Bastante se ha hablado de la inserción del ELN en Venezuela. Para algunos, este proceso permite afirmar que estamos frente a una guerrilla binacional; para otros (y entre ellos, los líderes de esta guerrilla), esta idea no solo es inadmisible, sino también desatinada.

Esta discusión parte de que hoy es innegable la presencia del ELN en todos los estados venezolanos fronterizos con Colombia y en varias áreas interiores de los dos países. Lo problemático de clasificar al ELN como una insurgencia binacional se debe a los grandes contrastes que hay en su razón de ser ideológica y militar y los distintos roles que asume en los diferentes territorios en los que opera.

Del lado colombiano, el ELN funciona más como una insurgencia que abiertamente desafía la legitimidad del Estado colombiano. Del lado venezolano, se comporta como un actor paramilitar que apoya y defiende al gobierno bolivariano.

En este sentido, es insuficiente entender el comportamiento de esta guerrilla como un grupo homogéneo con presencia a lo largo de la frontera binacional.

Para entender esta bipolaridad, hay que enmarcar el análisis en la evolución geopolítica latinoamericana de los últimos cuarenta años que, a su vez, explica la variación espacial y temporal de esta guerrilla en términos de presencia, capacidad regulatoria y de impartir orden (establecer reglas de juego), entre otros. 

Las relaciones entre Colombia y Venezuela han cambiado el panorama para el ELN

La situación actual es muy distinta a la de décadas atrás, cuando las guerrillas colombianas eran consideradas un problema de seguridad binacional.

Esta relación cambió por las dinámicas políticas internas de cada país. Las elecciones de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia (2002-2010) y de Hugo Chávez Frías en Venezuela (1999-2013) marcaron una ruptura en las dinámicas fronterizas.

Mientras Chávez adoptó una postura de neutralidad y fue más permisivo con la presencia guerrillera del lado venezolano, Uribe desarrolló una guerra contrainsurgente sin precedentes que obligó a las insurgencias a buscar refugio en los márgenes del país y en los espacios fronterizos con Ecuador, Panamá, Brasil y Venezuela.

Este proceso marcó un cambio en la relación entre el ELN y el régimen bolivariano. Pasó de ser una rivalidad belicosa a un oportunismo pragmático que se fue incrementando gradualmente. No sobra recordar que, a inicios de la década de los 2000, hubo una mejor relación del Gobierno bolivariano con las Farc más que con el ELN; en 2002 se dio la captura y entrega al Estado colombiano de varios guerrilleros del ELN, entre ellos José María Ballestas, quien piloteó y aterrizó el avión Fokker de Avianca, secuestrado con 56 pasajeros unos tres años antes.

Los mayores desarrollos del ELN en Venezuela se dieron en el marco del Proceso de Paz con las Farc y el fallecimiento de Chávez (2012-2016). Para estos años emergió una relación de codependencia debido al severo debilitamiento de la capacidad estatal venezolana y la voluntad decida de la guerrilla de erigirse como un ente regulador del espacio binacional bajo dos apuestas: gobernar y ordenar estos territorios le permitía extraer recursos y continuar con el traslado de una parte gruesa de su pie de fuerza (incluidos sus dos comandantes más importantes, Antonio García y “Pablito”).

Con este contexto, es claro que la evolución de la inserción “elena” en Venezuela debe ser analizada con un énfasis en las relaciones binacionales entre Bogotá y Caracas y con un simultáneo enfoque en el nivel subnacional.

La frontera colombo venezolana tiene más de 2.219 kilómetros. No solo es la más extensa del lado colombiano (siete departamentos del lado colombiano y cuatro estados del lado venezolano), sino también bastante variopinta en términos demográficos, económicos, sociales y políticos.

Basta preguntarse: ¿son las mismas dinámicas y lógicas territoriales las que atraviesan los espacios fronterizos de los llanos orientales (Arauca con Apure), el tramo central (Norte de Santander con Táchira y Zulia), la Orinoquia (Vichada y Guainía con Amazonas), y el Caribe (Cesar y La Guajira con Zulia)? Es claro que no: cada región presenta unas especificidades que deben tenerse en cuenta para entender cómo opera la guerrilla en cada una de ellas.

Así, más allá de afirmar o refutar el carácter “binacional” del ELN, tenemos que entender de qué forma, bajo qué condiciones y cómo ha sido el proceso de inserción político-militar en cada uno de estos territorios. En otras palabras, hay que entender, de manera diferenciada por territorio fronterizo, cuáles han sido los escenarios de oportunidad, las limitaciones, obstáculos y fracasos del ELN.

