Un tribunal para los crímenes de guerra de Putin

¿Puede la Corte Penal Internacional (CPI) juzgar a Vladimir Putin? A pesar de los evidentes ataques a la población civil no parece fácil que el líder ruso pueda ser procesado por crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.

En su Declaración sobre la situación en Ucrania del 28 de febrero pasado el inglés Karim Khan, fiscal de la CPI afirmó estar “convencido de que existe una base razonable para creer que tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad presuntamente han sido cometidos en Ucrania”, iniciando así el proceso para abrir una investigación. ¿Quiere esto decir que la CPI va a poder juzgar a Putin? 

En los últimos 50 años ha ganado preeminencia un nuevo derecho internacional penal —cosmopolita— que abrió la posibilidad del enjuiciamiento de criminales por graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cuando no han sido procesados ni juzgados por tribunales nacionales.

En estos casos, y dependiendo de diferentes factores políticos, nacionales y culturales, puede entrar en acción la Corte Internacional de Justicia (CIJ), El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh), o la Corte Penal Internacional (CPI). Teniendo en cuenta este contexto voy a presentar dos casos emblemáticos de la confrontación entre el cosmopolitismo y el estatismo antes de analizar el caso de Putin: Augusto Pinochet y Slobodan Milošević.

Cuando Pinochet fue detenido el 16 de octubre de 1998, por orden de un tribunal británico en respuesta a un pedido de extradición del juez español Baltazar Garzón, se produjo un enfrentamiento entre quienes afirmaban el avance del derecho internacional, que implica el retroceso de la soberanía estatal, y quienes, basados en un enfoque centrado en la soberanía del Estado, decían que la realización de la justicia y el aseguramiento de los derechos humanos solamente son posibles bajo la condición de la soberanía estatal.

En el caso de Pinochet se enfrentaron, de un lado, un juez, quien con pretensiones cosmopolitas buscaba establecer la responsabilidad penal individual de un dictador que debía ser considerado responsable por dirigir un golpe militar, liderar una guerra sucia contra sus opositores y asesinar al menos 3.000 personas: y de otro lado, parte de la comunidad chilena que apoyaba al exdictador, que rechazó la posibilidad de que fuera juzgado por tribunales internacionales.

Los estatistas consideran que las comunidades políticas tienen derecho a sus propios villanos, a sus propias guerras civiles y a sus propias recuperaciones de estos conflictos. La historia de las sociedades políticas separadas, no de la humanidad, sigue dominando nuestros sentimientos políticos, escribe Paul W. Kahn. Después de ser liberado en Londres por razones humanitarias, Pinochet regresó a Chile y no fue juzgado.

En el caso del presidente de la República de Serbia, Slobodan Milošević, la disputa entre cosmopolitas y estatistas dio un giro hacia una crítica a la agenda jurídica cosmopolita por estar, según Milošević, al servicio de los intereses de las potencias occidentales. El juicio se movió de forma contradictoria entre el deseo de castigar a quienes cometieron crímenes atroces y el peligro de convertirse en un juicio espectáculo en el cual la apariencia de legalidad no es más que una ficción, porque el resultado está determinado previamente.

En la guerra de la ex-Yugoslavia hubo más de 200 mil muertos y sólo unos pocos individuos fueron juzgados y condenados. La finalidad de estos juicios no fue entonces hacer justicia, sino más bien darles paso a que las grandes potencias pudieran vengarse por medio de los tribunales de quienes perdieron la guerra, afirmó Danilo Zolo.

En el Tribunal de la Haya que juzgó a Milošević, los crímenes particulares de ius in bello (derecho en la guerra), por lo general de menor gravedad que el crimen de agresión fueron perseguidos con ensañamiento, mientras que la guerra de agresión, crimen cometido mayormente por las autoridades políticas y militares de las grandes potencias (Estados Unidos, Otan), fue ignorada completamente.

