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La Corte Constitucional tiene ahora un nuevo desafío en términos de justicia de género: la despenalización del aborto para eliminar de una vez por todas, las múltiples barreras y obstáculos que impiden el acceso a un aborto seguro y legal
Juegan de nuevo quienes se resisten al reconocimiento de las mujeres como sujetos con derechos, capaces de tomar sus propias decisiones, en especial aquellas relacionadas con sus cuerpos y sus vidas. Irrita comprobar que, transcurridas dos décadas del Siglo XXI, persista el tutelaje a la usanza de épocas pasadas.
Liberadas del yugo de la virginidad, avanzamos en la comprensión de la maternidad como opción; un acto responsable acerca de si queremos ser madres o no; si deseamos tener una o varias criaturas; si casadas o solteras; si antes de los 30 años o después de cumplidos; si acudimos a la inseminación artificial; si deseamos una adopción.
El ejercicio de la libertad como derecho fundamental de las mujeres, va en contravía del mandato cultural de la maternidad obligada, otro yugo –trampa la llamaba Simone de Beauvoir- presente en la sociedad colombiana, aún en tiempos de postmodernidad.
Ejercer este derecho requiere de condiciones materiales propicias: información veraz y oportuna; educación sexual desde temprana edad; comprensión de la dimensión humana de la sexualidad; ejercicio de una sexualidad con ética y estética al decir de Paulo Friere; acceso a servicios de orientación y atención en salud sexual y salud reproductiva, entre otros.
E implica la provisión del servicio óptimo de interrupción del embarazo. Ya fue despenalizado por la Corte Constitucional -Sentencia C-355 de 2006- en tres circunstancias: violación sexual, daño genético de la criatura incompatible con la vida y riesgo para la salud de la mujer. Posteriores sentencias de la misma Corte Constitucional la reafirman.
Más allá de estas tres situaciones, existen también otras razones que llevan a las mujeres a decidir un aborto, entre otras evitar traer al mundo una criatura indeseada y/o rodeada de realidades personales, sociales, familiares, económicas precarias que van a impedir a ese niño o niña un desarrollo humano integral.
Para nadie es un secreto el significado de un embarazo indeseado, inoportuno o imposible de llevar a término; realidad dramática que recae fundamentalmente en las mujeres y, de manera grave, en quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.
La Corte Constitucional tiene ahora un nuevo desafío en términos de justicia de género: la despenalización del aborto para eliminar de una vez por todas, las múltiples barreras y obstáculos que impiden el acceso a un aborto seguro y legal.
La decisión de acudir a un aborto es compleja y difícil y respetar esa decisión es despenalizarlo y propiciar el acceso al servicio en condiciones médicas y de atención integral seguras, en especial para aquellas mujeres en situación de mayor discriminación económica, social, cultural, étnica y territorial.
Si los hombres fueran embarazados, la despenalización del aborto sería ya un hecho o nunca hubiera sido penalizado, ni estigmatizado. La satanización de las mujeres que libremente deciden abortar las lleva a acudir a prácticas clandestinas de dudosa calidad, aún a costa de sus vidas y su salud.
Son miles y miles las mujeres obligadas a acudir a prácticas inseguras e ilegales, poniendo en riesgo su vida y su salud sexual y reproductiva. Más de 400.000 abortos clandestinos por año es una realidad inocultable. Más que un drama individual es una tragedia social.
Por eso las mujeres y la sociedad necesitamos el acceso a un aborto temprano, seguro y legal.
Tiene la palabra la Corte Constitucional. Duele la posición contraria de algunas magistradas de quienes esperaríamos justicia de género para las mujeres abocadas a esta difícil decisión.
Cuanta falta nos hace la presencia en estos recintos de la Magistrada María Victoria Calle, por quien hago votos para la recuperación de su salud.
Imagen fue tomada de Utadeo.com.co
