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Esta es una oportunidad histórica de la Corte Suprema de tomar una decisión a favor de las mujeres, y garantizarles que van a acceder a la justicia. También es una oportunidad histórica de la sociedad para hacer trascender la indignación que expresamos en las redes sociales en 140 caracteres, y exigir la elección de un fiscal que no culpabilice  a las mujeres de lo que han vivido.

Mañana 23 de Junio  la Corte Suprema de Justicia decide quién será el proximó/a Fiscal General de la Nación. Hace poco la Corte escuchó a las personas postuladas en una audiencia, y uno de ellos, Nestor Humberto Martínez hizo unas declaraciones polémicas. Se refirió a la violencia contra las mujeres,  llamandola “violencia de ocasión” y argumentando que las denuncias por violencia intrafamiliar deben ser tramitadas de otras formas porque las sanciones carcelarias “ponen en riesgo a la familia”. 

Los funcionarios públicos y sus acciones son un claro reflejo de lo que somos como sociedad. ¿Alguna vez ha escuchado entre sus conocidos, hablando de violencia contra las mujeres, decir: “Algo habrá hecho para merecerlo”? ¿Ha escuchado a su familia o amigos decirle exagerada a una mujer que denuncia?. He ahí al pequeño Nestor Humberto que tenemos interiorizado como sociedad, que nos hace ver la violencia contra las mujeres como algo que se debe resolver bajo las cobijas. 

Lamentablemente este no es un problema exclusivo de Colombia. En la 46 Asamblea de la OEA que se hizo este mismo mes, un grupo de ciudadanos alegaba que la tipificación de la violencia intrafamiliar “destruye hogares”  y hicieron lobby para que los paises presentes eliminaran los castigos privativos de la libertad contra los agresores. Ellos, al igual que el candidato a fiscal, piensan que la violencia contra las mujeres no es algo que merezca un castigo de privación de la libertad. Cosa diferente piensan las mujeres que día a día viven con el miedo a ser agredidas. 

Exigir la privación de la libertad para agresores no implica un ánimo cárcelero. Es claro que la única respuesta ante la violencia intrafamiliar no es la prisión,  pero hay que decir que en algunos casos es  necesaria para proteger a las mujeres, cuando sus vidas están en riesgo. Hay otras medidas que se pueden usar para proteger a las víctimas, pero que deben ser complementarias y analizando cada caso en particular.  En Colombia desde 2008 tenemos una ley que contempla acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres (L.1257/08), y el país firmó desde 1997 la Convención Belem do Pará, que tiene el mismo propósito, pero a nivel regional. El problema es que estás normas no se cumplen a cabalidad  y no tenemos medidas efectivas para proteger a las mujeres. La policia colombiana manifiesta que no tiene la capacidad para proteger a las victimas de violencia intrafamiliar y se limita a darles un número de un celular para que llamen si algo pasa. Si a eso le sumamos la propuesta del candidato Martinez de no encarcelar a los agresores, las mujeres quedarian totalmente desprotegidas. Nuestro país tiene una profunda crisis carcelaria, y hay que resolverla, pero claramente dejar de criminalizar la violencia intrafamiliar no es la manera. De hecho, si se dá una mirada a  las cárceles, no hay una gran cantidad de presos por violencia intrafamiliar, porque no todas las víctimas denuncian, por temor y muchos otros factores. La propuesta de Martinez no resuelve ningún problema,  y más bien crea varios.

En 2009 en Popayán, Leidy Johana Bastidas fue asesinada por su pareja, que la había maltratado por años. Ella puso las denuncias  pertinentes ante las autoridades, y pidió protección muchas veces, pero murió con la medida de protección en su bolsillo. Quizá la Fiscalía y la Comisaría de Familia pensaron igual que Nestor Humberto Martínez, y  consideraron el caso de Leidy Johana “violencia de ocasión”.

Esta es una oportunidad histórica de la Corte Suprema de tomar una decisión a favor de las mujeres, y garantizarles que van a acceder a una justicia. También es una oportunidad histórica de la sociedad para hacer trascender la indignación que expresamos en las redes sociales en 140 caracteres, y exigir la elección de un fiscal que no culpabilice  a las mujeres de lo que han vivido.

@alejitacoll

Abogada. Magistra en Estudios de Género de la Universidad de Hull y la Universidad de Granada. Consultora en Derechos Humanos. Ha desarrollado investigaciones en acceso a la tierra para las mujeres en Colombia y es investigadora para el Crime State Initiative del King's College de Londres. Participó...