La utopía de las oportunidades laborales en la frontera

Con la movilización migratoria de familias venezolanas hacia Colombia, se han generado cientos de nuevas formas de trabajo para la subsistencia de estas personas; uno de los grandes inconvenientes dentro del proceso de inclusión, promoción e integración de las familias venezolanas al mercado laboral colombiano ha sido la mala experiencia que han tenido los mismos frente a empleadores que acuden a algunas de las prácticas más extremas de explotación laboral; ha sido tal el abuso que esto se ha convertido sin duda alguna en lo que se podría llamar una nueva forma de esclavitud laboral en la frontera. 

En Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo, establece que la jornada máxima legal de trabajo es de 48 horas semanales, esto es, ocho horas de trabajo diarias por seis días a la semana en promedio. Si usted trabaja este tiempo, entonces tiene derecho a recibir un salario mínimo legal mensual vigente más prestaciones sociales, que, en palabras más, palabras menos, quiere decir que recibiría una contraprestación por un valor de 1.000.000 de pesos mensuales más el valor del subsidio de transporte.

Cuando se piensa en esa cantidad de dinero para una familia, que en promedio está compuesta de 2 a 4 personas, se concluye que este es insuficiente para solventar las necesidades básicas de los mismos o por lo menos para mantenerse bajo condiciones dignas. En Colombia son millones de familias las que se deben mantener con un ingreso mensual igual o menor a este valor, situación que se ve reflejada en los indicadores entregados por el Dane para el año 2021: 21 millones de personas colombianas se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 7,4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Esto quiere decir que, en un país de aproximadamente 50 millones de habitantes, más de la mitad no cuenta ni siquiera con los ingresos básicos económicos para mantenerse en condiciones de vida digna.

¿Preocupante? Por supuesto, y mucho más preocupante es que al parecer esta tendencia no cambia con el tiempo, pues la respuesta institucional es insuficiente frente a una población que va en crecimiento, lo que puede desencadenar una crisis social que poco a poco se va gestando en un país que parece no tener a su alcance ninguna herramienta para enfrentar esta situación.

Ahora bien, si las condiciones descritas anteriormente son las que viven las familias nacionales colombianas que tienen toda su documentación al día, pertenecen algunos a programas sociales y obtienen en muy pequeñas porciones ayudas estatales, ¿se imagina lo que puede vivir una persona venezolana en condición de migración presente en territorio colombiano?

Es necesario realizar un balance de lo que ha sido la movilización de personas y familias en condición de migración. Según el grupo interagencial sobre flujos migratorios (Gifmm), a corte del 10 de diciembre de 2020 se estableció que 2,08 millones de personas venezolanas presentes en territorio colombiano están bajo una vocación de permanencia, esto es, que esperan poder residir de manera permanente en Colombia. Esto quiere decir que la población venezolana asentada se puede equiparar a la cantidad de personas presentes en el séptimo departamento más poblado del país, Bolívar, que cuenta con aproximadamente 2,1 millones de habitantes. Estos datos muestran que la movilización migratoria es de tal magnitud que sobrepasa toda capacidad de respuesta gubernamental.

Las poco más de 2 millones de personas venezolanas presentes en territorio colombiano están en su mayoría en condición migratoria irregular por las dinámicas creadas históricamente sobre los pasos fronterizos informales. Las personas no cuentan con un documento que les permita su permanencia regular en Colombia y, por ende, son familias que no tienen acceso a servicios básicos como la prestación de servicios de salud, derecho a la educación o un trabajo digno.

Es por esto que la Presidencia de la República, en su afán por dar respuesta a una oleada migratoria que solo va en crecimiento y que no parece tener oportunidades para mantenerse en Colombia de manera regular, crea mediante el decreto 216 de 2021 el Etatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolano (Etpmv), un mecanismo que permitirá a las personas venezolanas residir de manera regular en el país y autoriza a “los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas”.

Si bien es cierto la implementación del Etpmv es una gran oportunidad para las familias en condición de migración, este parece ser un caso más en el que se implementan programas y/o instrumentos que en el papel parecen ser perfectos, pero que están llenos de desaciertos, pues solo son producto de un trabajo centralizado en los procesos de creación de mecanismos de respuesta que buscan solventar la situación socioeconómica de las familias venezolanas presentes en territorio colombiano, pero para realizar un verdadero análisis de la realidad laboral de estas personas es necesario recordar un poco los índices de la tasa de desempleo e informalidad laboral en el país.

