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Es un hecho inédito ver, por primera vez, a un Vicepresidente de la República en diálogo con defensoras de los derechos de las mujeres y altas funcionarias públicas
Esta imagen recorrió diversos medios de comunicación el pasado 19 de julio y pasó desapercibida, para la gran mayoría de la gente, dada la polémica desatada por las temerarias acusaciones del Senador del Centro Democrático contra el periodista Samper Ospina (hoy por fortuna saldadas legalmente).
Es un hecho inédito ver, por primera vez, a un Vicepresidente de la República en diálogo con defensoras de los derechos de las mujeres y altas funcionarias públicas para analizar y definir compromisos de cara a la atención a las violencias vividas por las mujeres y las niñas colombianas.
¡Inverosímil! Después de 35 años del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribe celebrado en Bogotá en 1982, que instituyó el “25 de noviembre como el Día del NO a la violencia contra las mujeres”; de estudios, movilizaciones, denuncias y leyes aprobadas (la primera en 1995), por fin una alta autoridad del Estado se digna sentarse a manteles para atender un problema, que si bien lo viven las mujeres y las niñas de todos las clases sociales en el mundo de lo privado, es un problema público de seguridad ciudadana que impacta de manera negativa el conjunto de la sociedad colombiana.
Las violencias afectan de manera profunda la vida de las mujeres, sus redes familiares y sociales y su atención le cuesta al país nada menos que el 3.93 por ciento del PIB, según el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes y el Departamento de Planeación Nacional (2005).
Las salud, la educación y los servicios jurídicos son los primeros impactados por la violencia doméstica y/o violencia intrafamiliar. Le siguen el ausentismo laboral, incapacidades, bajo rendimiento, cambios de turno, días improductivos, permisos imprevistos, despidos, renuncias, etc., lo que indica que, más allá de las demandas de atención lideradas por las organizaciones de mujeres, otros actores tienen velas en este asunto. La vida, la libertad y la integridad de las mujeres y niñas (87 por ciento de las víctimas) son derechos fundamentales y su protección debería constituir una prioridad del Estado.
De ahí, que el paso adelantado por el Vicepresidente Naranjo sea trascendental. Esperamos que su eficacia en la lucha contra el crimen organizado, la traslade a una eficaz respuesta del Estado a esta epidemia social.
La Policía Nacional, la Justica, la Fiscalía, Medicina Legal y el Ministerio de Salud y Protección Social tienen el compromiso legal de atender de manera oportuna y efectiva las denuncias sobre violencias de género en todos los rincones del país, tal como lo señala la Ley 1257/2008. Pero la gran tarea General Naranjo, es la prevención y, para ésta los principales aliados son el Ministerio de Educación, los medios de comunicación y las empresas financiadoras de publicidad sexista.
¡Ojo Señor Vicepresidente Naranjo! Especial atención merecen las Comisarías de Familia bajo responsabilidad de los gobiernos municipales que les dan trato de tercera categoría. Nunca tienen recursos para contratar los equipos de profesionales que integran por ley estas unidades de justicia administrativa, amén de los juegos politiqueros y del status con que son tratadas las violencias de género. Pareciera tener mayor prestigio la captura de un delincuente asesino que la de un esposo o ex cónyuge o novio asesinos.
Confiamos General Naranjo en su compromiso con la erradicación de las violencias de género. El status que empieza a darles en su condición de Vicepresidente de la República, es el primer presagio de que tendrán el mismo interés y dedicación de otras erradicaciones bajo su responsabilidad. Máxime ahora que la implementación del Acuerdo Final, exige la integración del enfoque de género en los planes de desarrollo con enfoque territorial y otras decisiones de política pública, la seguridad de las mujeres próximas a reincorporarse a la vida civil y de las líderes de organizaciones sociales y políticas requieren de un interés supremo por parte del Estado.
ADENDA. Me sumo a las voces de agradecimiento y de reconocimiento a Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, uno de los artífices principales del acuerdo de paz. Gracias a su estudio riguroso del conflicto armado, a su convicción política en la solución negociada y a su incasable compromiso por llegar a la firma del Acuerdo Final con las Farc-ep, hoy podemos soñar con un nuevo país. Nuestras niñas, niños y jóvenes son los primeros beneficiados al poder transitar hacia la adultez sin las amenazas de la guerra. Ese es el mejor premio a su esfuerzo, al igual que la infinidad de vidas salvadas. Señor embajador en la Unión Europea: buen viento y buena mar.