La variante llanera: el nodo organizacional en Arauca y Apure

El Frente Domingo Laín (FDL) emergió en medio de las fricciones de los movimientos cívicos araucanos y el Estado colombiano a finales de 1970. Esto le brindó la oportunidad a la naciente estructura de defender a la población que enfrentaba al Ejército en los paros cívicos e incluso de extender su influencia a los colonos que se habían asentado en el territorio venezolano.

En muy poco tiempo, antes de la bonanza petrolera, el FDL logró expandir sus estructuras y desarrollar acciones armadas en el espacio binacional. La más representativa fue la toma del puesto de la Guardia Nacional de Cutufí (Alto Apure) en 1983, además de varios operativos para extraer recursos de ganaderos del área (secuestros y extorsiones).

Este tipo de hechos, más la hegemonización del Laín, acarreó una fuerte estigmatización de los locales de parte de las autoridades de ambos países y legitimó hechos represivos (como la masacre cometida en El Amparo, en Apure) por parte de miembros de la Fuerza Pública venezolana contra 14 pescadores colombianos y venezolanos en 1988.

Ante la consolidación “elena” y el recrudecimiento del conflicto armado en Arauca, los Estados colombiano y venezolano establecieron en 1994 la Comisión Binacional de Fronteras (Combifron) para compartir inteligencia y coordinar esfuerzos militares contra las insurgencias. Esta Comisión no logró su cometido y el ELN siguió exhibiendo su belicosidad: en 1995 desarrolló un ataque al puesto fluvial de la Infantería de Marina Venezolana en Cararabo y secuestró del alcalde de Guasdualito.

Con la consolidación del régimen chavista y el desarrollo de la Seguridad Democrática, el Laín trasladó al Alto Apure un amplio pie de fuerza para evadir la campaña contrainsurgente, convirtiendo al área en una zona de retaguardia.

Este proceso se profundizó con dos elementos.

Primero, con la victoria militar sobre las Farc (2005-2010): el pacto de paz entre las dos guerrillas terminó robusteciendo al ELN, pues adquirió el control de todo el contrabando binacional y algunas rutas de la coca (desde Cubará hasta El Amparo).

Segundo, con el traslado de varios comandantes del Frente de Guerra Oriental (FGO) y del Comando Central (Coce): “Pablito”, quien luego de su fuga de un centro penitenciario en Arauca (2009) se instaló en suelo venezolano, y Antonio García.

No obstante, en la última década, Apure ya no solo se utiliza como un lugar de refugio o extracción de recursos, sino como un área estratégica de dominio: en la actualidad es un nodo organizacional del FGO y del ELN nacional, “un nuevo sur de Bolívar”, donde ha establecido un eje de despliegue estratégico con un importante respaldo social y político en la sombra del Parque Nacional El Tamá. Se trata de un triángulo terrestre entre El Nula, Puerto Contreras y El Amparo, con fácil acceso a Norte de Santander y al vital “corredor ABC” (Arauca, Boyacá y Casanare).

A lo largo de la frontera y dentro del Alto Apure, el ELN asume funciones estatales con el respaldo del régimen venezolano: controla el desplazamiento de las personas y los pasos fronterizos (trochas) donde se desarrollan actividades económicas ilegales e informales, regula la vida cotidiana de los locales, extrae recursos de amplias actividades, entre otros.

Incluso, sirve como un “sistema de alerta temprana” frente a amenazas extranjeras, dada sus densas redes de informantes a ambos lados del río Arauca. Además, con los acumulados desarrollados, el FGO ha emprendido un proceso expansivo al interior del país (Vichada y Casanare) y por toda la franja fronteriza (desde Zulia hasta Amazonas) con una nueva generación de guerreros y comandantes binacionales.

Finalmente, el fuerte enraizamiento eleno en este territorio se explica, además, por el respaldo que recibe de los poderes y autoridades regionales: Apure ha sido gobernado por exmilitares fieles al proyecto bolivariano y el Estado es marcadamente chavista, gracias a la reestructuración del poder que adelantó el Gobierno en los últimos 20 años con la expropiación de las haciendas que poseían los ganaderos tradicionales.

Estos elementos hacen del ELN actual un actor estructurante de este espacio binacional, y aunque la creciente presencia de la disidencia del Frente Décimo puede cuestionar dicha posición, los recientes eventos muestran que estaría lejos de hacerlo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) asumió la tarea de enfrentarlo (sin mucho éxito) a finales de marzo pasado y pocos cambios se han percibido desde entonces

La variante central: la franja volátil entre Norte de Santander, Táchira y Zulia

A pesar de que la presencia del ELN en Norte de Santander se remonta a los años setenta e inicios de los ochenta, esta experiencia es muy distinta a la de Arauca.

