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El Estado colombiano no garantiza y protege los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres.
Un país en el cual las mujeres puedan vivir con seguridad y dignidad, sin pobreza y exclusión, no es, aún, una realidad para todas las mujeres colombianas. En una sociedad democrática y justa, a cada mujer se le debe garantizar una vida sin carencias vitales, libre de violencias y, con igualdad de oportunidades para desarrollar plenamente su potencial humano. Para el logro de este propósito, es necesario brindar seguridad humana a las mujeres.
La seguridad humana significa para las mujeres una vida libre de amenazas a sus derechos, a su seguridad e incluso a sus propias vidas. En su informe de 1994, “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”, del PNUD, se priorizó la seguridad de las personas sobre la seguridad territorial y el desarrollo humano sostenible sobre el armamentismo. Para el PNUD, los criterios que garantizan la seguridad humana tiene que ver con. Una población libre del terror y de carencias. Asimismo el tema de la seguridad humana se encuentra incorporado en el Informe del Milenio de las Naciones Unidas, en él se sostiene que: “las exigencias de seguridad han hecho que hoy en día abarque también la protección de las comunidades y los individuos de diversos actos internos de violencia.
Teniendo como marco el enfoque de seguridad centrado en las personas, se puede afirmar que el Estado colombiano no garantiza y protege los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres, como sujetos expuestos a amenazas, terror e indefensión; como tampoco la libertad para tomar decisiones y actuar a nombre propio; muy por el contrario, las mujeres que viven situaciones de violencias, deben continuar viviendo en ambientes de inseguridad y temor. Tampoco se les provee de servicios, orientación y atención que les permita no solo denunciar, sino también elaborar los hechos de violencias, y quizás unos de los problemas más críticos son: 1) los obstáculos para el acceso a la justicia; 2) la repetición de los hecho, que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres; y 3) la falta de reconocimiento y legitimidad como sujetos de derechos.
Sumado a lo anterior, la sociedad ha naturalizado los actos violatorios a los derechos humanos de las mujeres; como una de las consecuencias de esa naturalización, es que la mayoría de esos actos, no se investigan y no se sancionan. Sus autores no son procesados, y ellos cometen los delitos seguros de que no existirá sanción. Esto contribuye a crear un clima, en el cual los actos de violencia contra las mujeres se consideran normales, no delictivos, y refuerza imaginarios, en las mujeres y en la sociedad, acerca de que ellas no son sujetos de derechos; por lo tanto, la justicia no la conseguirán.
Puede ser que las mujeres renuncien a buscar justicia por no disponer de los recursos económicos necesarios para acceder al sistema legal, o por temor, pero la institucionalidad responsable de proteger, sancionar, investigar y prevenir, se muestra remisa a creer y prestar asistencia a las mujeres que han sido víctimas de las violencias. En este sentido, el Estado colombiano no ha cumplido son su obligación de la debida diligencia.
Es obligación del Estado colombiano que los funcionarios-as o quienes actúen con su autorización, no cometan actos de violencia contra las mujeres; asimismo, es una prioridad que el Estado y sus agentes tomen medidas necesarias, oportunas y eficaces para impedir que individuos o grupos violen los derechos humanos de las mujeres; el Estado debe hacer realidad los derechos de las mujeres, garantizando condiciones y una infraestructura adecuada, a fin de eliminar las violencias y las injusticias que viven las mujeres.
También es una realidad que las mujeres, hoy, tenemos mayor control sobre la sexualidad y la reproducción, disputamos poder en lo público y lo privado, exigimos derechos, el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Estado colombiano, y ganamos autonomía aún en contra del patriarcado. Pero los varones, se resisten a dejar el poder individual y colectivo que tienen, o han tenido, sobre las mujeres. Y de ello, emergen nuevas formas de violencia como: el asesinato de mujeres por el solo hecho de serlo, las redes globales de trata de mujeres, jóvenes y niñas, la explotación sexual y las violencias en las redes sociales, entre otras. Formas que pretenden mostrar a las mujeres que deben volver a la familia; no porque este espacio sea el más seguro para ellas, sino porque se considera que desde allí es más fácil controlarlas y disciplinarlas. Pero este regreso es inviable, debido no solo a los cambios sociales, económicos y culturales, que están sucediendo desde hace más de cuatro década; sino también a la voluntad indeclinable, de cada vez una mayor número de mujeres que se resiste a vivir en la subordinación y opresión. Es por lo tanto, necesario que el Estado y la sociedad garanticen la seguridad de las mujeres, para lograr una paz duradera y con justicia para ellas.
