra, a diferencia de lo que se podría imaginar, no son escenarios anárquicos o carentes de normas. Todo lo contrario: en la mayoría de las ocasiones es muy clara la forma en que los ciudadanos deben comportarse para evitar ser “sancionados”. Sin embargo, en estos territorios han sido los grupos armados, y no el Estado, los que en gran medida han formulado las normas que regulan las interacciones sociales y económicas. A estos órdenes sociales construidos por medio de la violencia o la amenaza real de su uso, la literatura académica los ha llamado gobernanzas criminales o gobernanzas rebeldes. En esta columna, los llamaremos gobernanzas armadas, por razones que explicaremos adelante.
El Gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto desactivar una gran parte de los circuitos de violencia armada activos en varias regiones del país. Para eso, ha adoptado una política que ha llamado Paz Total, que consiste en iniciar procesos simultáneos de negociación o de sometimiento a la justicia para desmovilizar grupos armados.
Ya antes hemos criticado la política de Paz Total por varias razones. Primero, no ha sido del todo claro con qué grupos el Gobierno decidirá negociar y a cuáles grupos buscará someter a la justicia. Segundo, no hay una política de seguridad clara para reemplazar los mercados ilegales y combatir a los grupos armados. Finalmente, la Paz Total parece estar dirigida a los espacios rurales, mientras la violencia urbana va en aumento.
En este artículo, introducimos una nueva crítica. Creemos que, si la Paz Total no contempla de qué forma sustituirá las gobernanzas armadas, esta política está condenada al fracaso y pondría en riesgo a la población civil. Robert Blair, Manuel Moscoso, Andrés Vargas y Michael Weintraub demostraron recientemente que cuando se desmoviliza un grupo armado, se crean oportunidades únicas para que el Estado, en alianza con instituciones comunitarias, retome la confianza de los ciudadanos y sustituya las gobernanzas armadas. Al tiempo, como Ana Arjona lo ha señalado, si las instituciones locales son débiles, los grupos armados que permanecen en la guerra tienen grandes incentivos para llenar estos vacíos.
En este texto, buscamos mostrar brevemente cómo las gobernanzas armadas se escenifican en cuatro subregiones del Caribe colombiano. El nivel de dominio sobre la vida en comunidad que tienen los grupos armados en el norte de Colombia hace que sea imposible desmovilizarlos sin alterar el orden social. Por tanto, este Gobierno no solo debería estar pensando en formas de desmovilizar grupos armados, sino en cómo va a lograr sustituir esas gobernanzas armadas por gobernanzas democráticas.
Gobernanzas armadas: ¿qué son?
En Colombia, como pocos países en el mundo, se presentan simultáneamente gobernanzas rebeldes y criminales. Por gobernanza rebelde nos referimos al conjunto de acciones que emprenden los grupos insurgentes para regular la vida social, política y económica de los civiles durante la guerra (Ana Arjona lo explica mejor). Lo que diferencia a la gobernanza criminal de la rebelde no son solo son sus actores (pandillas, narcotraficantes y organizaciones criminales), sino su nivel de incrustación con el Estado. La gobernanza criminal implica que los grupos armados utilizan sus conexiones con funcionarios estatales para ejercer sus actividades delictivas de forma libre.
En Colombia, todavía son pocos los autores que utilizan la gobernanza armada como marco analítico de las dinámicas de la violencia organizada. Aun así, existen múltiples casos que dan cuenta de que, en varios territorios, los grupos armados son quienes determinan las reglas de juego. Según nuestra experiencia, hay tres elementos característicos de las gobernanzas armadas en Colombia:
- Se producen en contextos de hegemonía criminal: normalmente hay gobernanzas armadas cuando un actor armado ilegal ejerce de manera continua, durante largos lapsos de tiempo los monopolios de la violencia legítima, el recaudo de tributos y la administración de justicia.
- Permiten el control de procesos económicos legales e ilegales: es necesario romper con la idea de que los grupos armados son todos narcotraficantes. No porque no trafiquen droga, sino porque esa es solo una de las actividades que contiene su portafolio de rentas ilícitas. Estos grupos extorsionan a civiles y funcionarios públicos, empresarios, lavan su dinero con negocios formales e informales, y un largo etcétera. La gobernanza armada le da acceso a todo eso.
- Están legitimadas: la gobernanza armada no solo se sostiene por medio de la violencia, sino a través de distintos procesos. Entre ellos, con la creación de organizaciones sociales o políticas, la provisión de bienes y servicios y la satisfacción de necesidades básicas. No es solo la violencia.
Gobernanzas armadas en el Caribe colombiano
Ya dijimos que las gobernanzas armadas crean e implementan medios de control y castigo para regular la vida en comunidad. Los grupos armados pueden llegar a asumir funciones del Estado, lo que en no pocas ocasiones les otorga legitimidad social.