Varios factores impidieron que el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del ELN, la replicara.

Primero, el proceso de configuración regional del Catatumbo (marcado por diversas oleadas de colonización de personas con ideales y referentes culturales variados) nunca le permitió incrustarse en los procesos sociales de la forma que lo hizo en el Sarare.

Segundo, la presencia de otros competidores por base social limitó aún más su inserción.

Y, tercero, los golpes propinados por los paramilitares.

Además, si la experiencia del Catatumbo estuvo llena de contrastes, la del área metropolitana está marcada por grandes reveses.

El frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar fue derrotado y expulsado de las comunas cucuteñas en los años noventa por los paramilitares. Y el desarrollo de un entramado criminal (que aprovechó los legados del paramilitarismo y una dinámica ilegal e informal de décadas) han limitado y frenado los intentos expansivos del ELN en años recientes.

En la parte más integrada y con mayor presencia estatal (Puerto Santander, Villa del Rosario, la zona rural de Cúcuta) dominan Los Rastrojos y el Clan del Golfo al punto de que controlan los pasos fronterizos; en ese rol han entablado acuerdos y arreglos pragmáticos con las autoridades binacionales para el paso de víveres, gasolina, migrantes y toda la dinámica que implica una frontera dinámica como esta.

Respecto al lado venezolano de la frontera (Zulia), si bien se puede rastrear la presencia de la guerrilla décadas atrás, no tuvo una colonia colombiana de migrantes y se topó con una comunidad indígena binacional con la que mantuvo tensas relaciones y con la resistencia de los ganaderos zulianos.

Por esto, su dominio es bastante reciente, producto del apoyo brindado por el FGO para consolidar un corredor de movilidad en suelo colombiano y el favorable clima político creado con el cerco diplomático de la ayuda humanitaria del Gobierno Duque y de Trump.

En esta dirección, nos topamos con un ELN con una posición dominante, bastante reciente de lado y lado de la frontera, pero con contrastes bien marcados.

En la parte colombiana, sus dominios territoriales siguen siendo cuestionados y las áreas ganadas están sujetas a intentos de incursión por parte de otros actores armados.

En el Catatumbo, si bien con el apoyo del Frente de Guerra Oriental (FGO) le ganó la batalla a la liga formada por el EPL y los Rastrojos, tiene que enfrentar las incursiones del Clan del Golfo en Sardinata. Pero del lado venezolano ha establecido una presencia importante durante y después de su conflicto con el EPL (Casigua El Cubo, Caño 14 y por los ríos catatumberos que atraviesan el sur de Zulia hasta llegar al Lago de Maracaibo).

Fuera de regular el transporte de personas y mercancías por los pasos informales y el sistema fluvial, imponen un orden estricto en las comunidades bajo de su control y han desplazado a varios agricultores que no acatan a su mandato.

En la parte del área metropolitana de Cúcuta (franja del territorio entre la capital departamental y Puerto Santander) su control territorial es bastante nulo, ya que es una zona de disputa con Los Rastrojos y, más recientemente, con el Clan del Golfo.

Del otro lado, el ELN ha conquistado el tramo fronterizo tachirense y buena parte del sur de Zulia. Este proceso empezó en 2017 con la inserción y conquista del tramo central gracias a la supuesta alianza entre el Frente Carlos German Velasco Villamizar (con el apoyo del FGO) y Freddy Bernal (el hombre duro del chavismo y denominado el “Protector del Táchira”), quien trajo a Los Colectivos.

Con esta alianza lograron para 2019 la expulsión de Los Rastrojos de las zonas de San Antonio, Ureña y Boca de Grita. El dominio a este lado de la frontera se muestra mucho más consistente por el amplio control que poseen (en las zonas de Delicias, San Antonio, Ureña, Palotal y Boca de Grita) y por las acciones que desarrollan: patrullan la zona, establecen restricciones horarias y de movilidad, impusieron tarifas sobre el contrabando y las trochas, e incluso han llegado a construir parques para niños.

Este avance ha sido en gran medida posible por la escisión política que se presenta al interior del Táchira, donde facciones políticas del régimen están trenzadas en una lucha por el poder regional en un Estado que históricamente ha sido opositor al proyecto bolivariano. La consolidación elena se dio con la venia del régimen venezolano, al servir como punta de lanza frente a cualquier amenaza externa, particularmente después del resonado paso de Juan Guaidó a suelo colombiano y el alboroto por los pasos fronterizos que causó la ayuda humanitaria en 2019.