Se propuso entonces la idea, ya discutida en los juicios de Núremberg, de que para que sea posible una justicia internacional imparcial y equitativa, los Estados victoriosos deberían deponer sus ambiciones de control y poder, para que así pudieran ser juzgados por el mismo tribunal independiente e imparcial tanto los ciudadanos de los Estados vencidos como sus propios ciudadanos, escribió Hans Kelsen.

El caso de Vladimir Putin es muy diferente. Es demasiado pronto para concluir que está perdiendo la guerra y que podría ser juzgado por crímenes de guerra y/o crímenes contra la humanidad por la CPI.

La decisión de Putin de atacar a Ucrania es un grave desafío al orden internacional que se creó tras la Segunda Guerra Mundial, orden de impronta kantiana en el cual se afirmó que es posible regular las relaciones entre los Estados, no a partir de la soberanía y la guerra, sino de la garantía de los derechos humanos individuales y la paz.

Este orden ha sido pateado por Putin y mediante sus ataques ha alcanzado un impresionante nivel de atrocidad y dolor para el pueblo de Ucrania.

En el marco del derecho internacional hay varias vías para someter las acciones de Putin al análisis y valoración por tribunales internacionales. A los dos días de la invasión, Ucrania demandó a Rusia ante la CIJ por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Ucrania argumentó que Rusia la está sometiendo a una falsa pretensión de genocidio, al afirmar que ha cometido actos de exterminio de la población civil en Donetsk y Lugansk. Ahora bien, aunque la CIJ reconozca los argumentos de Ucrania, no será posible hacer que Putin acepte las medidas cautelares o los fallos. Las resoluciones y las decisiones de la CIJ son obligatorias, pero Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que esto no ocurrirá.

La CPI tiene competencias para investigar cualquier acto de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión cometidos en el territorio de Ucrania, como lo afirmó el fiscal Karim Khan. Pero la CPI no puede ejercer su jurisdicción con respecto al crimen de agresión si el acto de agresión es cometido por un Estado que no es parte del Estatuto de la Corte, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el asunto a la Corte.

Dado que Rusia no ha ratificado el Estatuto de la CPI y ejercería su veto en el Consejo de Seguridad contra una remisión, la CPI no puede, en la situación actual, investigar los crímenes de agresión contra Ucrania, aseveró Gordon Brown. Para iniciar un juicio, el presidente ruso tendría que ser entregado por su propio país, como sucedió con Milošević, o arrestado en el extranjero, como sucedió con Pinochet. Es decir, la posibilidad de juzgar a Putin es muy improbable.

Sin embargo, ha surgido una nueva idea ante las dificultades que tienen los mencionados tribunales internacionales, que consiste en crear un Tribunal Especial para el Castigo del Crimen de Agresión contra Ucrania, similar al Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Por ahora es un proyecto.

Así como Milošević dirigió su dedo acusador contra la justicia penal internacional, Putin quiere mostrar que no está dispuesto a permitir una pérdida más de la esfera de influencia rusa en los territorios que pertenecieron a la Unión Soviética. El error en la estrategia de negociación europea con Ucrania fue que no se tuvo en cuenta la importante frontera que tiene con Rusia, no se tomó en serio la declaración de Putin de que la desintegración de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, y no se pensó en establecer una neutralidad permanente para Ucrania, como la de Finlandia. Por esto, al iniciar la guerra se reveló qué para Putin se trata de Ucrania en su totalidad y el fin de su autonomía política, escribe el teórico de la guerra Herfried Münkler.

Esto supone entender, escribe Münkler, que estamos entrando a un orden mundial diferente del orden internacional cosmopolita que se inició en 1945. Lo que Putin está planteando es un orden centrado en una lucha permanente por las esferas de influencia espacialmente limitadas de cada una de las grandes potencias.

En este nuevo contexto las reglas y valores del orden mundial liberal, junto con las instituciones jurídicas cosmopolitas (CIJ, Tedh, CPI), la autodeterminación de los pueblos y la soberanía e independencia de los Estados, quedan subsumidos bajo el orden de los imperios que Putin propone: el de una lucha permanente por las esferas de influencia.

¿Juzgar a Putin? Inviable. ¿Recuperar el orden internacional liberal y cosmopolita? Complicado.