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Hace un mes, Biden aseguraba ante los medios que “no era racional” deportar de los Estados Unidos a las personas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, los tres regímenes autoritarios de la región. Si bien también dijo que trabajaba en una medida con México para frenar el flujo de estas personas, la última política migratoria de su administración para la población venezolana les ha caído como un balde de agua fría tanto a expertos en la materia como a las personas que deseaban buscar protección en este país, muchas de ellas actualmente atrapadas en plena ruta migratoria.
La primera parte de la medida, la llamada “humanitarian parole”, les ofrecerá a los ciudadanos venezolanos que no hayan entrado de forma irregular a México, Panamá o los Estados Unidos después del 19 de octubre de 2022, que no tengan doble nacionalidad ni residencia permanente en otro país o estatus de refugiado, la posibilidad de aplicar a uno de los 24.000 permisos que les permitirán trabajar en EE.UU. por dos años.
Todo esto, si encuentran a un patrocinante en dicho país con la cantidad de dinero requerida que se responsabilizaría económicamente de esta persona.
Además, el posible beneficiario debe contar con pasaporte venezolano válido, requisito muy difícil de obtener para la población venezolana por su precio (215 dólares para septiembre de 2022), entre otros retos. En pocas palabras, es una medida para personas privilegiadas con ciertos capitales económicos, sociales e incluso culturales, por las habilidades necesarias para navegar la burocracia durante la aplicación en inglés.
Tan solo en septiembre de 2022 hubo más de 25.000 encuentros entre autoridades migratorias estadounidenses y personas de Venezuela y más de 155.000 en lo que va de año fiscal. Por ello, la medida es insuficiente considerando la cantidad de personas que buscan protección en ese país.
La política migratoria ha sido comparada con el “humanitarian parole” para ciudadanos ucranianos. Solo que a estas personas que escapan de la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania no se les puso tope al número de aplicaciones posibles.
Por otro lado, desde el día de la ejecución de la medida, todo ciudadano venezolano que pretenda llegar sin papeles a las frontera y cruzarla será devuelto a México. Las imágenes del primer grupo de desfavorecidos y sus declaraciones demuestran que la administración Biden deportó a cientos de ciudadanos que ya habían entrado a EE.UU. antes de que empezara la medida.
Entre lágrimas, jóvenes venezolanos explican que ya habían entrado, entregándose a las autoridades en búsqueda de asilo antes de la nueva medida y, sin embargo, fueron trasladados a México sin saber si quiera a donde serían llevados. Todo esto bajo el infame título 42, medida activada por la administración de Donald Trump durante la pandemia del covid para que las autoridades puedan devolver en caliente a quienes crucen las fronteras, evitando así que puedan solicitar asilo en los EE.UU. Esta medida ha sido criticada por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos.
Se estima que desde que empezó la medida, más de 1,7 millones de personas han sido expulsadas a México y otros países de la región bajo este título.
Ahora, México, un país que ya enfrenta un sistema de refugio y asilo bastante saturado, se encargará de recibir a las personas venezolanas devueltas gracias a la política negociada entre ambos países. Para que México reciba a los venezolanos devueltos desde EE.UU., quienes no pueden ser enviados a Venezuela por falta de relaciones entre ambos países, México recibirá 65.000 visas de trabajo estadounidenses, de las cuales 20.000 serán para personas de Centroamérica y Haití. Se estima que para el 19 de octubre casi 1.800 venezolanos han sido devueltos a México.
Esta situación creará más presiones en los países de tránsito quienes ya han empezado a responder. Guatemala ya ha devuelto a cientos de venezolanos a Honduras. Si bien muchos migrantes han decido abandonar la ruta y regresar al país desde donde iniciaron la travesía, otros, ante la incertidumbre, esperan en sitios como Necoclí, Colombia, pues lo habían vendido todo y ya no cuentan con recursos para volver. Antes del inicio de la medida, unas 10.000 personas se encontraban en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá esperando poder iniciar su camino por el Darién.
Si bien la respuesta de la administración Biden ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Oficina en Washington para Asuntos Migratorios (Wola), esto no es nada nuevo y se trata de la continuación de medidas de externalización de las fronteras. Típicas de países del norte global, estas políticas tienen como fin evitar que los solicitantes de refugio lleguen a sus territorios y que otros países los reciban por algo a cambio, como lo explica la profesora María Dolores París Pombo. La diferencia es que ahora los venezolanos son los perjudicados.
