Verdades que salen a la luz: secuestro y esclavitud

Hay abismos de la realidad del secuestro practicado como táctica bélica en Colombia que apenas estamos empezando a conocer. Esto gracias a dos importantes procesos de paz y de justicia transicional: con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Estos dos procesos han dado pie a la clarificación de las circunstancias históricas, políticas, militares, materiales y técnicas en las que la toma de rehenes se convirtió en una práctica masiva y generalizada de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia.

Miles de vivencias han aflorado ante órganos judiciales de carácter transicional (Justicia y Paz, Jurisdicción Especial para la Paz) y extrajudiciales (Comisión de la Verdad) por el testimonio de miles víctimas.

Asimismo, ha sido posible realizar investigaciones con éxito desde las universidades gracias a que, con el descenso de la violencia y del miedo, es posible documentar hechos sucedidos décadas atrás que estuvieron resguardados bajo un espeso manto de silencio.

Liberadas del miedo a la revictimización y después de una larga travesía emocional en la que convirtieron los recuerdos traumáticos en recuerdos biográficos, muchas víctimas están tomando la palabra, pasados muchos años, para narrar las verdades sobre la prolongada guerra interna —que no han sido solo combates, sino violencia contra indefensos—, la inhumanidad del secuestro, y los sufrimientos que causa en la persona secuestrada, su familia y la vida en comunidad.

Cuatro años dedicados a investigar la práctica del secuestro durante la guerra, con el auspicio de Universidad Eafit (proyectos Rehenes del conflicto. Memorias del secuestro en Antioquia, y Rehenes del conflicto. Fase II: Memorias, silencios y emociones de las víctimas del secuestro) me permiten afirmar que la realidad del secuestro, de la que no hemos sido conscientes durante demasiado tiempo, es más brutal de lo que imaginábamos. Solo ahora está aflorando una enorme porción de la realidad que se nos escapaba y era un hueco, una cesura en la experiencia de la inhumanidad y del daño.

Uno de esos aspectos desconocidos es el de miles de personas secuestradas que fueron usadas como fuerza de trabajo en zonas bajo control territorial de las guerrillas o de los paramilitares en condiciones no de servidumbre (el siervo sometido a un señor conserva ciertas libertades), sino de esclavitud (el esclavo carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona que lo trata como herramienta u objeto de su propiedad y se ve sometido al trabajo de manera rigurosa y absoluta).

El mecanismo más común fue el de los trabajos forzados impuestos como castigo.

En zonas controladas por grupos paramilitares centenares de personas fueron privadas violenta y arbitrariamente de la libertad por desacatar el código de conducta impuesto por los señores del paramilitarismo y, a continuación, sometidas a trabajo en condiciones de esclavitud.

Así lo hicieron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando de Ramón Isaza, desde mediados de los años 90 hasta el año 2006 cuando se desmovilizaron. Habitantes de los municipios de Puerto Triunfo, Cocorná, La Dorada, Puerto Nare, La Danta (Sonsón) que tuvieran riñas callejeras, no pagaran deudas, consumieran sustancias narcóticas, o no pagaran la “cuota”, eran “castigados”, amarrados y conducidos a la fuerza a una isla en medio del río Magdalena, donde eran obligados a trabajar desde la madrugada hasta el anochecer en cultivos de plátano y yuca. A las mujeres las obligaban a cocinar para los paramilitares y los secuestrados que trabajaban en el islote. Quienes trataron de escaparse o se negaron a trabajar fueron golpeados, amarrados o enterrados hasta el cuello en la tierra.

Igualmente, en octubre de 2001 se descubrió que, en Norte de Santander, por lo menos 70 personas fueron secuestradas por las AUC para forzarlas a trabajar en la producción de coca.

En el caso de los grupos guerrilleros, los trabajos forzados solían sobrevenir como castigo a la “mala conducta” de personas que ya estaban secuestradas y soportaban un sojuzgamiento extremo en el que un gesto fuera de lugar, una queja, una crítica, una palabra inoportuna les podía traer terribles consecuencias. Una de ellas era que el comandante imponía como castigo el pasar varios días meramente a pan y agua y el trabajar cavando trincheras, o picando rocas y moviendo tierra para abrir carreteras, al lado de guerrilleros rasos que también estaban pagando castigo por faltas como dormirse en el turno de centinela.

Nos relató Marta C., una víctima de secuestro, que esa era la forma de castigo que ordenaban Elda Neyis Mosquera (“Karina”) y alias “Camilo” en el Frente 47 de las Farc en el lejano oriente antioqueño y norte de Calda, y que ella estuvo “pagando tres semanas con trabajos forzados” por haberle pedido a una guerrillera que la ayudara a escapar, pero ella la delató.

El otro mecanismo surge de las mal llamadas “pescas milagrosas”, que desembocaron en la imposición de trabajos forzados a personas pobres que no estaban en condiciones de pagar dinero por la liberación.

A partir de 1997 los grupos insurgentes de las Farc y el ELN incrementaron su esfuerzo bélico y progresivamente fueron pasando de una estrategia de guerra de guerrillas a la acumulación acelerada de recursos económicos y medios militares buscando convertirse en grandes ejércitos que pudieran practicar una guerra de posiciones para dar el salto final hacia la toma del poder central.

El método fue pescar de manera aleatoria “peces gordos”, “ricachones”, “personas importantes” en puestos de observación junto a autopistas y carreteras y retenes repentinamente instalados para “parar” e identificar a los candidatos a ser secuestrados por su apariencia física, vestido y por las características de sus vehículos, “cayendo” muchas personas de clase alta y media-alta.

