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Los/las magistrados/as de la Corte Constitucional hicieron públicas sus declaraciones de renta. Los documentos, más allá de las cifras, revelan cosas que no hemos querido ver.
En el mes de marzo, y con ocasión al escándalo que desató la denuncia contra el magistrado Jorge Pretelt Chaljub por haber recibido 500 millones de pesos para favorecer el trámite de una acción de tutela interpuesta por la empresa Fidupetrol contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le ordenaba el pago de una millonaria multa a esa empresa, los/las magistrados/as de la Corte Constitucional hicieron públicas sus declaraciones de renta. Los documentos, más allá de las cifras, revelan cosas que no hemos querido ver.
Ninguna de las cifras develadas sugiere que por el ejercicio del cargo, los/las magistrados/as hayan podido incrementar sustancialmente su patrimonio. Aunque el patrimonio líquido declarado por cada uno/as de los/as togados/as supera con creces la de un colombiano promedio, lo cierto es que las cifras representan lo que suponemos es producto del privilegiado acceso a oportunidades educativas, un dedicado y juicioso ejercicio de la profesión, y por qué no, relaciones personales que les han permitido ascender laboralmente hasta el punto de llegar a ser magistrados de la Corte Constitucional. También pueden ser resultado de rentables inversiones -porque si de algo sirve la conjugación de las oportunidades educativas, profesionales y el acertado relacionamiento social es para saber hacer inversiones-. Incluso, pudieron haber corrido la suerte de ver incrementados sus patrimonios como consecuencia de un hecho económico excepcional, como haberse ganado una rifa o una lotería.
Resulta revelador sin embargo, que los patrimonios de las magistradas sean sustancialmente inferiores a los de sus pares hombres. Para el año gravable 2013, de los nueve magistrados que integran la Corte Constitucional, las tres magistradas mujeres tienen los menores patrimonios de todo el tribunal. Los magistrados hombres reportan un patrimonio que oscila entre los 3’078 millones de Jorge Pretelt Chaljub -quien registra el patrimonio más alto de todos los magistrados- y los 931 millones de Luis Ernesto Vargas Silva. En promedio, el patrimonio de los magistrados hombres es del orden de los 1’695 millones. De los patrimonios de las mujeres, el mayor es el de la magistrada María Victoria Calle con 832 millones. Le siguen Gloria Stella Ortiz Delgado con 542 millones, y María Victoria Sachica Moncaleano con 373 millones[1]. En promedio, el patrimonio de las magistradas mujeres es de 582 millones, lo que equivale casi a una tercera parte al de los hombres.
Lo anterior demuestra, qué tan lejos estamos las mujeres en Colombia del poder económico, y que la tal brecha patrimonial entre hombres y mujeres en el país no es un invento o un capricho feminista. Estamos hablando de pares, de personas que por su edad han tenido un periodo productivo similar, y por la dignidad del cargo que ostentan, un desarrollo profesional semejante. Sin embargo, para que las mujeres del alto tribunal puedan llegar a alcanzar el patrimonio de sus pares hombres tendrían dos opciones: trabajar dos y hasta tres vidas más, o tener la suerte de ganarse la lotería.