Estos sucesos permiten presumir que existe un entendimiento acordado (incluso una relación colaborativa) entre el grupo colombiano y las autoridades venezolanas dada su abierta presencia sostenida en la zona y la falta de acción estatal para perseguirlo.

La variante orinoqueña: el rentismo eleno en Vichada, Guainía, Amazonas y Bolívar

Desde 2013, el FGO inició un ambicioso plan de expansión para controlar la frontera colombo-venezolana entre el Catatumbo y Guainía. Con la desmovilización de las Farc, el FGO se extendió a lo largo de la cuenca del río Orinoco al interior del Vichada y llegó con mayor profundidad al interior de Venezuela.

Antes del Acuerdo de Paz, el FGO permitía el paso de tropas de las Farc en Arauca a través del corredor de movilidad en el Alto Apure y Táchira hacia el Catatumbo. A cambio, las Farc les permitían pasar a través de Puerto Páez, un pueblo de frontera estratégico localizado en el Orinoco entre Apure, Amazonas y Vichada.

Para realizar esta expansión, el FGO fundó el Frente Rafael Blanco Flórez (2016), que estableció su presencia en todos los pueblos clave de la frontera localizados sobre el río (Puerto Ayacucho y San Fernando de Atapabo), al mismo tiempo que se extendía al interior de los ríos que alimentan el Orinoco en Vichada, Guainía y Guaviare.

Mientras continuó este crecimiento, el Frente Domingo Laín envió a esa zona a varios comandantes de alto rango, claves para liderar los frentes Rafael Blanco Flórez y el José Daniel Pérez Carreño, recientemente creados en Cumaribo.

Su expansión ha coincidido con el desplome económico de Venezuela y el deterioro de la capacidad estatal para controlar esta área de frontera. En efecto, al igual que al norte de Zulia (en los límites con La Guajira), el retiro de las autoridades venezolanas generó una demanda de protección insurgente por el aumento de la criminalidad.

Esta inserción se vio profundizada porque el Gobierno de Maduro puso la mira en el Arco Minero del Orinoco, una franja 11.000.000 de hectáreas en los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, rica en minerales (oro, cobre, diamantes, coltán, hierro y bauxita). La particularidad de esta área era que prácticamente todas las operaciones mineras eran informales y administradas por alianzas entre las Fanb y grupos criminales locales (sindicatos).

En vista de este escenario de oportunidad y poniendo al servicio su experiencia regulatoria en este tipo de territorios, el ELN ingresó violentamente a la región y logró logrando establecer control sobre zonas claves. A la vez, ha extendido su alcance a la región fronteriza en disputa entre Venezuela y Guyana. Con esta consolidación, se ha convertido en un factor determinante de orden y regulación.

A pesar de este avance, su posición no se encuentra del todo sedimentada. En los años recientes (2019 al presente), lo que se observa por parte de los actores en juego son unos dominios territoriales inestables que oscilan y dependen de unas alianzas bastante fluctuantes: en esta área del territorio venezolano, disidencias de las Farc, sindicatos, ELN y autoridades venezolanas luchan o pactan entre sí el control de las áreas de explotación minera.

La variante caribeña: el portal al Caribe en Cesar, Guajira y Zulia

El Frente José Manuel Martínez Quiroz hizo presencia en el sur del Cesar en la década de los setenta y desde ahí se expandió hacia al centro y norte del Cesar y al sur de la Guajira.

Por el otro lado de la frontera el grupo sirvió como un defensor de los campesinos colonos colombianos en territorio venezolano, al acompañar el proceso de asentamiento y cultivo de amapola. No obstante, esta estructura sufrió grandes reveses militares a manos de los paramilitares en los noventa que significaron una derrota militar importante, que enmarca su marginalidad y escaza visibilidad en esta área del espacio binacional.

Además, el Frente de Guerra Norte (FGN) no ha tenido capacidad de controlar el territorio y la población del norte del Cesar y La Guajira debido a los entramados criminales y étnicos que han limitado su inserción en términos militares. Estos logran atender las demandas, mediante reglas claras, de las actividades económicas semiilegales e ilegales que se desarrollan del lado colombiano.

Sin embargo, en los últimos años, el FGN aprovechó la desmovilización de las Farc para expandir su presencia a algunas zonas de antiguo control de la extinta guerrilla. Entre 2017 y la actualidad, los elenos han fortalecido su presencia en varios corregimientos ubicados en la zona rural de Maicao por la frontera con el Zulia.