Para el año 2021, la tasa de desempleo en Colombia marcó 13,7 %; para Cúcuta, capital de Norte de Santander, la tasa de desempleo se estimó en 19,4 %, la segunda mayor cifra a nivel nacional. En temas de informalidad laboral, Cúcuta es la ciudad con la tasa de informalidad más alta del país con un 70,5 % por lo que no es difícil imaginar el comportamiento del mercado laboral para esta ciudad.

Para las familias venezolanas en condición de migración ingresar a territorio colombiano significa una posibilidad de encontrar opciones laborales que permitan mejorar su situación económica actual; algunos llegan por decisión propia buscando un mejor futuro, otros lo hacen con el fin de lograr la reunificación familiar y otros también lo hacen por el voz a voz; unos, bajo promesas económicas futuras casi increíbles, y otros con planes claros, bien sea para encontrar vocación de permanencia o usar el territorio colombiano como ruta de tránsito para ir a otro país latinoamericano. Al final el objetivo es casi el mismo: la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Dato curioso es que, como ya se mencionó, las personas migrantes venezolanas podrán con la aplicación al Etpmv y la posterior expedición del Permiso de Protección Temporal “ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral”. Al respecto, es necesario aclarar que esta premisa se da para las personas que completen su proceso de regularización mediante el Etpmv al cual se aplica en dos fases, la primera, mediante el prerregistro en el registro único de migrantes venezolanos y la segunda, la toma de datos biométricos y solicitud de Permiso de protección temporal (PPT).

Las familias venezolanas que buscan trabajo en Cúcuta son víctimas de algunas de las prácticas más extremas de explotación laboral; esto, en razón a su condición migratoria irregular, comportamientos xenófobos por parte de nacionales y aprovechamiento de su situación de necesidad. En este punto, las cifras de desempleo e informalidad parecen sumir a la ciudad en las condiciones más extremas de precariedad laboral.

En un ejercicio elaborado entre los meses de febrero y marzo del año 2022 con una muestra poblacional de 20 familias venezolanas entrevistadas ubicadas en diferentes sectores del área metropolitana, se indagó sobre su situación/posición actual en el mercado laboral. Como resultado, se obtuvo que 17 familias respondieron estar vinculadas al mercado laboral informal y 3 familias no cuentan con un ingreso diario para sufragar sus gastos; entre las formas de trabajo informal, las personas acuden al reciclaje, ventas ambulantes de diferentes productos, trabajo en semáforos mediante servicios de limpieza o expresiones artísticas y culturales como trabajo independiente ante la falta de oferta laboral. En algunas otras ocasiones acuden a estas formas de trabajo por las experiencias vividas con empleadores que incurrieron en abusos mediante explotación laboral hacia personas venezolanas bien sea por su nacionalidad y/o por la falta de documentación que les permita permanecer en Colombia de manera regular. Para aquellos que han trabajado bajo la subordinación de un empleador, 17 familias aseguran haber sido víctimas de explotación laboral en algún momento de su estadía en territorio colombiano: 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, los abusos por parte de empleadores son claros. Como primer hecho alarmante es que, la totalidad de casos se dan en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana en donde las familias se someten a estas condiciones laborales por diferentes factores, puede ser por la plena necesidad y otros por la falta de oferta, a algunos les han hecho creer erróneamente que por ser venezolanos no tienen ningún derecho y en algunas otras ocasiones, los empleadores acuden a estas prácticas bajo la excusa de afirmarle a estas familias que sus condiciones no van a mejorar hasta que tengan un documento de regularización migratoria o “una cédula colombiana”.

El segundo hecho alarmante es que los pagos realizados están muy por debajo de lo establecido por la ley y las jornadas de trabajo muy por encima de la misma, dejando en evidencia una vulneración clara a sus derechos humanos en la que no existe el principio de “a trabajo igual, salario igual”, una utopía del mercado laboral cucuteño. Por eso algunas personas prefieren renunciar a estos trabajos para ejercer labores independientes como lo es el reciclaje o la venta de café, y es que en algunos casos la rentabilidad de estas actividades puede ser mayor a la percibida en trabajos donde son explotados laboralmente; en estos casos hacen uso de sus capacidades para colocar en marcha algún emprendimiento que les permita solventar sus necesidades. Lo importante es salir de ese entramado de abusos por parte de personas que sòlo se enriquecen bajo la figura plena de explotación laboral transfronteriza; en este punto se puede afirmar que la situación laboral de las personas venezolanas en condición de migración es el reflejo de la situación actual sociolaboral del departamento y del país en general.

