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La complejidad del proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales entre Colombia y Venezuela, así como la reapertura de los pasos formales entre ambos países, es abordada en la última publicación del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, que lleva por título “Edificando una nueva relación bilateral: recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo”.
En el informe presentado recientemente, cuyos autores son Francesca Ramos Pismataro, Ronal F. Rodríguez y Daniella Monroy Argumedo, se hace un recuento de los vínculos colombo-venezolanos en los últimos años y se proponen algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisiones de Colombia para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos Estados y sus poblaciones.
El texto viene acompañado de mapas, gráficos, cronologías e infografías que permiten una mejor comprensión de los lazos entre los dos países suramericanos.
Ya en la presentación del trabajo se advierte que en los 193 años de relaciones colombo-venezolanas, desde que ambos países se separaron en 1830, estas han estado plagadas de problemas y diferencias, habiéndose llegado incluso a litigios internacionales, situaciones prebélicas y la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque al final siempre ha prevalecido el diálogo y la solución negociada de las controversias.
Por otro lado, ha habido momentos de gran colaboración binacional como el iniciado en la última década del siglo pasado que llevó a inaugurar una etapa de un activo intercambio comercial binacional o la construcción del proyecto de integración regional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del que ambos países fueron en su día actores principales, aunque ya Venezuela está ausente del mismo.
Antecedentes convulsos
Los autores de la publicación explican con detalle la situación de la diversa y complicada frontera común de 2.219 kilómetros de extensión entre el mar Caribe y la selva Amazónica, habitada por las 12.379.688 de personas que viven en los departamentos y estados fronterizos (5.742.387 del lado colombiano y 6.637.901 del lado venezolano) en una extensión de territorio que conforma un área total de 619.629 kilómetros cuadrados, equivalente a dos veces el tamaño de Alemania y más grande que España o Ucrania.
También hacen un pormenorizado relato de los antecedentes del restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas en agosto de 2023, cuando Gustavo Petro asume la presidencia de Colombia, luego de un largo período de desentendimiento entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro.
Así, por ejemplo, se enumeran las tres veces en los últimos siete años en que la frontera fue cerrada: “el primer cierre, del 19 de agosto de 2015 al 13 de agosto de 2016, aproximadamente de 360 días, por disposición del gobierno venezolano; el segundo, del 22 de febrero de 2019 al 8 de junio del mismo año, 106 días, igualmente por disposición del gobierno de Nicolás Maduro; y el tercero, y más largo, del 14 de marzo de 2020 al 5 octubre de 2021, que llegó a los 570 días. Este último por disposición del gobierno colombiano en el marco de la emergencia de salud pública causada por la Covid-19, pero reabierta unilateralmente por Colombia el 2 de junio de 2021, sin entablar un diálogo con las autoridades nacionales del vecino país”.
Igualmente, en el informe se da cuenta de la crisis migratoria que ha expulsado de Venezuela a 7,2 millones de sus nacionales, el 40% de los cuales se encuentra en Colombia. Curiosamente, se ha tomado como inicio de ese gran éxodo la expulsión por parte del gobierno de Nicolás Maduro de un cuantioso grupo de ciudadanos colombianos en un bochornoso caso sin antecedentes entre los dos países.
“La crisis migratoria inicia”, cuentan en la publicación, “con la llegada a la frontera de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OPL), operativos policiales caracterizados desde el primer momento por el uso desmedido de la fuerza, en agosto de 2015 y el cambio experimentado por el régimen de Nicolás Maduro frente a la población colombiana en Venezuela.
En un primer momento, se temió, incluso, que la expulsión masiva de nacionales colombianos del Táchira se extendiera a toda Venezuela. Las OLP, lideradas por el gobernador del estado limítrofe, José Vielma Mora, se caracterizaron por un uso desproporcionado de la fuerza en el marco de operativos policiales donde se marcaron las casas habitadas por nacionales colombianos en zonas populares que posteriormente eran derribadas con maquinaria y les daban apenas un corto tiempo para que esos ciudadanos pudieran sacar sus enseres.
Como consecuencia de ello, se expulsó de Venezuela a más de 1.500 colombianos, a lo que siguió la salida “voluntaria” de 22.000 personas, según los datos oficiales, y más de 32.000, según las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la respuesta de atención humanitaria en la zona”.
Recomendaciones
Finalmente, en “Edificando una nueva relación bilateral: recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo” se proponen una serie de acciones y medidas para adelantar con buen pie el proceso de reanudación de relaciones que apenas se está iniciando.
Los investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario señalan la necesidad de reinstitucionalizar la relación bilateral y adelantar una agenda para la relación colombo-venezolana, así como construir una diplomacia fronteriza, local y ciudadana, al tiempo que se impulse el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y a otros espacios multilaterales.
Igualmente, sobre el asunto de la movilidad humana en la zona de frontera, el documento plantea, entre otras medidas, retomar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y darle rango de documento de identidad válido en los Estados colombiano y venezolano como instrumento de paso fronterizo, respaldado en una plataforma tecnológica que permita realizar un registro automático de sus portadores y de sus movimientos entre los dos países.
Asimismo, aborda la necesidad de un programa binacional de educación en los departamentos y estados fronterizos y la adopción de estrategias de atención y cuidado de salud en estas regiones.
La publicación resalta el papel que puede jugar Venezuela en el proceso de “paz total” que adelanta el gobierno de Gustavo Petro, así como el rol de Colombia en la búsqueda de una salida democrática a la crisis política, económica y social que vive Venezuela.
Igualmente, se propone la creación de una mesa binacional para dar respuesta a las amenazas de seguridad y seguridad ciudadana que se viven especialmente en las áreas de frontera y el desarrollo de un plan para la construcción de una zona de integración fronteriza que tenga a Cúcuta como eje central binacional.
Por último, plantea adelantar políticas con enfoque diferencial para la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes en la zona de frontera y adoptar un sistema de atención a comunidades indígenas binacionales.
Descargue el informe aquí.
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