Al otro lado de la frontera (Zulia) viene disputando y reclamando control de espacios dejados a su suerte por el Estado venezolano. Desde 2017 ha mantenido una creciente presencia en el corredor estratégico entre la Serranía de Perijá y el Golfo de Venezuela, al norte de Zulia. Sus estructuras han asumido control de varias comunidades indígenas ubicadas por la frontera y reclutan adolescentes y adultos de estas poblaciones marginalizadas.

Con estos acumulados, el FGN expulsó a La Zona en 2019 (una banda venezolana sanguinaria) del Guarero, el pueblo fronterizo zuliano más importante; esta agrupación se había convertido en un factor de orden y gobernanza que había puesto fin a un contexto de anarquía criminal que había producido la victimización indiscriminada de comunidades wayuu que habitan ese espacio.

La legitimidad y capacidad regulatoria del ELN en esta zona es grande: ya no solo garantiza la seguridad, sino que ahora está asumiendo funciones de Estado (administración de justicia y la satisfacción de algunas Necesidades Básicas), y a cambio tiene el control de rutas y pasos de contrabando y del narcotráfico.

Mientras el avance del FGN ha sido más limitado en el norte de Cesar y La Guajira (una zona donde se topa con las redes criminales locales y donde llevan décadas de experiencia en el manejo de economías ilícitas y la regulación comunal), en Zulia el ELN ha encontrado una población mucho más receptiva a su mensaje por el debilitamiento de la presencia estatal venezolana y su erradicación de las bandas criminales locales, que tenían azotada a la población wayuu. Esto marca un claro contraste: del lado colombiano es marginal y del lado venezolano es determinante.

Lecciones

Hay ejemplos históricos y actuales, como la experiencia del Frente Patriótico Ruandés en Uganda o Los Talibanes en Pakistán, que permiten entender que el desarrollo de la presencia bipolar elena en el espacio binacional se debe tanto a la geopolítica regional como a las dinámicas locales.

La expansión del ELN en Venezuela responde a la convergencia de procesos locales de las distintas zonas fronterizas, nacionales (como la desmovilización y reactivación de las Farc) y la simultánea crisis humanitaria en Venezuela, y procesos internacionales como el aislamiento político de Maduro en el hemisferio.

Esta relación tiene un beneficio mutuo para el Gobierno Maduro y para el ELN, pero cada vez es más claro que el ELN está defendiendo al proyecto bolivariano en los márgenes del país, y no al revés: que el gobierno de Maduro es su protector.

La desmovilización e inclusión de las Farc en el juego democrático colombiano produjo un reacomodamiento en las dinámicas de presencia y accionar de los frentes del ELN en la frontera, ya que las estructuras de la extinta guerrilla solían ser el actor dominante (menos en Arauca): un coproductor de orden y gobernanza.

Además, la crisis institucional y humanitaria venezolana ha hecho de la frontera con este país un espacio particularmente vulnerable a la violencia y la criminalidad, en la medida en que los controles estatales de lado y lado se han reducido y el ELN es percibido como un aliado político-militar del actual Gobierno venezolano.

Esto expone una relación bipolar a lado y lado de la frontera: en Colombia busca desafiar al Estado y en Venezuela afianza el régimen chavista y se constituye en su primer muro de defensa.

Ahora bien, la inserción e incrustación elena está atravesada por múltiples variables que no han sido analizadas a profundidad y que sin duda alguna permitirán entender la naturaleza y textura de la presencia de esta insurgencia más allá de si es o no “binacional”.

Las formas y modos de inserción, así como la presencia actual del ELN en cada lugar, han sido diferenciadas espacial y temporalmente: en cada territorio ha tenido grados de implantación e incrustación distintos en el tiempo. En algunos se ha profundizado, en otros ha iniciado y también ha habido casos donde no lo ha logrado. Asimismo, han variado las capacidades regulatorias y de control territorial, el tipo de ordenamiento y los vínculos con los pobladores.

Por último, hacemos un llamado a la necesidad de integrar los enfoques y agendas analíticas de la gobernanza rebelde y criminal en Colombia. Una insurgencia como el ELN hace cada vez más porosas las diferencias entr

Politólogo con un doctorado de la Universidad de Toronto. Sus trabajos han sido publicados por Latin American Politics and Society, Revista Controversia, Cambridge University Press, y CINEP/PPP.

Es profesor en la Universidad del Norte. Se doctoró en estudios americanos con mención en estudios internacionales en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus áreas de interés son negociaciones de paz, conflicto armado y seguridad ciudadana.

Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes. Maestro en Sociología de la Escuela de Altos Estudios (EHESS) (París, Francia). He trabajado para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Centro Nacional de Memoria Histórica, como analista para la Fiscalía General de...