Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
No hay derecho que en un país que dice ser de renta media, que invierte significativos recursos para que las potencias desarrolladas la acepten en los grandes clubes de la economía y de la guerra, que se jacta de tener una de las economías más sólidas de América Latina, se mueran de desnutrición las niñas y niños wayuu.
No hay derecho que en un país que dice ser de renta media, pero de los más desiguales de la región, que invierte significativos recursos para que las potencias desarrolladas la acepten en los grandes clubes de la economía y de la guerra, que se jacta de tener una de las economías más sólidas de América Latina, se mueran de desnutrición las niñas y niños wayuu. Más de 10, en los dos primeros meses del 2016.
No hay derecho a que en un país que gasta miles y miles de dólares para vender su imagen en el exterior, y que invierte billones de pesos en la construcción de carretera de 4 Generación, por supuesto necesarias, se mueran de desnutrición las niñas/os wayuu.
No hay derecho que el Ministerio de Salud, a través de sus altas/os funcionarias/os, diga que no existe evidencia que permita afirmar que las niñas/os wayuu mueren por desnutrición, por supuesto, fallecieron por los efectos devastadores de la desnutrición en sus pequeños cuerpos. A ellas/os se les cercenó su derecho a vivir una vida digna.
No hay derecho a que las autoridades nacionales, responsables de la protección de niñas/os, afirmen que parte del problema de la muerte de las niñas/os wayuu, por los efectos de la desnutrición, es responsabilidad de madres y padres que se niegan a llevarlos a centros médicos o no les dan la comida adecuada. No sería bueno que se preguntaran ¿Sí la protección que dicen brindar tiene en cuenta los diálogos inter-culturales? ¿Sí la población tiene confianza en la institucionalidad? O si por el contrario temen que les sean arrebatados para ser llevados a una institución del Estado lejos de su cultura y su familia.
Las niñas/os wayuu no solo los está matando la desnutrición y la falta de agua. Se están muriendo por la desidia de un Estado que no invierte los recursos necesarios, para brindar condiciones de vida digna a las/os habitantes de la Guajira, no realiza el control adecuado a la gestión estatal, no investiga y no sanciona a quienes se apropian de los recursos públicos y no cumple sus deberes constitucionales de proteger la vida y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.
Estas niñas/os se están muriendo por la corrupción de la dirigencia política y económica, que durante largos años ha desangrado el erario público del departamento. Es hora que dicha dirigencia explique el uso de los millonarios recursos con los que ha contado el departamento. Según Planeación Nacional entre 2012 y 2014, se manejaron por regalías $678.225 millones de pesos, dineros que si no se diera la corrupción, seguramente habrían mejorado la calidad de vida de casi el millón de habitantes del departamento.
Se están muriendo por la irresponsabilidad de las multinacionales que no han realizado una producción responsable y protectora de los recursos y de la naturaleza, y no redistribuyen sus ganancias entre la población.
La situación de crisis humanitaria de la Guajira me indigna y avergüenza y creo que tenemos la responsabilidad política de movilizarnos para que las niñas y niños wayuu no sigan muriendo de hambre y de sed. Ellos y ellas también tienen que ser el futuro de una nación justa, democrática e inclusiva.
