Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En 2021 hubo varias decisiones judiciales emblemáticas para las mujeres, pero la justicia colombiana quedó con tres grandes deudas frente a nosotras. Todas son peticiones urgentes que han sido exigidas con el mas alto rigor argumentativo y evidencia por amplios movimientos sociales, lideres de opinión y por la ciudadanía. Ahora que la vacancia judicial ha terminado, llegó la hora de escucharlas y hacer justicia.
La primera deuda es la investigación, sanción y reparación por las violencias de género cometidas contra mujeres y personas Lgbtq+ ocurridas en el marco del Paro nacional de 2021. Justo la semana pasada, Human Rights Watch ratificó que estas fueron parte de la respuesta de la Fuerza Pública que afectó a manifestantes, periodistas, defensoras y transeúntes, tal como lo denunciamos durante la visita de la Comisión Interamericana y quedó consignado en el informe de la misma. Los casos reportados en ese entonces eran más de 100 -con el usual subregistro- y se siguieron presentando en las movilizaciones posteriores.
Según la Fiscalía, en 2021 se conformó el “Grupo de trabajo nacional de violencia de género para la atención de delitos que afecten a mujeres, niños, niñas y adolescentes” que, entre otros, hace acompañamiento a estos casos del Paro. Sin embargo, esto no se ha traducido en justicia efectiva. De acuerdo con la misma entidad (vía derecho de petición), hasta el 28 de octubre solamente uno de estos casos, cuya víctima fue una mujer lesbiana torturada por un servidor público, estaba en etapa de juicio. Los demás hechos continúan en indagación o investigación, incluyendo todos los casos de violencias sexuales. Ya es suficientemente grave que la Fuerza Pública utilice las violencias sexuales y otras violencias de género como forma de represión, como para que, además, no haya sanción pronta que contribuya a que esta situación no se repita.
La segunda deuda es la apertura, en la Jurisdicción Especial para la Paz, de un caso por violencia sexual, reproductiva y basada en la sexualidad de las víctimas. El Presidente de la JEP anunció a principios de este año la apertura de tres nuevos macrocasos, y este no está incluido. Nuevamente se promete que en todos ellos se investigará la violencia sexual. Los otros tipos de violencias no se mencionan, y no se indicó tampoco qué medidas se tomarán para que en los casos nuevos no se repitan los problemas que ha generado esta forma de investigación, sobre los cuales hemos llamado la atención desde la plataforma Cinco Claves en varias ocasiones.
Las limitaciones temporales, geográficas o de edad de las víctimas en los casos actuales dejan a varias víctimas por fuera, mientras al tiempo se sostiene que “no hay suficientes casos” y se pide a las organizaciones de la sociedad civil llevarlos a la jurisdicción. Recientemente, se están dando algunos esfuerzos que ojalá redunden en la identificación y judicialización activa de estos casos, como es deber del Estado. De estos estaremos vigilantes y dispuestas a aportar desde nuestro lugar.
La tercera es la eliminación del delito de aborto del Código Penal por parte de la Corte Constitucional, en respuesta a la demanda del Movimiento Causa Justa.
A finales de 2021, expliqué aquí mismo los que esperaba fueran mis últimos argumentos antes de la decisión. Sin embargo, más de un año después de interpuesta, la Corte aún no ha dado el debate de fondo que el país lleva dando todo este tiempo. A favor de la petición se han manifestado desde grandes voces jurídicas, hasta varios líderes de opinión y artistas que le han hecho un llamado de urgencia a la Corte en estos últimos días.
Tan solo habían corrido ocho días de 2022, cuando la muerte de Lorena en Barranquilla en un aborto inseguro, seguido de falta de atención médica oportuna, nos demostró dolorosamente que, en efecto, cada día que pasa sin que la Corte atienda nuestro llamado es una condena para las mujeres y jóvenes que necesitan ser acogidas, no denunciadas, en el sistema de salud.
Es insostenible que mientras algunas podemos vivir en el siglo XXI con acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y sin miedo a buscarlos, otras sigan perdiendo la vida a pesar de ser muertes totalmente evitables. Es insostenible también que, contra toda evidencia, se siga usando un mecanismo inútil y dañino como el derecho penal para reducir los abortos, cuando hay otras formas de regulación efectivas y con grandes beneficios.
Bien se dice que “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Magistrados y magistradas, es hora de acabar con esta locura mortal y traernos a todas al siglo XXI.
A pesar de que los sistemas de justicia aún tienen obstáculos estructurales para proteger a las mujeres, para muchas, incluyéndome, siguen siendo el lugar desde el cual buscamos generar transformaciones sociales sostenibles que logren plena igualdad y libertad para todas las mujeres en sus diversidades. En este 2022 seguiremos buscando que la justicia colombiana salde estas y otras deudas más que tiene con nosotras las mujeres.
