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El proyecto de ley que se presentó este 20 de Julio es totalmente inviable desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo, es una utilización burda del cuerpo de las mujeres para hacer populismo legislativo. Este tipo de proyectos atraen la atención de personas que están en contra del aborto a costa de la vida y la salud de muchas mujeres.
Este 20 de Julio empezó una de las legislaturas más atípicas y complejas que se hayan visto en los últimos tiempos. No se trata solo del ambiente enrarecido por la virtualidad a la que nos obliga la pandemia, sino de varios proyectos bastante llamativos que se presentaron, entre los que se encuentra una propuesta para que las mujeres que quieran interrumpir un embarazo tengan la autorización del hombre que engendró el feto.
Este proyecto tiene muchos problemas de todo orden, pero sobre todo, no tiene viabilidad práctica. ¿Qué tipo de prueba se le va a pedir a un hombre para que acredite que efectivamente es la persona que engendró? ¿Ante quién se presenta ese permiso?
¿A quién puede pedir esa “autorización” una mujer que quiera acceder a un aborto después de una violación? ¿Van a obligarla a buscar a quien la violentó para que dé su consentimiento? En casos de inviabilidad con la vida extrauterina, ¿van a permitir que un hombre obligue a una mujer a adelantar un embarazo, con todo lo que eso implica, aún sabiendo que el feto no sobrevivirá al parto? ¿Debe el hombre que engendró un feto decidir si una mujer debe pasar por un riesgo para su vida, o asumir afectaciones a su salud, para llevar a término el embarazo?
Estas situaciones, que en el papel pueden parecer cuestiones jurídicas complicadas, realmente tienen un impacto práctico profundo. Por ejemplo, Martha Zulay Gonzales, de 35 años, falleció poco después de la aprobación de las tres causales que permiten interrumpir un embarazo en Colombia. Ella no pudo tratar su cáncer a tiempo, al estar embarazada, que es una de las contraindicaciones para el tratamiento de esa enfermedad. Martha dejó cuatro hijas huérfanas, por cuenta de la prohibición total del aborto que le impidió realizarse sus quimioterapias.
A ese escenario dantesco de hace 14 años nos quieren regresar con proyectos como estos, que pretenden incorporar obstáculos para la prestación del servicio de interrupción del embarazo, que por cierto, cualquier persona con útero en edad reproductiva puede necesitar. Quienes dicen luchar por los niños/as promoviendo la prohibición del aborto, no les importa la situación de las hijas de Marta Zulay y las hijas de tantas otras mujeres que murieron por cuenta de una prohibición absurda, o los obstáculos que vivimos hoy para acceder a un servicio médico esencial de interrupción del embarazo.
La Corte Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que las decisiones reproductivas nunca deben estar sometidas a una autorización de terceras personas. También ha dicho que el Congreso es la entidad competente para regular lo relacionado con la interrupción del embarazo, siempre que esto no implique un retroceso en los derechos ya adquiridos o afectaciones a los derechos fundamentales de las mujeres.
Por eso, el proyecto que se presentó este 20 de Julio es totalmente inviable desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo, es una utilización burda del cuerpo de las mujeres para hacer populismo legislativo. Este tipo de proyectos atraen la atención de personas que están en contra del aborto, y captan sus votos, a costa de la vida y la salud de muchas mujeres.
Estas situaciones que se discuten con tanta pasión en abstracto, deben analizarse poniéndole una cara y un nombre. ¿Quisiera usted que su hermana, su novia, su mamá su hija se vieran obligadas a vivir un embarazo producto de una violación, o una gestación en condiciones precarias de salud? ¿Qué ocurría si quien está en una situación de estas es alguien cercano a sus afectos? ¿Estaría de acuerdo con que la ley la obligara a buscar el permiso de la persona con quien se embarazó para poder acceder a un servicio de salud que le puede salvar la vida?
