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La elección de los y las integrantes de la Justicia Especial para la Paz es quizá el proceso más democrático y serio que hemos tenido en Colombia para la elección de una alta Corte. Uno de los aspectos más destacados de la elección, es que más de la mitad de las personas seleccionadas son mujeres.
La Justicia Especial para la Paz tiene magistradas/os!
52 personas (27 Mujeres, para un 53%), se encargarán de asumir casos priorizados relativos a graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el marco del conflicto armado. Esta elección de magistrados/as ha generado múltiples reacciones en todo sentido. Aquí pretendo destacar algunos aspectos que hacen de esta justicia y la selección de sus integrantes, un momento histórico para el país.
1. Elección abierta. Es la primera vez que tenemos un proceso abierto a la ciudadanía para elegir una alta Corte. Los cerca de 2300 perfiles de aspirantes estuvieron abiertos al público, disponibles para observaciones ciudadanas, algo ha pasado en pocas ocasiones en la elección de una alta Corte Colombiana. En algunos casos el Presidente ha sometido la elección de sus ternas a cometarios de la ciudadanía, pero no es la regla general en los procesos de elección de altas Cortes.
2. Diversidad Étnica. En la lista de personas seleccionadas para integrar la Justicia Especial hay mujeres afrocolombianas e indígenas. Esto contribuye a saldar una deuda histórica en lo relativo a la participación de mujeres étnicamente diversas en instancias judiciales. Es de resaltar que los perfiles escogidos cuentan con amplias credenciales, como Belkis Izquierdo, Ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, y Xiomara Balanta, docente universitaria con amplia experiencia en casos de violaciones a derechos humanos. La JEP será la primera instancia judicial colombiana en tener un número amplio de personas étnicamente diversas.
3. Diversidad regional. De las 51 personas elegidas, 34 han ejercido sus carreras en regiones de Colombia afectadas por el conflicto armado. (66% de participación regional). 19 de las mujeres elegidas provienen de regiones colombianas. Esto representa un gran avance en la eliminación del centralismo en la composición de las Cortes en nuestro país.
Ahora que ya el Comité de Escogencia se pronunció, es esencial que el Congreso tramite a la mayor brevedad posible la Ley Estaturaria que regulará aspectos del funcionamiento de esta nueva justicia. El trámite en el Congreso hasta ahora ha ido a marcha lenta, lo que puede poner en riesgo la entrada en funcionamiento de la Justicia Especial, teniendo en cuenta que estamos ad portas de dos elecciones en 2018, y la vigencia de la Ley de Garantías que impediría contratar los bienes y servicios necesarios para que la Justicia Especial pueda funcionar adecuadamente.
Ya el Presidente expidió el Decreto 1592 de 2017 que busca darle celeridad a la puesta en marcha de la JEP. Sin embargo, es clave que el Congreso apruebe la Ley Estatutaria que ayudará a darle forma. No se trata de hacer un “pupitrazo” o evitar la deliberación democrática. Es posible hacer una discusión amplia e incluyente, sin estrategias dilatorias, y siguiendo una agenda con tiempos concretos.
Las víctimas del conflicto han esperado por años esta justicia especializada. Es importante que este gran avance al conformar un Tribunal equilibrado, serio, diverso y paritario no se pierda por cuenta de los intereses politicos que se viven en el Congreso e impiden el adecuado trámite de las normas que buscan implementar el Acuerdo de Paz. Las condiciones están dadas para que tengamos una justicia que finalmente responda a las necesidades de las víctimas. Ojalá los y las Congresistas sepan estar a la altura del momento histórico que les ha tocado vivir.
@alejitacoll
