Las guerras en Colombia y Venezuela de cara a las elecciones

Esta columna fue escrita en coautoría con Paola Valbuena Latorre, analista humanitaria de Acaps.

En Arauca, durante lo que va del 2022, cada día han asesinado a una persona en medio de las disputas entre el ELN y las disidencias del Frente 10. Durante los primeros cuatro meses del año, en este departamento ya ha habido 159 homicidios reportados por la Policía Nacional, solo 26 homicidios menos de los que hubo durante todo el 2021. En Norte de Santander, hace dos semanas, mientras se celebraba el día del niño, en el polideportivo del municipio de El Tarra hubo un tiroteo que dejó a 2.500 niños en medio del fuego cruzado. Lo que estos dos departamentos tienen en común es su zona de frontera con Venezuela.

Estos dos eventos coinciden con el riesgo que Acaps identificó hace unas semanas en su Reporte de Riesgos Globales. Este es un informe que esta organización publica regularmente para analizar las crisis humanitarias en el mundo que tienen el riesgo de deteriorarse durante los siguientes meses. Dentro de las 12 crisis identificadas, Colombia aparece con una alta probabilidad de deterioro. ¿La razón? Las disputas entre grupos armados por el control de los espacios fronterizos.

Sin embargo, en el reporte se propone que la violencia en Venezuela no es únicamente el resultado de un desborde del conflicto colombiano, sino que puede afirmarse que en este país hoy hay una situación de guerra. Esto resulta de fundamental relevancia ad portas de las elecciones, dado que la falta de relaciones diplomáticas agrava toda la dinámica de violencia. En esta columna, junto con Paola Valbuena, quien participó en la elaboración de este reporte, reflexionamos sobre la guerra en la frontera y los efectos del cerco diplomático del actual Gobierno.

¿Cuál es el riesgo?

Según el reporte de Acaps, el riesgo está anclado a tres precedentes: i) la reconfiguración de los actores armados luego del Acuerdo de Paz con las Farc-EP, (ii) las restricciones a la movilidad establecidas para prevenir el contagio de covid entre 2020-2021 y (iii) la entrada de las disidencias de las Farc-EP a territorio venezolano.

Con la desmovilización de las Farc-EP, varios grupos armados intentaron copar algunos de los espacios dejados por esta guerrilla. Esta situación se agravó entre 2020-2021, con las restricciones y cierre de fronteras ocasionados por el covid, lo que afectó las principales rutas de narcotráfico y otras actividades lucrativas para los grupos armados, como el contrabando y la trata de personas. Por tanto, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento empujó a los grupos armados a luchar por espacios más allá de las fronteras colombianas.

Esta situación se agrava por la presencia de otros actores armados: las disidencias de las Farc-EP. Estos grupos armados han intentado retomar el control que en su momento las Farc-EP ejercieron en algunos espacios de la frontera. Esto originó, entre otras situaciones, que a finales del 2021, la disidencia del Frente 10 y el ELN rompieran el acuerdo de división territorial en Arauca-Apure, lo que produjo un incremento de enfrentamientos armados a principios del 2022.

Históricamente el ELN ha tenido presencia en territorio venezolano y existen acusaciones de coexistencia entre el Gobierno de este país y la guerrilla. El ingreso de nuevos actores armados, como las disidencias de las Farc-EP, pone en riesgo esa situación de aquiescencia, lo que también ha producido enfrentamientos entre la fuerza pública venezolana y estos grupos armados, como sucedió en marzo de 2021.

En síntesis: todo este escenario de reconfiguraciones territoriales desembocó en una guerra abierta en territorio venezolano. El mapa aquí debajo muestra cómo la presencia de grupos armados se ha incrementado considerablemente entre 2020 y 2022 en municipios de frontera, pero también en municipios dentro de Venezuela.

