Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
¿Quìen dijo que las mujeres no pueden hablar directamente para decir que entienden por justicia y que necesitan de ella?
Hace poco se anunció que el Gobierno Nacional creó una comisión asesora en asuntos de justicia, encargada de proponerle a la Mesa de la Habana fórmulas que eviten la tan invocada impunidad que tanto mencionan quienes se oponen al proceso de paz. Nada fácil la tarea, pero muy loable. Muchos sectores salieron inmediatamente a autoproclamarse defensores de las mujeres y la “voluntad popular”, para decir que se está pactando impunidad y que las víctimas de violencia sexual van a ser las más afectadas por que sus casos quedaran amnistiados.
La propuesta más concreta que hay hasta ahora, es buscar sanciones a máximos responsables de violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado. Ya algunos movimientos de mujeres han reaccionado con una propuesta de cinco puntos en relación con la garantía de derechos fundamentales de las víctimas de violencia sexual. (https://www.youtube.com/watch?v=heIYJIRDB3k). Hay opiniones en todos lados, y muchos sectores dicen que se oponen a las propuestas de justicia y que representan “La opinión pública”, ese concepto tan vago y tan usado por sectores de todas las orillas ideológicas para auto ungirse como dueños de la voluntad “popular”. Finalmente nos están metiendo a todos y a todas en el mismo paquete y están pensando por nosotros/as. Colombia tiene mala experiencia con los personajes que hablan en esos términos y se creen redentores sociales con autoridad para hablar en nombre de todos.
Nadie entonces, a nombre de esa “voluntad popular”, puede hablar por las mujeres. Solo ellas mismas pueden decidir que formas de justicia realmente les satisfacen y les ayudan en su proceso de superar el daño que sufrieron. En el debate sobre justicia transicional para acabar la guerra, más que la opinión de las partes sentadas en la mesa, la opinión pública o la academia, hay que escuchar la opinión de quienes vivieron el conflicto en su piel y su cuerpo. Y eso, hay que hacerlo con enfoque diferencial, porque precisamente así fueron las afectaciones de esta guerra: Diferentes para cada sector de la sociedad. Desde mi punto de vista, la función de la Comisión de justicia creada por el gobierno es traducir ese querer de las víctimas en una fórmula jurídica. En plata blanca: Traducir a derecho lo que las víctimas propongan. ¿Será esa propuesta la cárcel? No sabemos. Lo que sí creo que es cualquiera que esta sea, debe ser acatada por las partes de la negociación. Como bien lo decía Enrique Santiago, cualquier forma de justicia que se defina en la Habana debe ser aprobada por las víctimas, por mandato del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. <iframe scrolling=’no’ frameborder=’0′ src=’http://www.wradio.com.co/playermini.aspx?id=2868883′ marginheight=’0′ name=’20080119csrcsrnac_5′ height=’190′ marginwidth=’0′></iframe> . Es decir que la impunidad no se mide en cuanto a criterios jurídicos, sino en relación a cómo se sienten las victimas al respecto y que tanto participaron en la construcción de las fórmulas de justicia. La clave está en que se garantice un mecanismo para que las víctimas, y en especial las mujeres, puedan efectivamente proponer fórmulas de justicia que les satisfagan. En eso deberían estar pensado las comisiones asesoras en este momento, y en particular en eso debe estar trabajando la sub-comisión de género. Lo que importa a la hora y de la verdad, y lo que es realmente obligación del Estado, es garantizar la reparación de las víctimas. Las sanciones e investigaciones, son solamente un medio para ello y no deben ser el punto central de la discusión. La pregunta es si quienes hoy se rasgan las vestiduras gritando “¡Impunidad!” están pensando efectivamente de los derechos de las víctimas, o más bien en intereses político- electorales. Ustedes juzgarán.
