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Incluir un pacto de equidad de género en estas condiciones es tramposo además de ineficaz. Las mujeres no pueden ser ciudadanas de pleno derecho en una sociedad desigual e injusta en general.
El documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por colombia. Pacto por la Equidad” está estructurado alrededor de 25 “Pactos” que abordan una enorme cantidad de temáticas. Como carta de navegación de todo un país en un cuatrenio incluye los múltiples aspectos que servirán como motores del “desarrollo” colectivo.
Más allá de las críticas posibles a la idea misma del desarrollo, quiero señalar algunos de los asuntos más problemáticos del documento, y en general, de la propuesta política del gobierno de Iván Duque, frente a las ciudadanas colombianas.
Estos asuntos tienen que ver con su falta de conocimiento sobre políticas de género y derechos de las mujeres, la obsolescencia de algunas de las medidas incluidas y la distancia entre lo enunciado y lo posible, evidenciada en el hecho de que en el Plan Plurianual de Inversiones el pacto relacionado directamente con la temática no tiene recursos asignados.
El Plan de Desarrollo en su versión actual desconoce lo que ha sucedido en los últimos 20 años en materia de políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres en el país.
En primer lugar porque el “Pacto de equidad para las mujeres” establece como primer objetivo “fortalecer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem), como entidad rectora de la política pública de género hacia las mujeres, [para lo que] resulta de vital importancia ampliar sus capacidades técnicas, administrativas y presupuestales, de manera que le sea posible responder ante las crecientes demandas de transversalización del enfoque de género, tanto a nivel nacional como territorial” (P. 834).
La existencia misma de la Cpem socava la posibilidad de alcanzar este objetivo porque dentro del organigrama burocrático del Estado es una entidad que no se equipara a un ministerio ni a un departamento administrativo, por lo tanto su capacidad de orientar o influir en el resto del gobierno ha sido débil o inexistente.
Ese lugar secundario en la jerarquía de la administración pública implica que su personal y su presupuesto siempre van a ser insuficientes para adelantar una tarea de esta envergadura de manera eficaz. Por esa misma razón, el objetivo propuesto para la Cpem en términos de liderar “el desarrollo de una política pública nacional que oriente y articule la oferta del Gobierno nacional hacia el cierre de brechas socioeconómicas entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres en las dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales” (P. 835) es inalcanzable para una entidad muy inferior a un ministerio.
Así como la experiencia de las últimas dos décadas ha mostrado que una Consejería no es una institución con la fortaleza necesaria para alcanzar objetivos en materia de equidad de género, tampoco lo es para orientar o asesorar a “los entes territoriales, para hacer seguimiento permanente y apoyar la inclusión del enfoque de género en las políticas departamentales y municipales”.
Esa afirmación demuestra un claro desconocimiento en términos de que las experiencias más exitosas en materia de políticas de igualdad de género e incluso de institucionalización han sido llevadas a cabo en gobiernos locales, a quienes no sólo la Cpem no podría asesorar sino que incluso, pueden mostrar resultados concretos en materia de promoción y garantía de derechos a las mujeres.
Las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, Cartagena, Pasto, la Gobernación de Antioquia, entre otros gobiernos locales, tienen políticas públicas y mecanismos de género con amplias trayectorias que, en medio de innumerables dificultades, han impulsado estrategias en temáticas como la generación de información sobre la violencia de género, refugios para víctimas, promoción de la participación política, medidas en salud, educación, cultura no sexista ni racista, derechos de las mujeres LBT, etc. En este punto, la visión centralista del gobierno desconoce procesos y logros en los territorios.
En segundo lugar, las medidas incluidas son en su mayoría obsoletas y en poco se diferencian de las primeras propuestas de este tipo formuladas precisamente hacia mediados de los años noventa.
Es difícil pensar que nada haya cambiado en el país y para las mujeres. Hay brechas de género que se han superado, otras reducido, otras se han ampliado y se enfrentan otras nuevas, es imposible entonces que no haya una capacidad reflexiva que permita plantear unas medidas sobre la base de lo avanzado y de los nuevos retos.
El aprendizaje más costoso y tardío para el movimiento feminista y el movimiento social de mujeres ha sido el hecho de que no hay un sujeto mujer idéntico, con una esencia que las convierta en un grupo social homogéneo con las mismas necesidades e intereses.