Una guerra transfronteriza: las tres caras de la violencia

En el reporte de Acaps se cuestiona la narrativa del desborde del conflicto armado colombiano hacia Venezuela. Es decir, esta idea de que la violencia producida por algunos grupos armados en Venezuela es únicamente el resultado de la guerra en Colombia. Para algunos analistas, los actores armados actúan momentáneamente en Venezuela, pero regresan a las fronteras colombianas como su zona principal de actuación. Por el contrario, la lectura aquí es que estamos ante una guerra transfronteriza, con dinámicas permanentes en Venezuela, en Colombia y en la frontera.

Cara 1: la guerra en Colombia

Esta idea es provocadora y permite pensar en la violencia en la frontera como un conflicto con tres caras. La primera cara sería el lado colombiano, en donde los grupos armados ejercen violencia y control territorial desde hace varios años. Norte de Santander es el departamento con más cultivos de coca de Colombia, la mayoría de ellos concentrados en la subregión del Catatumbo. Arauca, aunque no tiene grandes cultivos de coca, es una zona importante por la posibilidad de extorsión a empresas petroleras y las conexiones para la entrada de insumos químicos y tráfico y trata de personas. Es decir: se trata de dos departamentos fronterizos cuya violencia no se agota en la frontera, sino que tienen unas dinámicas muy específicas y localizadas. Los grupos armados están en estos departamentos por su posición fronteriza, pero también por lo que ofrecen en el escenario de conflictividad colombiano.

Cara 2: la guerra en la frontera

Sin embargo, presumir que las guerras en los departamentos fronterizos son solo el resultado de su posición en Colombia sería un error. Aquí es donde entra la segunda cara de la guerra: las fronteras. Los grupos armados no solamente están interesados en drogas, como parece ser la narrativa de ciertos analistas y el Gobierno, sino que están interesados en varios otros mercados que se generan en la frontera. Por un lado, ejercen control fronterizo: en ciertos pasos ilegales controlan quiénes entran o salen de sus países y cobran una tarifa por esa vigilancia. Este es el caso de Maicao (La Guajira), en donde los grupos armados controlan varios pasos fronterizos y permiten (o no) el paso de personas y mercancías entre países. De igual forma, cobran extorsiones a comerciantes locales y controlan la movilidad transfronteriza en ciertos espacios. Quiere decir esto que, como Viviana García y Jorge Mantilla afirman, los grupos armados no solo erosionan la frontera, sino que la refuerzan a través de sus gobernanzas criminales. La guerra entonces pasa de ser un asunto colombiano a un asunto binacional.

Cara 3: la guerra en Venezuela

Posiblemente una de las ideas más provocadoras de este argumento es que la guerra no es únicamente colombiana y fronteriza, sino que en Venezuela también hay conflicto armado. Aunque suene a una idea descabellada, hay varias razones para afirmar esto: i) grupos armados como el ELN ejercen cierto grado de control territorial en Venezuela y dan órdenes a la población local; ii) Venezuela ha estado incrementando considerablemente su producción de cocaína durante los últimos años; iii) en zonas como Apure y Zulia los grupos armados han utilizado minas antipersonales, y iv) hay grupos armados originados en Venezuela (como el FBL) que actúan permanentemente en este país. De hecho, en Venezuela también han emergido grupos armados, como el Tren de Aragua, por solo mencionar uno, que actúan transnacionalmente en Colombia y otros países de la región.

Es decir: es falso que, como ha afirmado el gobierno venezolano, la violencia en su país sea solo el resultado del conflicto colombiano. Hoy, aunque pueda ser controversial, podemos afirmar que Venezuela también tiene una guerra en su territorio. Posiblemente no una guerra convencional, ante los contubernios entre la Fuerza Pública y ciertos grupos armados y las actuaciones intermitentes de algunos grupos, pero sin duda una guerra con serias consecuencias para la población civil.

Consecuencias humanitarias

Esto no es solo un asunto relevante por las dinámicas de la guerra, sino por las consecuencias humanitarias que puede tener para la población en la frontera. Los enfrentamientos armados han generado un incremento del desplazamiento forzado no solo de colombianos, sino también de venezolanos. Por solo mencionar un caso: a Vichada durante los primeros meses del 2022, como lo muestra el Consorcio Mire, llegaron más de 1.400 personas desplazadas, muchas de ellas huyendo de la violencia en Puerto Páez (Apure, Venezuela). Esta situación probablemente se mantendrá mientras la población local siga quedando en el fuego cruzado entre las disidencias de las Farc-EP, el ELN, La Segunda Marquetalia y el Ejército venezolano. A la crisis humanitaria en Venezuela hay que añadirle ahora la guerra.