En el Caribe, actualmente hay cinco subregiones con presencia sostenida de grupos armados. En tres de estas hemos podido identificar gobernanzas armadas (Sierra Nevada de Santa Marta, sur del departamento del Cesar y sur del departamento de Córdoba), mientras en dos se está consolidando (Montes de María y sur de Bolívar). Concentrémonos en la Sierra Nevada y el sur del Cesar, dado que así podemos contrastar una gobernanza criminal y una gobernanza rebelde, respectivamente.
En la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta actualmente tienen presencia de dos actores armados en distintas zonas: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Las Acsn, aunque cambiaron recientemente de nombre, están conformadas por familias que han estado involucradas en distintas guerras desde hace décadas. Principalmente, la familia de Hernán Giraldo Sierra, un clan que durante tres generaciones ha sido un actor central de la violencia armada en la subregión.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, los negocios abren y cierran a las horas que los grupos armados lo deciden. Luego de la muerte de alguno de los comandantes de estos grupos criminales, han decretado “luto”, lo que ha implicado izar banderas, cerrar negocios y apagar la música. Las personas son constantemente escrutadas para saber si han “hablado mal de la organización” y castigadas si se considera que traicionaron al grupo armado. Incluso, durante las elecciones del 2022, las Acsn impidieron que la población local votara, cerrando las vías y ordenando a las personas no hacerlo. A las Acsn les han sido incautadas cartas de navegación de Colombia y otros países de Centroamérica que habían conseguido a través de sobornos. Así las cosas, no solo dan órdenes a la comunidad, sino que sus relaciones con el Estado les permiten conseguir sus objetivos ilegales.
Por otro lado, al sur del departamento del Cesar, la guerrilla del ELN ha desarrollado una gobernanza rebelde. Esta guerrilla fue la primera organización armada en hacer presencia en ese territorio a finales de la década de los sesenta. A diferencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí el ELN se ha comportado como un agente dinamizador de la participación de las comunidades en los asuntos de la vida local. Este trabajo es realizado por las comisiones de Trabajo Político Organizativo (TPO), que tienen como función esencial la creación, promoción y orientación de organizaciones sociales legales (Juntas de Acción Comunal, Comités de Caminos, Clubes Deportivos, etc.) y clandestinas, como los colectivos o grupos de estudio y orientar el trabajo de los milicianos.
Estos intentos de dinamización de la participación comunitaria vienen con grandes riesgos: varios líderes comunitarios han sido asesinados en el departamento, los dueños de tierras deben pagar cuotas extorsivas a la guerrilla y en varias ocasiones el ELN le ha ordenado confinamientos a las personas durante sus “paros armados”. Incluso, varias vías del sur del departamento pueden permanecer cerradas si la guerrilla así lo determina. Además de todo esto, en la región se suelen presentar combates con miembros de la fuerza pública y atentados contra estaciones de policía y guarniciones militares.
La Paz Total: ¿cómo remplazar las gobernanzas armadas?
Lo que hemos mencionado es un resumen breve de todo lo que viven las comunidades que habitan estos territorios. Aun así, queda claro que hay zonas en Colombia en las que los ciudadanos viven recibiendo las órdenes de grupos armados. Es decir: los conflictos armados en Colombia no son solamente enfrentamientos entre el Estado y los grupos ilegales, sino (y predominantemente) se trata de gobernanzas armadas. Si queremos entender las guerras en el país, debemos entender las gobernanzas armadas.
La implicación que esto tiene es que, si el Estado llega a desmovilizar a los grupos armados, pero no es capaz de reemplazar las gobernanzas armadas, entonces hizo poco para acabar con la violencia. A la Paz Total le hacen falta muchas cosas, pero quizá la que más puede hacerle daño es la imposibilidad de entender que en Colombia muchas comunidades (urbanas y rurales) viven bajo gobernanzas armadas.
Y esto implica reconocer que, independientemente de si se trata de un grupo con abierta motivación política o no, en los territorios en los que hacen presencia activa han desarrollado normas de comportamiento. Son ellos, y no el Estado, quienes determinan aspectos cruciales de la vida en comunidad, como los horarios para estar en la calle, abrir un negocio o el volumen en que se puede escuchar música.
Quizá es hora de, además de pensar en las ideologías de los grupos armados, empezar a pensar en los órdenes locales que construyen. Y, luego, en la forma en que el Estado puede suplir la oferta de bienes y servicios que ahí desarrollan (resolución de conflictos, sustento económico, “orden”, y un largo etcétera). Sin cambiar los términos de la discusión, la Paz Total puede ser solo una manera de revivir los viejos ciclos de violencia a los que estamos acostumbrados.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