En ese sentido, las políticas de equidad de género no actúan sobre un sujeto único cuya vida sólo se determina por cuestiones de género, sino que hay mujeres que sufren el racismo, las brechas de desigualdad campo-ciudad, las diferencias por edad, discapacidades, identidades y orientaciones sexuales, las injusticias socio-económicas, entre otras.
Un apartado aislado que se denomine “Pacto de equidad para las mujeres” que no tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre ellas avanza poco o nada en su meta, ya que deja de lado a amplios sectores de mujeres que enfrentan injusticias también por ser parte de pueblos y comunidades afectadas por una sociedad desigual e injusta.
El Plan incluye disposiciones como el impulso de presupuestos sensibles al género, la creación de una comisión intersectorial sobre cuidado, una mayor integración de las mujeres al mercado laboral, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, para el “cuidado (primera infancia, infancia y adolescencia, personas con discapacidad y dependencia funcional, adultos mayores)”, etc. Medidas que de manera aislada han mostrado un impacto mínimo cuando no han sido totalmente ineficaces.
Ahora, por ejemplo, medimos y contamos en las estadísticas nacionales el trabajo del cuidado pero el Estado ha sido incapaz de actuar para detener la creciente informalidad en el trabajo que ha llevado a las familias a niveles de pobreza cada vez más alarmantes.
Políticas sustentadas en este tipo de visión de la equidad de género no actúan para desestructurar las relaciones de poder que siguen marginando a las mujeres de la toma de decisiones individuales y colectivas y mantienen intactos las jerarquías sociales, pero también los prejuicios y estereotipos que vinculan a las mujeres de manera exclusiva con estas actividades.
En tercer lugar, la revisión del Plan Plurianual de Inversiones permitió evidenciar que el pacto XIV “de equidad para las mujeres” no tiene presupuesto asignado.
Tal vez ese sería un mejor comienzo para este análisis porque si de partida hablamos de un conjunto de acciones que no están financiadas en realidad estamos hablando de intenciones y palabras, pero no de medidas de política. Si se observa el detalle de la Tabla 2. Plan Plurianual de Inversiones 2018-2022 por pacto y línea (P. 1107) se evidencia que del pacto XIII se pasa al XV y justamente el XIV no tiene una asignación presupuestal.
Puede que el gobierno justifique esta omisión en la posibilidad que tiene de obtener recursos de otros pactos, y que de manera transversal terminarían financiando las acciones propuestas pero si es esa la explicación, de nuevo se abre la pregunta acerca de cómo avanzar en derechos de las mujeres sin recursos específicos ni de obligatoria destinación para este fin.
El problema del presupuesto más allá de la imposibilidad de la ejecución de las acciones, ubica un debate vertebral en los estudios feministas actuales: ¿es posible pensar políticas públicas de equidad de género desarticuladas del resto de la acción del Estado? Más aún, ¿podríamos quedar satisfechas con un presupuesto específico para estas medidas mientras, por ejemplo, no se asignan recursos para el Plan Marco de Implementación de los acuerdos de paz (Documento Conpes 3932-2018) que incluye en su Capítulo de Género 51 indicadores que miden el cumplimiento de medidas afirmativas?
¿Es satisfactorio en términos de equidad un plan que desmantela derechos laborales adquiridos, da vía libre a la extracción minera, socava la ya golpeada descentralización, reproduce privilegios sociales y no plantea una lucha frontal en contra de la desigualdad o la pobreza en el país?
Incluir un pacto de equidad de género en estas condiciones es tramposo además de ineficaz. Las mujeres no pueden ser ciudadanas de pleno derecho en una sociedad desigual e injusta en general.
La equidad es un principio ético que se plantea como necesario para avanzar hacia sociedades más justas, por eso poco se puede esperar de gobiernos que dicen estar a favor de la equidad de género pero cuyas medidas favorecen sólo a las élites políticas o económicas.
Muchas políticas públicas de género han aspirado a que haya más mujeres en cargos directivos mientras que las amplias mayorías luchan de manera cotidiana por llevar alimento a sus familias en condiciones indignas, por ello la equidad de género así planteada no puede servir como excusa para respaldar un pacto como este, que permite que una minoría acceda a privilegios a costa de la explotación de colectivos empobrecidos.
En este momento político del país quienes creen en la igualdad y en la justicia debe mantener encendidas las alarmas y generar movilización social para exigir un plan de desarrollo que respete la Constitución, las leyes y los derechos adquiridos, y reclamar las profundas reformas que se requieren para alcanzar la igualdad y equidad en el país.
