Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Muchas mujeres usadas por los carteles de drogas, grupos armados legales e ilegales como esclavas sexuales, son víctimas de Trata de personas interna. Un delito del que poco se habla en Colombia y que no aparecen en las estadísticas de las entidades oficiales
Siempre que pensamos en Trata de personas, nos imaginamos casos de película en donde la persona es obligada a salir del país y esclavizada en otro lugar del mundo por años. Si bien sí hay casos con esas características, no todos ocurren al estilo de la película “Taken”.
Lejos de los estereotipos de las películas, en Colombia tenemos casos de trata interna de personas. Muchas de esas personas son mujeres, que sin salir del país, son forzadas a realizar trabajos de todo tipo, sin remuneración alguna.
Aun teniendo remuneración, cuando ésta viene con una total restricción de la libertad y autonomía, de cualquier manera constituye Trata de personas. En el marco del conflicto armado, muchos grupos armados legales e ilegales contrataron servicios sexuales con redes de trata, o fundaron sus propias redes (como en el caso de “la Comunidad del anillo” de la Policía colombiana).
Un claro ejemplo de esto son los grupos paramilitares que adquirieron nuevos nombres después de la “desmovilización” del 2005, que son bien conocidos por estas prácticas delictivas, afectado la vida de muchas mujeres y niñas.
Por eso, preocupa profundamente el abordaje que algunos medios le dan al tema, banalizando un delito grave que restringe la libertad de las mujeres y niñas, costándoles la vida en muchos casos.
Este artículo de Revista Semana habla de las mujeres que prestan servicios sexuales al Clan Úsuga, refiriéndose a ellas como: mujeres a las que “la ambición las lleva a someterse a situaciones indignantes”.
Encabezan el artículo con fotos “sensuales” de estas mujeres, lo que resulta bastante amarillista. Si bien hay muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual de manera libre, y como lo ha dicho la Corte Constitucional, es un trabajo por el que no pueden ser discriminadas, no hay que desconocer que muchas de las mujeres que prestan servicios sexuales a estos grupos, lo hacen porque al decir no pondrían en riesgo sus vidas o la de sus familias.
Muchas de estas mujeres viven en las zonas de influencia de estas organizaciones delictivas. Negarse a acceder a los deseos de personas armadas y con mucho poder no es una opción sencilla.
El hecho de recibir un pago, no necesariamente significa que los servicios se hayan prestado libre y voluntariamente.
Puede que efectivamente sea así en algunos casos, pero es ingenuo negar que muchas de ellas son forzadas de una forma u otra. En zonas de influencia del Clan Úsuga, o de otras organizaciones armadas, como Buenaventura y Urabá, se evidencia que estas mujeres de alguna manera se vuelven “propiedad” del grupo armado, y las matan si son vistas hablando con alguien más.
Muchas de estas mujeres son usadas por las mismas autoridades para llegar a las cabezas de estos grupos, al mejor estilo de una carnada, sin tener en cuenta su seguridad. : “Investigamos que tipo de mujeres les gustan a estos lideres y por ahí caen” (Ver este artículo).
Este artículo de El Espectador da cuenta de las dinámicas del Clan Úsuga para reclutar niñas y adolescentes, evidenciando las formas en que las obligan y amenazan.
Sin embargo, dice el artículo de Revista Semana que vengo citando que “ (..) a pesar de la larga y trágica historia de la relación entre mujeres y mafia, algunas jóvenes siguen dispuestas a arriesgar la vida por involucrarse con semejantes personajes”.
La pregunta que surge es si estas generalizaciones son pertinentes y serias cuando se hace periodismo. ¿De verdad todas estas mujeres y niñas escogen estas situaciones? Puede ser que haya mujeres que acudan voluntariamente a los llamados de estos grupos, y están en toda la libertad de hacerlo, pero, así como lo muestra el informe de El Espectador que cito arriba, es innegable que estas organizaciones tienen el poder para obligar a muchas mujeres y niñas, aunque las llenen de regalos y dineros que buscan compensar la perdida de su libertad. El Estado no ha logrado controlar este tipo de grupos que hace unas pocas semanas tuvieron 36 municipios en Paro Armado. ¿Podrían las mujeres de estas regiones enfrentarlos cuando son requeridas para prestarles servicios?. Dejo la respuesta a su criterio.
Es hora de reconocer que Colombia tiene un serio problema de Trata de personas interna, que se viene recrudeciendo en el marco del conflicto armado y el fortalecimiento de organizaciones paramilitares. Es el momento de entender que muchas de estas mujeres, a las que los medios llaman ambiciosas, son víctimas de Trata de personas, y que aún no hay una ruta clara de atención para ellas. Nadie tiene una cifra precisa de cuantas mujeres y niñas han sido usada por estos grupos como esclavas sexuales, por lo que terminan siendo víctimas invisibles.
¿No sería mejor que estos sectores del periodismo, que tildan de “interesadas” a las mujeres, denunciaran las redes de trata que los Úsuga y otros grupos armados han formado y llamara a las autoridades a protegerlas?
Les dejo la pregunta para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
@alejitacoll
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Foto de portada: El Espectador