Un ejemplo de estas políticas es el polémico Acuerdo UE-Turquía del 2016 donde a cambio de recibir a un refugiado irregular que se encontrase en las costas griegas, la E.U. reasentaría a un sirio y Turquía recibiría miles de millones de euros, entre otros beneficios para los turcos que no se cumplieron. Después de 6 años del inicio de la política, las cifras de los refugiados reasentados son mínimas y la medida más bien ha servido para que políticos como el presidente turco Erdogan instrumentalicen a los refugiados recibidos por su país con fines políticos.
En medio de este contexto se puede observar el valor de la respuesta colombiana hacia el fenómeno de movilidad humana venezolana. Una respuesta solidaria que ha trascendido gobiernos y se ha convertido en un ejemplo de respuesta estatal ante las migraciones. A su vez, demuestra que el Estatuto de Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela (Etpmv) es más que un carnet, como lo dijese erróneamente el presidente Gustavo Petro hace un par de semanas.
Si bien aún es necesario continuar con el desarrollo e implementación de políticas de integración para esta población, en el marco del Etpmv hasta el día de hoy ya han sido regularizadas más de 1,6 millones de personas de Venezuela. Esto significa que estas personas ahora cuentan con un documento de identificación y la posibilidad de acceder a la oferta institucional colombiana.
Al observar respuestas como la estadounidense se resalta, una vez más, que son pocos los países que se atreven a apostar de esta manera por los migrantes y refugiados, que en el caso de Venezuela ya superan los 7,1 millones de personas a nivel mundial, casi un cuarto de la población venezolana.
La nueva administración colombiana tiene la gran tarea no solo de mejorar el Etpmv, sino también de impulsar, a través de la coordinación de distintas instituciones de Gobierno en los ejes vertical y horizontal, así como con la cooperación internacional y la sociedad civil, la integración socioeconómica de estas personas. Lamentablemente, el Gobierno de Gustavo Petro ha cerrado la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante (antigua Gerencia de Fronteras), ente colombiano que tenía la tarea de coordinar las políticas de integración en el país, dejándole toda la responsabilidad a Cancillería.
Desde una perspectiva regional, no solo Colombia, sino todos los Estados de la región deben coordinar respuestas reales, no promesas vacías, desde una perspectiva de derechos para atender a estas personas. Además de continuar los esfuerzos y el apoyo de la comunidad internacional garantizando el derecho a la solicitud de refugio y desarrollando medidas alternativas de regularización con acceso pleno a derechos.
Además, muchos de los migrantes y refugiados venezolanos en rumbo hacia los EE.UU. vienen de otros países de acogida. Como lo explica un reciente informe de la plataforma R4V: “Muchas de las personas venezolanas que no cuentan con documentación, medios de vida o perspectivas de integración local, recurren a movimientos secundarios hacia nuevos países de acogida, con la esperanza de un futuro seguro y sostenible”. Allí radica la importancia de mejorar la respuesta en todos los países de la región para que estas personas no se vean en la necesidad de volver a emigrar.
Por último, no importa cuántos muros y barreras se les impongan a los migrantes y refugiados, ellos van a seguir buscando condiciones dignas de vida hasta que no se solucione la emergencia humanitaria compleja y la crisis política en Venezuela. En enero de este año, México y otros países de Centroamérica intentaron frenar el flujo migratorio venezolano hacia los EE.UU. con la exigencia de visas. Este es otro ejemplo de medidas de externalización de las fronteras. Si bien en un principio se redujo el flujo de personas venezolanas hacia los EE.UU. y pasó de 23.000 en diciembre de 2021 a 3.000 en febrero de 2022, se llegó a la histórica cifra de 25.000 encuentros con la autoridad fronteriza en agosto de 2022, después de que las personas encontraran un camino a través del peligroso Tapón del Darién.
Por ello, la comunidad internacional debe seguir colaborando con los y las venezolanas para que haya un cambio político en el país, no acercarse a un régimen violador de los derechos humanos que ha cometido crímenes de lesa humanidad, mucho menos por intereses comerciales, otorgándole un cheque en blanco al régimen de Nicolás Maduro, como lo explicamos en esta columna.
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