El Epmvt representó en el momento de su publicación una oportunidad, una expectativa para todas aquellas personas que trabajaban bajo estas condiciones laborales toda vez que el discurso de sus proponentes, preceptuados por el Decreto 216 de 2021, era que “las personas podrían trabajar formalmente” siendo titulares de la tarjeta de protección temporal (PPT), hecho que por supuesto generó ilusión alrededor de estas familias pues en los diferentes territorios de la ciudad donde hay presencia de personas venezolanas se escuchaba una voz de aliento, una oportunidad para emplearse bajo condiciones dignas y con un ingreso que les pudiera permitir sanear su situación económica, aquel ingreso que les permita alcanzar un estado de bienestar pero la realidad está mostrando todo lo contrario.

Según la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, 2,1 millones de personas venezolanas tienen finalizado su Registro Único de migrantes venezolanos, 1,5 millones de personas han realizado el registro biométrico y se han entregado más de 700 mil permisos por protección temporal (PPT) y aunque ha sido un proceso lento, lleno errores y barreras administrativas, en Cúcuta se encuentra un alto número de personas titulares del PPT, lo que quiere decir que cuentan con un lapso de 10 años de protección y estadía regular en el país. Pero esto no supone, como muchos lo creerían, una mejoría en sus condiciones de vida.

Millares de personas titulares del PPT han visto cómo su nuevo documento de identificación en territorio colombiano no ha tenido la validez esperada; un hombre de nacionalidad venezolana estuvo en proceso de vinculación laboral y al momento de presentar su PPT, le negaron la vinculación pues le dijeron que “no es un documento de identidad válido”. Como estos casos, son muchos otros iguales o similares los que se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad y seguramente en el país, haciendo que la desconfianza institucional crezca ahora con miras a una población proveniente de Venezuela. Así mismo, muchas familias venezolanas afirman que el tener PPT no les “ha servido de mucho” pues no han podido encontrar cupos educativos o ejercer algún derecho de manera personal; este es un documento que en la práctica parece carecer de fuerza legal que permita a estas personas una mejoría en el acceso efectivo a sus derechos.

Así las cosas, se puede concluir que las familias venezolanas en condición de migración, si bien es cierto cuentan con mecanismos de regularización migratoria, estos no significan una garantía de mejoría en su calidad de vida (sin desconocer que la regularización migratoria es una obligación). Se desconoce la tarjeta de protección temporal como documento de identificación y mecanismo de regularización migratoria por parte no sólo de ciudadanos sino también por parte del sector privado y en algunos casos puntuales hasta las mismas entidades estatales no tienen conocimiento del mismo, hecho que significa en muchas ocasiones la vulneración a sus derechos fundamentales. También, las condiciones laborales en Colombia no son favorables para estas familias, creando una cultura de explotación laboral transfronteriza que desconoce cualquier derecho humano y el derecho al mínimo vital y móvil de estas personas.

El Estado debe colocar especial atención a estos casos de explotación laboral transfronteriza pues son muchos los cabos sueltos que siguen bajo los preceptos de medidas de protección para una población que busca en Colombia oportunidades para dignificar su vida; es hora de colocar la discusión sobre la mesa y reconocer que, a pesar de la alta presencia de cooperación internacional, esta misma debe ir encaminada a la construcción de proyectos y procesos de estabilización y productividad que permita a las familias venezolanas superar la línea de extrema pobreza para así dejar a un lado esos procesos de atención asistencialistas en los que en muchas ocasiones se incurre sin quererlo. No puede ser posible que familias venezolanas con 3 o más años de permanencia en Colombia no hayan mejorado su situación en ningún aspecto mientras el Gobierno nacional, gobernaciones departamentales y alcaldías municipales siguen “como si nada, como si nadie y como si nunca”. 

La migración de estas familias debe asumirse como propia y dar respuesta a lo que perfectamente podría ser una oportunidad para diversificar un país que cuenta con los recursos para recibir a nuestros hermanos venezolanos lejos de discursos de odio y barreras en el acceso a sus derechos, una sociedad que construya desde los preceptos de unión y solidaridad lo que podría ser un territorio de paz con enfoque territorial.