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El panorama que se tiene sobre la realidad de acceso a servicios de aborto seguro es parcial e incompleto. La información sobre el uso de servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia no es clara, unificada o actualizada.
Colombia presentó el séptimo informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el 19 y 20 de octubre en Ginebra. Dentro de las observaciones y recomendaciones que hizo este Comité al país se incluyeron las preocupaciones que tienen sobre el acceso de las colombianas a servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
Las observaciones finales se centraron en las barreras de acceso a servicios de aborto seguro que las mujeres continúan enfrentando, específicamente relacionadas con el mal ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal de salud y la falta de personal capacitado: barreras que exponen a las mujeres a prácticas de aborto inseguro. Las recomendaciones para disminuir barreras de acceso radican en mayor información pública de cómo acceder al servicio, adecuada implementación de la objeción de conciencia y capacitación de prestadores.
Ahondando en el tema, estas observaciones y recomendaciones se dieron en parte por la preocupación que generó ante el Comité de la ONU la falta de respuestas satisfactorias en el tema de aborto. Y es que los representantes gubernamentales que rindieron cuentas no tenían como presentar datos unificados ni actualizados sobre la realidad colombiana.
Las cifras de aborto en Colombia varían según la institución que las reporta, es así que de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social hubo 4.638 abortos en el 2015; mientras que la Secretaría de Salud de Bogotá reportó en el mismo año 13.790 interrupciones.
El Instituto Guttmacher de Nueva York realizó en el 2008 el estudio más actualizado con el que se cuenta para dar contexto en el país y en el cual se calculó que, en ese año, se hicieron 400.400 abortos en Colombia de los cuales tan solo 322 (0,08%) fueron reportados como procedimientos legales. Es decir, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se presentó -en términos de cifras de aborto- una realidad poco clara y casi que contradictoria; y se mostró que en 2016, para contexto y comparaciones, seguimos utilizando cifras de la situación en Colombia de hace ocho años, apenas dos años después de la despenalización.
El sistema de salud colombiano no cuenta con un sistema de información en tema de aborto que le permita al sector público asumir el liderazgo de manera integral y ver todo el panorama. Los efectos de la falta de información oficial, consolidada y actualizada son varios y se ven en diferentes niveles.
Por ejemplo, a nivel de prestación de servicios no permite saber quién está accediendo a éstos y, más problemático aún, quien no; esto es especialmente grave cuando se entiende que en el acceso a servicios de aborto confluye el ejercicio de múltiples derechos. A nivel legal, no es claro -en términos de acceso- el efecto que han tenido las múltiples sentencias a favor del acceso a servicios de aborto. A nivel de las organizaciones e instituciones sociales, desdibuja el trabajo de muchas personas que han contribuido a implementar servicios de aborto seguro en los casos establecidos por la corte constitucional. La falta de estadísticas además contribuye a la percepción – cierta o no – de que los servicios seguros no se usan y que el aborto es un asunto para la clandestinidad.
En otras palabras, se perpetúa la idea de que el aborto es una práctica informal e invisible a pesar de que en Colombia sí hay centros de servicios seguros que las mujeres sí usan. Esta percepción impacta, entre otras cosas, el discurso popular y las representaciones culturales y se usa para estigmatizar y desacreditar a los prestadores de servicios y a las mujeres que acuden a ellos. Lo anterior no contradice que, en Colombia, probablemente la mayoría de los abortos aún se dan en instituciones no habilitadas.
El punto es que no sabemos cuántos son ni en qué proporción. No tener datos actualizados es una forma de silencio y más en una época donde los datos y la información son bienes activos que guían decisiones. El silencio y la visión fragmentada de la situación del aborto, especialmente de parte de organismos oficiales, contribuyen a perpetuar la imagen negativa del servicio, evita su normalización y fomenta argumentos contrarios a los derechos de las mujeres y parejas.
Tener estadísticas consolidadas y un panorama claro de los servicios de aborto en Colombia contribuiría a entender y a disminuir, a través de respuestas estructuradas, las barreras de acceso, su magnitud y sus causas. Es decir, contribuiría a informar políticas públicas para implementar las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y para cumplir con otros compromisos internacionales en materia de salud pública y derechos humanos como lo son los adquiridos en la Conferencia del Cairo en 1994, las metas en salud sexual y reproductiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros indicadores de desarrollo social y de equidad.
Pero sobre todo tener un panorama claro permitiría ubicar a las mujeres colombianas y sus necesidades como el centro y el fundamento de esas respuestas estructuradas.