Pero, a medida que la gente “acomodada” temerosa de ser secuestrada, dejó de viajar por carretera, empezó a quedarse en la ciudad y abandonó las fincas de recreo, los guerrilleros de las Farc y del ELN decidieron que “había que coger lo que cayera y que cualquiera servía, así fuera para poco”.

El secuestro se generaliza y golpea a distintas capas de la población, entre ellas personas con muy modesta capacidad económica (campesinos, obreros, empleados, pequeños vendedores y agentes de viajes, conductores de buses o “chiveros”, madres cabeza de familia), que tuvieron que entregar las pocas posesiones materiales que tenían o fueron sometidas a trabajos en condiciones de esclavitud.

Álvaro Jiménez, quien asumió la responsabilidad de hacer gestiones con el ELN, por la liberación de su hija Paulina (secuestrada en El Retiro, Antioquia, en 2000), cuenta cómo llegó a banalizarse tanto el secuestro, que “Incluso, recuerdo el caso de un chofer que secuestraron para que pagara con una nevera y un televisor. Horrible”.

Las personas muy pobres tenían que suplicarles a los guerrilleros las escucharan y tomaran en consideración la imposibilidad de cubrir el precio de rescate. Las familias se movilizaban para recopilar pruebas de su insolvencia, buscar el contacto y hacer llegar la información hasta los campamentos. En muchos casos las liberaciones llegaban tras la entrega de las modestas posesiones que tenían.

Pero, en otros, la respuesta era que “allá se tenían que quedar, porque tenían brazos para trabajar”. Tenemos el testimonio de un conductor de bus secuestrado en 1999 por el Frente 9 de las Farc en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de San Luis, y obligado a trabajar tres semanas transportando carga y personas entre varias veredas en jornadas diarias de sol a sol y cruzando zonas de confrontación con el Ejército y el Bloque Metro de las AUC, sorteando todo tipo de peligros.

Algo similar le sucedió en el año 2003 a Juan, trabajador de oficios varios, quien nos dio testimonio de cómo, mientras trabajaba en el Chocó con una empresa constructora de carreteras, fue secuestrado en un “retén” por la guerrilla del Ejército Revolucionario Guevarista (un brazo derivado del ELN) junto con un compañero de obra.

Cuando fueron capturados, ellos insistieron en que eran humildes trabajadores que apenas ganaban un salario mínimo del que dependían ellos y sus familias, y la respuesta del comandante fue: “No tienen plata, pero tienen brazos para trabajar”. Los privaron violentamente de la libertad y obligaron a trabajar durante 27 días.

“Ellos nos llevaron para allá con el buldócer a abrir una vía para ellos entrar los carros y comida para sus campamentos. Fue en Río Sucio, en una vereda muy adentro, y allá nos llevaron hasta que les hiciéramos la vía. Cuando terminamos, nos soltaron.

El trabajo era muy templado, era de cinco de la mañana derecho hasta el otro día a la una de la mañana. Dormíamos si mucho tres o cuatro horas diarias y dele otra vez desde el amanecer. Fue muy duro, porque la comida, no había; a los animales uno les echa cualquier cosa; en cambio, a nosotros nos tocaba trabajar y trabajar todo el día, y no nos daban nada. Yo a cada rato pensaba si iba a lograr vivir, si algún día me iban a soltar, si no nos iba a picar una culebra trabajando en la selva en esa oscuridad.

Cuando nos iba mejor era porque sacaban una caja de jamoneta para un grupo de veinte. En total éramos 150 haciendo esa obra y para cada grupo de veinte entregaban una jamonetica, un casquito pequeñitico con medio pan y agua con moresco, sin azúcar. Yo salí enfermo de allá. Después de que me recuperé, me fui para otra región a seguir trabajando materialmente. Gracias a Dios yo he seguido adelante y no guardo odio”.

Queda por aclarar si el sometimiento de personas secuestradas a esclavitud fue una política establecida por los mandos guerrilleros y los mandos paramilitares para todas sus filas y en todo el territorio nacional, o si se trató de decisiones que iban tomando los mandos medios y cuidadores sobre el terrero y según las “necesidades” e intereses de la coyuntura política y militar.

Lo cierto es que la esclavitud como específico repertorio de violencia asociado al secuestro no puede considerarse, en absoluto, un elemento extraño y anómalo, una vez tomamos en cuenta que la relación secuestrador y secuestrado implica la sustracción violenta y arbitraria del ámbito familiar y público, de la esfera de protección institucional; se basa en la implantación de un sistema de dominación y es una relación directa, no hay marco normativo social o político que la rija.

El secuestrado es alguien despojado del poder de decidir sobre su destino y cuya suerte depende de las decisiones caprichosas de sus captores, que lo reducen a la impotencia en un mundo sin la protección de la ley y de las autoridades civiles, sin testigos que denuncien.

En ese despotismo y opresión el reducir a los rehenes a esclavitud es una posibilidad, tomada decidida y materializada en múltiples casos, y por la que las autoridades judiciales deben recabar responsabilidad, como acaba de hacer con los exmiembros del Secretariado de las Farc la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, para satisfacer los derechos a la verdad a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas dentro del caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc-EP.

Esperamos al 22 de noviembre la respuesta en cuanto a una posible responsabilidad en el crimen de lesa humanidad de sometimiento a esclavitud de personas secuestradas.