Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Este artículo fue escrito por Natalia Durán Valbuena* y Nicol Lesmes*, miembros de Innovations for Poverty Action.
Es una buena noticia que el gobierno colombiano avance en la regularización de la población migrante. Migración Colombia ha desplegado esfuerzos para realizar jornadas de entrega de Permiso de Protección Temporal (PPT) en un día, un salto tremendo para agilizar este trámite, que para muchas personas ha significado una larga espera.
Igualmente, el Director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, anunció en una entrevista con Colprensa y MigraVenezuela que se están estudiando alternativas para regularizar a la población venezolana y extranjera bajo una nueva figura, esa decisión sería tomada en octubre.
Las preguntas que surgen son: ¿qué tan nueva será esa medida?, ¿se tendrán en cuenta los aprendizajes de los procesos de regularización previos?, ¿qué implica empezar de cero? A continuación, tres aspectos que serán claves para que esa nueva medida de regularización sea una herramienta eficiente para proteger derechos y facilitar la integración efectiva de las personas migrantes.
1. La regularización es para el Estado colombiano
El proceso de regularización implica la movilización de todo un andamiaje institucional, que debe acomodarse a la recepción de este “nuevo” documento. Ajustar sistemas de información y programas en cada entidad implica tiempo y recursos, y han sido una tortura para varias entidades de gobierno al adoptar el PPT expedido en marzo del 2021.
Un claro ejemplo de lo difícil que es incluir un nuevo documento, es la expedición de licencias de conducción por parte del Runt, entidad que solo hasta el 12 de febrero de 2023 habilitó su sistema para que personas venezolanas pudieran tramitar su licencia con el PPT.
Es decir, ¡le tomó casi dos años adoptar este “nuevo” documento!, y para muchas familias de ese trámite depende el sustento diario. Si nos ha costado tanto ajustar la arquitectura institucional para acoger el PPT, ¿por qué querríamos empezar de cero?
2. La regularización es para el sector privado
La regularización de la población migrante debe pensarse para que el sector privado aproveche los beneficios que la migración puede traer a nuestro país. Es necesario que el sector privado esté preparado para acoger ese “nuevo” documento, pero, según muestra la experiencia, es un proceso largo y complejo.
Tan complejo que todavía hay entidades financieras que niegan a personas con PPT abrir cuentas bancarias o tener acceso a billeteras móviles. Los bancos argumentan que no tienen la capacidad tecnológica, o que hay dudas legales.
En actividades realizadas por Innovations for Poverty Action encontramos testimonios que demuestran la existencia de barreras para la inclusión financiera. Alguien nos contó: “con el PPT me costó mucho abrir la cuenta bancaria, por ejemplo, no me querían abrir la cuenta porque no aparece en el sistema la opción de PPT.”
Si el gobierno va a pensar en un mecanismo nuevo de regularización, es importante que se tenga en cuenta al sector privado, sus procesos, los costos en los que incurren y las limitaciones que perciben. Sin el sector privado no hay integración.
3. La comunicación con la población migrante no es tarea fácil
La comunicación con la población migrante es una tarea demandante que requiere planeación, recursos y coordinación. La difusión en redes sociales del gobierno no es suficiente para llegar a la población más vulnerable.
La comunicación efectiva es tan importante que en Innovations for Poverty Action hemos articulado esfuerzos con la academia para analizar canales y formas de comunicación, el rol de los líderes y lideresas en la difusión de información y observar como la población migrante comparte información sobre el Sisben en sus redes.
Todo esto nos lleva a pensar que, de iniciarse la implementación de un nuevo proceso de regularización, se deberá trabajar de manera mancomunada con autoridades locales y agencias de cooperación, hacer uso de diversas formas de comunicación y desplegar esfuerzos para que la información llegue.
En Innovations for Poverty Action hemos hecho seguimiento a la evidencia que muestra que la regularización es beneficiosa. Por ejemplo, hemos encontrado efectos positivos en el empleo, el bienestar y la resiliencia de la población migrantes ( (ver estudio) y efectos positivos en la economía local, como sucede en Bogotá, donde entre 2019 y 2022 empresas con representante legal extranjero crearon 4,6% empresas formales y generaron el 10,8% del empleo en la ciudad (ver estudio).
Es una buena noticia que el gobierno esté estudiando nuevos mecanismos de regularización, sin embargo, la clave del éxito está en cómo se implemente este proceso.
Si el gobierno le apuesta a construir sobre lo construido, logrará sortear rápidamente obstáculos que ya hemos enfrentado en los procesos anteriores. ¿Qué queremos que implique para las instituciones públicas y privadas la adopción de un nuevo documento? ¿Qué podría hacer el gobierno para que una nueva medida sea armónica con los esfuerzos adelantados con el PPT?

Natalia Durán Valbuena
Politóloga, Magíster en Estudios para el Desarrollo con experiencia en gestión de la migración. Trabaja en Innovations for Poverty Action, una organización internacional que trabaja en generación y uso de evidencia para la toma de decisiones.

Nicol Lesmes
Antropóloga, Magíster en estudios de género, paz y seguridad. Trabaja en Innovations for Poverty Action, una organización internacional que trabaja en generación y uso de evidencia para la toma de decisiones.