Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Hablo en pasado porque presiento que ese día está cerca. Dejaremos atrás el aborto inseguro y las mujeres tendrán menos barreras para acceder a los servicios de salud sin ser estigmatizadas por tomar esa decisión tan difícil. Puede ser el próximo jueves o el viernes que la Corte Constitucional termine de discutir las demandas que han presentado el movimiento de mujeres Causa Justa y un hombre a favor del derecho a decidir. ¿Cuáles son los escenarios posibles que harían realidad la práctica segura del aborto?
El mejor es que la magistrada Gloria Stella Ortiz o Diana Fajardo, o ambas, den su voto a favor de las ponencias que argumentan que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es inconstitucional. En este caso, la sentencia reflejaría lo que el movimiento feminista colombiano viene reclamando desde hace años: no más intromisión del derecho penal en las decisiones reproductivas de las mujeres. No más cárcel ni multas por abortar.
Esto significa que si el aborto no debe considerarse un delito por ser contrario a la Constitución, nos queda entenderlo como parte del ejercicio de la libertad y autonomía reproductiva. Es decir, como un derecho fundamental de las mujeres garantizado por el Estado y las instituciones de salud en el país. Por lo tanto, las EPS deberían prestar servicios de aborto en condiciones de calidad y libres de discriminación para las mujeres. Así, las mujeres en condiciones de pobreza y escasos recursos económicos no tendrían que arriesgar su vida y su salud en la práctica de abortos inseguros. Según el informe de Profamilia sobre el aborto seguro que recogió datos de mujeres de Bucaramanga, Popayán y Tunja, la tasa de embarazo no deseado en Colombia es muy alta, pues asciende a 50,5, persistiendo múltiples barreras de acceso para las mujeres, especialmente las adolescentes y las que habitan en contextos rurales, para acceder a métodos anticonceptivos, así como a servicios de aborto seguros.
Esto indica que hay una deuda significativa de acceso a servicios de salud reproductiva para las mujeres en Colombia. En el examen que está haciendo, la Corte Constitucional tiene facultades para ordenar al Congreso que regule el tema bajo parámetros constitucionales de igualdad, acceso a servicios de salud disponibles, accesibles y oportunos; dignidad en el trato médico y teniendo a la mano la suficiente información para tomar decisiones libres. El Congreso debería tomarse en serio la decisión de la Corte y legislar protegiendo los derechos de las mujeres prontamente. Todo esto es posible si se logran los votos necesarios para que salga una sentencia mayoritaria.
¿Qué pasaría con el plazo para realizarse la IVE? La Corte Constitucional puede optar por establecer un plazo razonable, como lo han hecho otros tribunales constitucionales (México, Portugal, Estados Unidos), para que las mujeres puedan acceder a la práctica del aborto en condiciones seguras. El establecimiento de este plazo no debería ser menor a doce semanas o al equivalente médico del primer trimestre de gestación, ni estar sujeto a requisitos médicos. La razón es que hay menos riesgos para las mujeres de interrumpir su embarazo en etapas tempranas y los abortos se pueden hacer mediante medicamentos, a través de proceso ambulatorios supervisados. Así funciona en los cinco estados de México donde el aborto es legal (Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Baja California).
El establecimiento de un plazo razonable atiende a la ponderación entre los derechos de las mujeres y la protección de la vida prenatal. En este sentido, la Corte Constitucional puede considerar que proteger la vida en gestación es un bien jurídico valioso sin considerar al embrión o feto una persona jurídica, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el Caso de Artavia Murillo vs. Costa Rica en 2012.
Es hora de que el aborto por voluntad de las mujeres sea un derecho constitucional en Colombia. El día que esto pase, ojalá esta semana, las mujeres colombianas gozarán de un reconocimiento pleno como ciudadanas capaces de elegir sus proyectos de vida, donde la maternidad no sea impuesta, sino deseada.
