Pandemia y mujeres rurales: voces desde el Urabá y el Catatumbo

En la Fundación Ideas para la Paz dialogamos con lideresas del Urabá antioqueño y Norte de Santander sobre sus preocupaciones frente a la crisis sanitaria en materia de equidad de género en sus regiones. Estas fueron sus reflexiones.

Esta columna fue escrita en colaboración con: Laura Cuéllar, Lorena Zárate, Fanny Escobar, Sandiego Zambrano, Diana Amaya y Martha Cáceres, investigadoras nacionales y gestoras locales de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)¹.

Los efectos que el covid-19 supone para las mujeres profundizan las desigualdades y podrían significar retrocesos en sus derechos. Hasta ahora, en las principales ciudades se ha evidenciado que las mujeres son las más golpeadas por el incremento en las labores de cuidado, violencias basadas en género (VBG) y barreras de acceso a la justicia y a la salud sexual y reproductiva². También, podrían estar siendo particularmente afectadas en términos de generación de ingresos.

Por el contrario, lo que sucede en las regiones no es del todo claro, considerando las diferencias entre cabeceras, ruralidad y ruralidad dispersa y aspectos como las dinámicas del conflicto armado, los rezagos en la conectividad, la adecuación de las medidas de aislamiento según las lógicas rurales y las capacidades locales de respuesta.

Para acercarnos a esos territorios donde hay dinámicas del conflicto armado vigentes, realizamos un ejercicio con lideresas del Urabá antioqueño y Norte de Santander en el que dialogamos sobre sus preocupaciones frente a la crisis sanitaria en materia de equidad de género en sus regiones.

Estas son sus reflexiones: 

• “La violencia basada en género se ha incrementado y algunas instituciones están trabajando vía telefónica, pero toda la información no se está pudiendo recopilar”

Las lideresas coinciden en que persisten las limitaciones en el acceso a rutas de atención para casos de VBG que existían antes del covid-19, y se ha profundizado la desinformación, la desconfianza institucional y el miedo a la denuncia. Si bien se han activado líneas de atención, las medidas de aislamiento han limitado el acceso de las mujeres a redes comunitarias o familiares de apoyo, y han sumado un mayor temor a denunciar. Las radios comunitarias, aplicaciones y redes sociales han ganado protagonismo para prevenir estas violencias y difundir información.

• “Por la pandemia no ha dejado de operar el narcotráfico. La prostitución de niñas y mujeres colombianas, venezolanas y haitianas ha incrementado”

Las dinámicas de explotación sexual se han transformado por las medidas de aislamiento, limitando el seguimiento a los derechos de las mujeres. En estas dos regiones, la trata de personas, el tráfico de migrantes y particularmente la explotación sexual se asocian a su carácter fronterizo y a la influencia de grupos armados ilegales. Las redes de explotación sexual han vinculado a niñas y mujeres colombianas y venezolanas, lo que representa un riesgo mayor en el contexto actual, sobre todo en la frontera colombo-venezolana de los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander y Cúcuta, así como en la frontera con Panamá, en los municipios de Turbo y Necoclí. 

• “Mujeres violentadas están volviendo a sus casas. No tienen a donde llegar o donde quedarse; tienen que volver al sitio donde está el agresor y eso es lo que más nos preocupa”

En el Urabá antioqueño las organizaciones de mujeres han activado sus propias rutas de atención. En municipios como Apartadó, las mujeres víctimas de violencia perciben en las lideresas un puente confiable para su protección y para acceder a canales institucionales de denuncia. En esto, resulta clave la articulación entre las entidades públicas que componen la ruta de atención a VBG y los procesos organizativos de mujeres.

• “Hay problemas con las ayudas humanitarias por el aislamiento. A nivel veredal es más difícil llegar, gobernación y cooperación internacional no han podido moverse”

En el Catatumbo, la atención de organismos humanitarios e institucionalidad nacional y regional se encuentra limitada por la continuidad de acciones armadas, lo que aumenta los riesgos de protección y dificulta el seguimiento a las violencias basadas en género.

• “Las mujeres de veredas más lejanas no tienen información sobre el pico y cédula y otras medidas. Hay temor por una posible crisis alimentaria y económica”

No hay claridad sobre las medidas de contención económica de cara a las situaciones particulares de las mujeres. Los auxilios económicos no necesariamente están cubriendo sus necesidades, a lo que se suma una preocupación por las limitaciones de acceso a bancarización. Tampoco hay claridad sobre el tipo de ayudas o auxilios a los que pueden acceder. Estas condiciones se agudizan para aquellas que habitan en la ruralidad dispersa. 

• “Se sigue saliendo a la finca a trabajar; eso del aislamiento se vive diferente en zonas rurales. Tenemos la idea de impulsar huertas caseras para repartir alimentos”

Las mujeres rurales vinculadas a iniciativas productivas prevén afectaciones sobre las cadenas regionales de comercialización, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. En el caso del Urabá antioqueño, aunque los cultivos de pancoger brindan ciertas garantías, hay un incremento en los precios de los productos de la canasta familiar y dificultades para la comercialización. En el Catatumbo, el cierre del comercio local ha impactado las economías familiares, por lo que las asociaciones de mujeres han propuesto impulsar huertas caseras y los cultivos de pancoger.

• “Habría que ver a nivel regional cuáles son las condiciones de conectividad de las mujeres y cómo podrían impulsarse canales y emisoras comunitarias para la participación” 

Si bien la institucionalidad ha adaptado sus actividades para dar continuidad a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la virtualidad implica un reto mayor en las zonas rurales. A nivel nacional, el porcentaje de personas inscritas a internet fijo es de 13.89 por ciento, y en municipios Pdet es de 5.43 por ciento. Se suma que, según el MinTic, la brecha de acceso entre mujeres urbanas y rurales tiene una relación de 2 a 1³. A los rezagos que ya existían en la implementación de medidas con enfoque de género del Acuerdo de Paz, se suman preocupaciones sobre la participación efectiva de las mujeres ahora que la implementación se volcó a la virtualidad. 

• “Estamos trabajando en labores de albergue, en conseguir y distribuir mercados. Cuando empezó la pandemia, mi casa se llenó de gente que buscaba ayuda. El trabajo comunitario ha incrementado, hay que seguir”

La gestión de los líderes y lideresas sociales ha sido clave para identificar las necesidades humanitarias. En el Catatumbo, las Juntas de Acción Comunal han creado controles sanitarios a modo de prevención. En el Urabá, los líderes han impulsado la gestión de ayudas humanitarias e identificación de necesidades sanitarias. Esto conlleva, sin embargo, a que asuman mayores riesgos asociados a brechas de género y a la influencia de los grupos armados que han aprovechado la emergencia sanitaria para fortalecer su control territorial. En el caso de las lideresas, los roles asumidos, sumados a las responsabilidades que ya tienen por sus liderazgos y al incremento en las labores de cuidado de sus familiares, pueden ocasionar sobrecargas que limiten sus posibilidades de generación de ingresos y resiliencia económica en el mediano y largo plazo.

• Además de la preocupación por la limitada capacidad local para contener el virus, en el Catatumbo se han generado conflictividades sociales por cuenta de la erradicación de cultivos ilícitos. Si bien el Ejército detuvo las operaciones de erradicación forzada —particularmente en el municipio de Sardinata—, este tema sigue generando preocupación y tensión entre las comunidades, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional.