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Este escenario de la pandemia implica para los Estados y los Organismos Internacionales un reto adicional en el diseño de medidas diferenciadas que garanticen los derechos de los refugiados.
Por mandato de la Resolución No. 55/76 del año 2000 de la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 2001 se conmemora el día mundial del refugiado con el propósito de recordar el histórico acontecimiento de la adopción de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 pero, sobre todo, para hacer visible la situación de miles de personas que han sido víctimas del desarraigo en muchos rincones del planeta.
Según las cifras del Acnur hay cerca de 45 millones de personas refugiadas en todo el mundo y los principales motivos son el conflicto armado, la pobreza, la exclusión, la ausencia de oportunidades para el desarrollo, la violencia generalizada y las violaciones sistemática a los derechos humanos.
Situaciones que además de ser muy preocupantes, deberían motivar una profunda reflexión sobre los verdaderos valores de las democracias actuales y sobre la razón por la cual a pesar de que los países desde hace ya varias décadas cuentan con marcos constitucionales y son parte de numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, esto se torna insuficiente para contener esta lamentable situación.
La fragilidad de las personas que requieren protección internacional está suficientemente sustentada en informes y reportes tanto de agencias internacionales como de organizaciones sociales, y las afectaciones a sus derechos se configuran de manera multidimensional, pues no solo su vida e integridad personal pueden estar en peligro, sino que a esto debe agregarse que durante todo su proceso migratorio también se exponen a innumerables riesgos.
Esto se contrasta, además, con las barreras que supone el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales tanto en el país de origen como en el de tránsito y destino. De este modo, según los informes del Acnur, un alto porcentaje de personas en necesidad de protección internacional, carecen de alimentación, sanidad básica y acceso a agua potable.
Según un reciente reporte de las Naciones Unidas, Colombia es el segundo país con más refugiados en el mundo luego de Turquía. Esta posición la ocupamos por el número de personas venezolanas que han llegado a nuestro territorio, sin embargo, el hecho de que alberguemos 1’8025.000 personas, según las cifras de Migración Colombia, esto no significa que todas ellas hayan sido reconocidas como tales y que, en consecuencia, cuenten con la protección internacional que supone esta condición a la luz de los instrumentos internacionales.
La situación dista mucho de ello, pues de acuerdo con las cifras oficiales reportadas por Migración Colombia, aproximadamente el 60 por ciento de los venezolanos se encuentran en situación jurídica de irregularidad. Lo anterior significa en términos jurídicos y reales que están siendo tratadas como inmigrantes económicos y no como personas refugiadas.
Esta situación obedece básicamente a dos razones, de un lado, que el reconocimiento de la protección de refugiado es facultad soberana del Estado, por lo que no está obligado en todos los casos a conceder dicho estatuto y, de otro, que en nuestro país no ha existido una consistente tradición en este sentido y las solicitudes tardan mucho tiempo para ser resueltas por las autoridades.
Este año los refugiados deben enfrentar no solo en Colombia sino en el mundo una situación aún más compleja, pues además de los obstáculos habituales antes referenciados, las medidas restrictivas del covid-19 han agudizado sus problemáticas.
La primera de ellas se deriva del cierre de las fronteras de los países, lo que impide que muchas personas que sufren persecución y/o violaciones a sus derechos humanos, deban permanecer en los territorios de origen o de residencia habitual, en situación de zozobra por las amenazas a su vida o por el menoscabo de sus derechos, conforme lo dispuesto por la Declaración de Cartagena de 1984.
De otra parte, según los informes de Unicef, quienes renuncian a todo y deciden salir de manera definitiva de los lugares en los que se encuentran en peligro, se aventuran a utilizar canales irregulares con todo lo que ello implica en términos de seguridad, integridad, pues en ese incierto camino pueden ser desaparecidos, violentados, abusados o sometidos a trabajos y sufrimientos.
En cuanto a la prevención del covid-19, aquellos refugiados que se encuentran en campos humanitarios, están constantemente expuestos al contagio pues las condiciones de estos lugares no son las más apropiadas y en realidad no es físicamente posible mantener el distanciamiento social como medida de prevención contra la propagación del virus. A ello debe agregarse las condiciones de salubridad y posibilidad de realizar con frecuencia el lavado de manos y el uso de tapabocas.
Dichas medidas de contención se convierten en un verdadero lujo para las personas que carecen de las condiciones más básicas. En la reciente campaña liderada por el Acnur para recaudar fondos para la atención de los refugiados con ocasión de esta pandemia, se estima que son necesarios cerca de 255 millones de dólares para garantizar medidas de prevención a estas personas en el mundo.
Por último, no está de más reiterar que los menores de edad no acompañados están ante una situación muy compleja pues la pandemia ha retrasado los trámites para la resolución de sus solicitudes y según Unicef, deben brindarse canales diferenciados para poder dar una efectiva garantía y protección a este colectivo vulnerable y facilitar la reunificación familiar.
Como puede observarse son muchos los escollos que se presentan en el camino de los refugiados, un recorrido que está marcado por el dolor, la angustia, el olvido, la incertidumbre y la escasez. Es momento, entonces, de que tanto los Estados como la Comunidad Internacional propongan, adelanten y coordinen respuestas adaptables y accesibles de acogida para esta población desde la nueva realidad que se presenta con la pandemia.
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