Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Es vital comprender las políticas públicas en materia de seguridad fronteriza implementada por la dictadura venezolana, esto permite anticipar escenarios sobre el avance de la violencia dentro del territorio colombiano. El ejercicio de la violencia también nos hermana.
Los procesos de integración, son parte de lo que ha caracterizado las relaciones internacionales del planeta desde finales del siglo pasado, y ocupan gran parte de la agenda de lo que llevamos de siglo XXI. En ellos, participan gran cantidad de expertos, instituciones nacionales e internacionales y se generan constantes reflexiones en espacios de opinión pública, en los que prepondera el análisis acerca de la conveniencia o no de la integración entre Estados en relación a diversos tópicos.
Sin embargo, hay procesos de integración menos formales, en los que no hay mayores debates públicos, pero si acuerdos altamente eficientes, que serían la envidia de la negociación de cualquier tratado multilateral para temas trascendentales. Me refiero a los “acuerdos” de cooperación entre grupos delincuenciales, organizaciones armadas, grupos de delincuencia organizada transnacional, en fin, todos aquellos que hacen vida sin reparar en la formalidad de las fronteras estatales, y que incluso llegan a apoderarse de franjas territoriales completas para imponer su “ley”.
Esta compleja dinámica se ha dado por años en la frontera colombo-venezolana, pero sin duda es en la actualidad, cuando se ha convertido en un asunto capaz de torcer el rumbo de la historia institucional por la que transitan ambas naciones. Para nadie es un secreto el progresivo desarrollo de los vínculos entre grupos guerrilleros que operaban históricamente en territorio colombiano y la llamada revolución bolivariana. Durante años, estos grupos fueron objeto de persecución militar en ambos países.
En Venezuela, las Fuerzas Armadas fueron permanentemente formadas para la persecución de grupos irregulares que por años intentaron infructuosamente ser una opción de poder mediante el uso de la violencia armada. También por añadidura, fueron eficaces en la persecución militar de cualquier intento de incursión, principalmente de las Farc, el ELN o cualquiera de sus variables en territorio venezolano.
Pero todo esto cambia con el periodo que se inicia con Chávez en el poder, la persecución de estos grupos deja de ser una prioridad, y se empieza a reeducar a la Fuerza Armada para tolerar sus acciones en principio, y para aceptarlos como aliados estratégicos luego. Así comienza su expansión territorial dentro de Venezuela, terreno fértil además para la realización de negocios al margen de la ley, capaces de financiar y fortalecer sus objetivos militares, sin la preocupación de la clandestinidad, consecuencia de la persecución constante.
Esta situación crea lógicos desequilibrios entre ambos países, por un lado Colombia a pesar del proceso de paz, mantiene su deber de protección a las personas e instituciones y persigue militarmente a los grupos irregulares, y por otra parte, la dictadura venezolana les brinda un refugio seguro con ilimitados recursos para desarrollarse y actuar con seguridad.
Basta analizar lo que he llamado correspondencia de condiciones, entre ambos lados de esa imaginaria línea divisoria entre los dos países para corroborar la veracidad de este planteamiento. En lo que va de año 2020, se han producido una serie de atentados a la vida de pobladores en Santander y sus alrededores en Colombia.
Ocho personas, entre ellas varios dirigentes campesinos, fueron asesinadas en una zona rural del Cúcuta, en el noreste de Colombia, confirmó la Defensoría del Pueblo el domingo (19.07.2020). La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha registrado en lo que va de año en seis (6) departamentos del país 13 masacres. A la mencionada, suman seis (6) víctimas asesinadas en la vereda Totumito y dos (2) más en la vereda Vigilancia, en cercanía con la jurisdicción de Boca de Grita, Venezuela.
No es mi objetivo señalar quien o quienes son los autores de estos hechos, sin embargo hay que destacar, que la zonas donde se desarrollan con mayor vigor esos actos de violencia, se corresponden del lado venezolano, con aquellas cuya custodia y protección, le ha sido “cedida” irregularmente a una figura inconstitucional como es la del llamado protector del Estado Táchira, Fredy Bernal.
La política del régimen en materia fronteriza, tiene su expresión más evidente en la cesión de espacios a grupos como las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional), Colectivos armados y en menor grado a la Fuerza Armada. El empoderamiento de las Faes y Colectivos en la zona fronteriza, con la supuesta excusa de “poner orden”, augura una tratamiento diferenciado del manejo de la violencia imperante en la zona, mano blanda para los aliados ideológicos, y violencia letal para el resto, con altisonantes amenazas de uso de la fuerza y cárcel.
De tal modo se puede identificar una evidente correlación, entre el manejo de la seguridad de la zona fronteriza por parte del régimen en aquellos lugares limítrofes con el Norte de Santander, y la violencia creciente que se viene apoderando del área del lado colombiano. Nada de esto es casual, y todo aquello que se implementa de un lado de la frontera, impacta indefectiblemente de otro lado, sin que pueda descartarse que se trate de una política exprofeso para debilitar la institucionalidad colombiana.
No es retórica sostener que Maduro procura exportar su modelo de caos antidemocrático, el análisis de los hechos confirman a diario esta tesis. Estar conscientes de esto, nos permite comprender los escenarios posibles, y anticipar acciones para evitar el avance de la violencia que hermana a ambos pueblos.
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