Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En estas elecciones presidenciales fue evidente que la corrupción estuvo en el centro del debate. No les falta razón a los ciudadanos que pidieron en las urnas este cambio. Los alcances en Colombia de prácticas como el clientelismo, el nepotismo y la utilización del poder público para obtener ganancias individuales también tiene alcances criminales. Muchos líderes y lideresas asesinados habían señalado hechos de corrupción de diferentes actores, incluyendo poderes políticos locales o regionales, representantes de poderes económicos como la minería (legal o ilegal), el narcotráfico o la compleja economía de la contratación pública.
Me atrevería a decir que en varios países de la región, incluido el nuestro, la corrupción es una de las primeras economías criminales y la más importante a la hora de garantizar la supervivencia y expansión de las demás. Solo me gustaría que quien lee pensara en la cantidad de acuerdos, logística y negociaciones con el aparato público que se requiere para que un departamento como Cauca tenga la trayectoria de grupos armados ilegales que tiene hoy (llámense disidencias, GAO, guerrillas o grupos paramilitares). La existencia de esa relación literalmente elimina el liderazgo social. Su existencia es antagónica a cualquier construcción democrática.
La corrupción es un problema de incentivos que no siempre dependen de la buena voluntad del individuo. En la práctica, esto significa que si tengo un grado de poder e influencia y decido entrar en el sistema (entiéndase recibir la dádiva, intermediar un contrato, hacer clientelismo activo) obtengo beneficios. Pero si me quedo afuera del sistema, o me opongo a él, obtengo un castigo, que en Colombia puede ser la muerte, la pérdida temporal o permanente del empleo, o el veto de los bienes y servicios públicos.
Pongámonos en un momento en los zapatos de alguien con un contrato de prestación de servicios con cualquier entidad pública. No hablo de grandes contratos; hablo de contratistas con dos o tres salarios mínimos. La continuidad del trabajo de esta persona no depende de su desempeño, talento o experticia, sino de que su padrino o madrina política gane las elecciones. Obviamente hay excepciones y el Estado colombiano tiene una minoría técnica y esforzada.
Sin embargo, es común que cuando un político independiente o alternativo gana las elecciones piense que el problema de la corrupción y el clientelismo se resuelve cambiando los intermediarios. Algo así como que mis amigos son tecnócratas y los del opositor corruptos. Así que la mayor parte de los contratos y el empleo público siguen necesitando una costosa intermediación política, que encarecen las campañas y limitan las decisiones libres del voto ciudadano. Una perfecta trampa tóxica.
Pero en estas elecciones del 19 de junio, muchas personas crearon una grieta en la trampa, en el momento en que pusieron mediante un voto sus demandas en el espacio democrático. Todas estas personas, por primera vez en la historia republicana, están poniendo sus necesidades sin ningún tipo de intermediación. Lo están haciendo, incluso en medio de las condiciones más difíciles que uno pueda imaginar para ejercer la participación. Y gracias a ellas y ellos tenemos la oportunidad de salir por fin la dupla corrupción – violencia.
Por eso, el reto del Gobierno que se inicia es cambiar el sistema de incentivos de uno tóxico y violento a uno democrático y amplio. Tiene herramientas importantes para hacerlo, pero necesita del diálogo regional (bienvenida la propuesta) pero que vuelva a incluir la sociedad civil, marginada en los últimos cuatro años y a generar incentivos positivos a la participación comunitaria y la generación de muchos más liderazgos sociales, juveniles, democráticos, de mujeres y población diversa y recuperar el diálogo. Si no hay un tejido social, democrático y protegido en Colombia, difícilmente se puede pensar en luchar contra una corrupción que puede matar.
Por eso, es fundamental que el Gobierno entrante proteja ese ejercicio democrático que le dio la victoria. Esta idea de priorizar “los amigos” en toda la estructura del Estado no es de ninguna forma un comportamiento sin víctimas. Poblaciones enteras han sufrido consecuencias infames como hambre y violencia. Entre más vulnerable la población, más fácil se convierte el control y más difícil es hacer veeduría. El nuevo Gobierno tiene con qué. Aquí estamos, desde la sociedad civil para acompañar y dialogar.
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