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La historia de ilegalidad permanente en la zona está ligada al contrabando, los ilegales y la crisis venezolana. Investigación del profesor de la UniNorte Luis Trejos.
En esta zona, según el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2009), existen varios corredores naturales de movilidad que posibilitan a los grupos armados ilegales movilizarse entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, y también entre el Cesar, Norte de Santander y la frontera con Venezuela. En este escenario, la Serranía del Perijá es estratégica porque une el nororiente del Cesar y el sur de La Guajira con Venezuela y además ha sido y es utilizado para el tráfico ilegal de drogas, armas y contrabando. Estas rutas representan una ventaja táctica y estratégica para los grupos armados ilegales porque facilitan su aprovisionamiento, su operatividad militar y el desarrollo de economías ilícitas.
Hasta la desmovilización y desarme del Bloque Martín Caballero de las entonces Farc, en los departamentos de La Guajira y el Cesar hacían presencia varias estructuras armadas de las organizaciones guerrilleras Farc y ELN.
Por otra parte, la desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2003 y 2006 dio origen a una serie de grupos armados de naturaleza puramente delincuencial, lo que ha venido produciendo un escenario en el que su continua interacción en clave de confrontación o alianzas es algo común.
Sólo entre los años 2006 y 2012, en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, se registró la presencia de 12 grupos armados ilegales distintos, sin mencionar el no desmovilizado Frente Contrainsurgencia Wayuu de las AUC (Ávila y Guerra, 2012).
Los grupos eran: Frente Arhuaco, Autodefensas Campesinas Independientes, Los Nevados, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños, Los Paisas, Los Rastrojos, Águilas Negras, Grupo Armado Ilegal de Codazzi, Grupos Armado Ilegal del Cesar, Grupo Armado Ilegal de El Copey y Grupo Armado Ilegal del Sur del Cesar (Trejos, 2016).
Es importante señalar que en esta subregión no hay presencia de cultivos ilícitos ni petróleo y que, en este territorio la insurgencia sustentó el grueso de sus finanzas con la extorsión, el abigeato y el secuestro.
Esto último se verifica con las altas cifras de este delito en el Cesar, ya que entre los años 1992 y 1997 fue el departamento que más secuestros reportó a nivel nacional, y entre 1979 y 2010, según el CNMH (2013), fue el tercero a nivel nacional (Badillo, 2018).
Cambios y continuidades en la fase del posacuerdo. Actores armados y factores de atracción
En esta zona, con la desmovilización y desarme de los frentes 59 y 41 adscritos al Bloque Martín Caballero de la entonces guerrilla de las Farc, la desarticulación del Frente Luciano Ariza y el desplazamiento del Frente José Manuel Martínez Quiroz hacia la zona de presencia del Frente Camilo Torres Restrepo y la Compañía guerrillera Capitán Francisco del ELN en el sur del Cesar (ambos adscritos al Frente de Guerra Nororiental), se puede afirmar que solo el sur de este último departamento registra presencia guerrillera activa. Dicha actividad, está más ligada a dinámicas de ilegalidad del Catatumbo (Norte de Santander) que del propio Cesar.
En este territorio del Caribe colombiano, el ELN mantiene cierta capacidad operativa, como se evidenció durante el paro armado realizado por esta organización ilegal entre los días 10 y 13 de febrero de 2018, ya que cinco de las seis acciones armadas que desarrollaron en la región se concentraron en el ataque a infraestructura vial y energética ubicada en municipios del sur del Cesar[1].
La misma dinámica se mantuvo durante todo el segundo semestre de 2018, combinando ataques contra la infraestructura vial y la Fuerza Pública. Es decir, a pesar de ubicarse en zona de frontera su actividad armada se despliega en suelo colombiano y no en territorio venezolano.
El problema de seguridad con respecto a la frontera se presenta en La Guajira, epicentro del contrabando de gasolina y productos de la canasta básica que vienen desde Venezuela y el acopio y exportación de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica y Europa a través de Venezuela y hacia Centroamérica por el mar Caribe.
En la actualidad, el contrabando de gasolina desde Venezuela, según una investigación del Diario el País de Cali, puede generar diariamente hasta US$3 millones en toda la frontera colombo-venezolana.
Esto debido a que al momento de vender la gasolina en el lado colombiano el valor del galón aumenta más de 3.700 veces con respecto al precio que tiene en Venezuela, y puede llegar a tener un costo que oscila entre US$0,84 centavos y US$2,07 (InSight Crime, 2018).
En La Guajira el negocio es controlado por el “Cartel del Contrabando”. Una organización mafiosa que reúne a distintos actores criminales del territorio entre los que se cuentan del lado venezolano a familias históricamente relacionadas con el contrabando y que controlan el tráfico de combustible que sale de Maracaibo (estado Zulia, Venezuela), y llega al municipio de Maicao, Colombia (InSight Crime, 2018).
Esto en alianza con estructuras armadas que hacen presencia en La Guajira, desde antes de la llegada del paramilitarismo a dicho departamento en la década de los noventa del siglo pasado, entre ellas se destacan los Conoconitos, grupo armado compuesto por familias wayuuu del clan Uriana; los Aguaditos, conformados por wayuuus del clan Jusayu? y la banda los Curicheros, que fue comandada por Marcos Figueroa hasta su captura en Brasil en diciembre de 2016 y que, segu?n La Silla Caribe, en 2013 contaba en ese entonces con ochocientos hombres armados y controlaba gran parte de las rutas del contrabando en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira (www.lasillavacia.com, 2013).
Junto a los antes señalados, en el tráfico de clorhidrato de cocaína hacen presencia activa en este departamento unidades del Clan del Golfo que es definido por Álvarez, Llorente, Cajiao y Garzón (2017): como una organización criminal con una estructura militar que hace presencia en el Urabá antioqueño y chocoano, desde donde también despliega estrategias políticas como paros armados, posiblemente con el objetivo de mostrar fuerza, capacidad de efectiva de coerción con el fin de lograr reconocimiento político que le permita iniciar con el Estado un proceso de negociación o de sometimiento legal favorable a sus intereses.
En la actualidad se encuentra bastante golpeado financiera y organizativamente por la acción conjunta de la Policía y el Ejército colombiano en el marco de la operación Agamenón II desplegada en su retaguardia estratégica en la región de Urabá.
Evolución de los cultivos de coca por hectáreas en los departamentos de Cesar y Guajira entre los años 2008 y 2017.
El cuadro anterior confirma que la zona norte (Cesar y Guajira) de la frontera no es territorio de siembra de hoja de coca o producción de clorhidrato de cocaína sino ruta de paso, punto de acopio y plataforma de exportación.
El tipo de inserción que tiene esta zona en el mercado de las drogas ilícitas se relaciona con una historia ligada al contrabando, la presencia de grupos armados ilegales, la crisis institucional venezolana y la presencia permanente de rentas ilícitas, todo lo cual ha dado paso a una situación de ilegalidad permanente, especialmente en la media y alta Guajira.
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