La población desplazada desde Venezuela llega a Colombia en situación de vulnerabilidad, pues tienden a desplazarse a municipios donde el Estado no tiene la capacidad de cubrir las necesidades de salud, educación en emergencia, alimentación, alojamiento y saneamiento. Sin embargo, esta situación es todavía más compleja para los venezolanos, quienes a la fecha no pueden acceder al Registro Único de Víctimas (RUV), ni ampararse bajo la Ley 1448 de 2011. Es decir: estos refugiados son víctimas de una guerra, pero su condición de víctimas no la pueden acreditar en Colombia.

En el reporte también se establecía que la seguridad para la población que vive en zonas fronterizas se iba a deteriorar de manera paulatina. Esto parece estar sucediendo: a la fecha, una persona ha sido asesinada al día en Arauca desde enero de 2022.

La búsqueda del control territorial ha convertido a la población en un objetivo de los grupos armados, quienes, a través de amenazas, asesinatos, reclutamiento forzado, desapariciones forzadas y otras formas de violencia buscan imponer su autoridad en ambos lados de la frontera. Además, el uso de minas antipersonales y aparatos explosivos en Venezuela también ha comenzado a ser una práctica de los grupos armados, a pesar de que este país se había declarado como libre de minas desde el 2013. 

Además de todo esto, el conflicto agrava las restricciones de acceso de las agencias humanitarias, lo que impide la atención de las personas afectadas por el conflicto. Consecuencias del conflicto armado como los enfrentamientos armados, el secuestro, la extorsión y los confinamientos no solo ponen en riesgo a la población que vive en las zonas afectadas, sino que también genera la suspensión de operaciones de organizaciones humanitarias e impide a los trabajadores humanitarios atender las necesidades de la población.

Los problemas del cerco diplomático

En síntesis, hoy en la frontera colombo-venezolana hay un conflicto transfronterizo que se manifiesta al tiempo en Colombia, en la zona de frontera y en territorio venezolano. Esto implica que, para la población local, hay un riesgo de incremento de desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, abusos de la fuerza pública e incremento del uso de minas antipersonales.

Esta es una situación en la que definitivamente ambos países deberían estar trabajando en conjunto. Por un lado, porque los desplazamientos transfronterizos posiblemente van a incrementarse. Esto quiere decir que debemos pensar en formas de atender a la población desplazada en diferentes países y garantizar que eventualmente puedan retornar a sus territorios. Por otro lado, porque los grupos armados sostienen su fortaleza armada amparados en la posibilidad de moverse entre las fronteras con pocas consecuencias. Si esto no se aborda, no importa cuál estrategia de seguridad se aplique en ambos países, los grupos armados seguirán fortaleciéndose.

Justamente por esto, la estrategia del cerco diplomático aplicada por el Gobierno colombiano, consistente en no tener ninguna relación con el Gobierno venezolano con el propósito de aislarlo a nivel internacional es sencillamente un fracaso. Esa estrategia solo ha sido eficiente para fortalecer a grupos como el ELN y disidencias de las Farc-EP, que han encontrado en Venezuela una fuente importante de fortalecimiento financiero y militar. El próximo Gobierno debería estar pensando de qué forma lograr que Venezuela acceda a trabajar en conjunto para expulsar a estos grupos de su territorio y, así, debilitarlos militarmente del lado colombiano. La política exterior frente a Venezuela será un asunto de seguridad nacional para el próximo Gobierno.

En la campaña presidencial este debería ser uno de los temas centrales, porque el deterioro de la seguridad en Colombia está motivado, en gran parte, por este conflicto transfronterizo. Sin Venezuela, no hay ninguna posibilidad de cerrar los conflictos armados activos con el ELN y las disidencias de las Farc-EP.