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Durante la última década se ha producido una proliferación de grupos armados irregulares en Venezuela que incluyen, entre otros, grupos paramilitares, grandes bandas de crimen organizado y organizaciones irregulares de origen colombiano.
El proceso de crecimiento de grupos armados irregulares con control de territorio y capacidad de gobernanza se produce en un contexto de fragmentación del poder. Esta fragmentación genera serios problemas de gobernabilidad, y constituye una barrera para la recuperación de la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho en el país.
Estos grupos están ocasionando una grave afectación a los derechos de la población venezolana y limitaciones de acceso a la acción humanitaria. Pese a los retos que ello plantea, se trata de un tema ausente del debate público.
El estudio “Una tragedia ignorada. La afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela”, realizado por AlertaVenezuela, busca contribuir al posicionamiento del tema en la agenda, especialmente en los espacios de negociación tanto de Venezuela como de Colombia.
Los cuatro hallazgos
Primero, en los tres grupos analizados se constató que su actividad solo es posible con la anuencia o complicidad de autoridades civiles y militares, del ámbito nacional o local, y desempeñan funciones de Estado en zonas donde este no está presente.
Se trata de organizaciones que se mueven más en función de intereses de carácter económico que político en cuanto a una finalidad de toma del poder. Incluso en el caso de las organizaciones irregulares de origen colombiano, su actividad en Venezuela no tiene un objetivo insurreccional frente al gobierno para disputar la autoridad de este.
Por el contrario, estas agrupaciones suelen ser funcionales a los intereses del gobierno. Por ejemplo, se registraron acciones de limpieza social por parte del ELN en al menos cuatro estados del país, lo que lo ubica claramente como un actor paramilitar.
Segundo, se observan pocas diferencias entre los grupos armados irregulares en cuanto al tipo de derecho humano que afectan. Los tres grupos han perjudicado casi todos los derechos, con algunas salvedades.
Por ejemplo, los derechos a la reunión pacífica y la participación política se ven afectados principalmente por los colectivos armados, los cuales no participan en el tráfico y trata de personas, acciones en las que sí hay participación de las megabandas.
Llama la atención que, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, el nivel de vulnerabilidad de algunos sectores de la población es mayor. Esta situación es aprovechada para una captación de integrantes que ha dejado de ser forzosa, aunque sigue signada por la violencia estructural.
El carácter no forzoso del reclutamiento se observa tanto en zonas urbanas como en rurales y en territorios indígenas. En estos últimos se observó además el sometimiento sexual de las jóvenes indígenas a cambio de alimentos.
Tercero, el acceso a la respuesta humanitaria y la capacidad de acción libre por parte de los trabajadores humanitarios se están viendo cada vez más restringidos por la presencia de actores armados, que tienen control del territorio y capacidad de gobernanza.
Mientras en Colombia la interacción de los trabajadores humanitarios con grupos armados irregulares no está formalmente permitida, en Venezuela es casi impensable la acción humanitaria sin un acuerdo previo, directo o mediante intermediarios con las agrupaciones armadas que controlan el territorio.
Cuarto, a algunos entrevistados se les preguntó: “¿Qué podría pasar con estos grupos armados irregulares en el escenario hipotético de que la oposición gane las elecciones de 2024?”. Los entrevistados afirmaron que eso conduciría a un conflicto armado.
En el caso de un cambio de gobierno, si no se diseñan estrategias de transición que tengan en cuenta la existencia de actores armados, puede abrirse un escenario potencial de resistencia y conflicto.
Mapa de grupos armados irregulares con control territorial y capacidad de gobernanza en Venezuela
Las dos reflexiones
La primera es que resultaría ilusorio plantear procesos de diálogo o negociación para la recuperación de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela si no se toman en cuenta la presencia y el papel de estos actores armados. No se pueden desconocer los niveles de penetración de muchos de estos grupos en territorio venezolano..
La segunda es que resulta imprescindible visibilizar información de los impactos sobre los derechos de la población que tiene la presencia de grupos armados irregulares colombianos en territorio venezolano. En el entendido de que la existencia de grupos armados irregulares es binacional, las respuestas deben ser binacionales.
Para terminar, pero sin cerrar
Cualquier proceso que pretenda abordar la recuperación de la gobernabilidad en Venezuela pasa, de manera insoslayable, por ampliar el rango de actores para tener en cuenta. Hay que incorporar en la agenda la existencia de grupos armados irregulares con control del territorio y capacidad de gobernanza. También hay que diversificar los interlocutores, incluyendo a la sociedad civil en los espacios de negociación, tanto en Venezuela como en el proceso de “paz total” en Colombia.
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