¿Una reapertura que le apuesta al cambio?

Dora, de 58 años, sin una extremidad inferior y en silla de ruedas lleva consigo una caja con un letrero de cartón casi ilegible que dice “dulces y pipas”. Se para todos los días debajo de un árbol muy cerca al puente internacional Simón Bolívar para resguardarse del sol implacable que amenaza la integridad de sus productos y su propia piel, así busca su sustento todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Antes de cerrar la frontera, se dedicaba al comercio de productos en un puesto que tenía en el sector de La Parada que le permitía vivir bajo condiciones dignas. Hoy Dora se gana menos de 7.000 pesos por día. 

Nora, de 54 años, vive con su esposo y 2 hijos, vive de la venta de café y su esposo se dedica a perseguir taxis en la zona de frontera para poder llevar la carga de un pasajero en sus hombros hasta suelo venezolano a cambio de por lo menos 5.000 pesos, siempre dependiendo del tamaño de la carga a llevar. Antes del cierre de frontera, Nora y su esposo vivían de las ganancias que les dejaban tres motos que trabajaban en Ureña y San Antonio del Táchira. Desde el cierre de fronteras y la crisis económica tienen sus motos guardadas y ahora se ganan menos de 20.000 pesos por día. 

Como Dora y Nora son miles de personas las que antes del cierre de fronteras tenían los medios necesarios para solventar sus gastos y los de sus familias, generaban ingresos que les permitían condiciones de vida digna. Ahora estas familias tienen puestas sus esperanzas en la reapertura de la frontera anunciada por el Gobierno nacional.

¡El 26 de septiembre abriremos la frontera! Sí, el presidente de Colombia ha anunciado hace un par de días la “reapertura” de la frontera y, por supuesto, se han generado miles de reacciones en la sociedad civil, entidades del Estado y cooperación internacional, algunas a favor y otras en contra.

Lo cierto es que ahora personas como la señora Dora guardan la esperanza de recuperar parte de su patrimonio y volver a su condición anterior donde gozaban de una vida que, aunque no estaba llena de lujos, era tranquila, alejada de las necesidades que hoy la levantan y no le permiten conciliar el sueño. 

Primero fue el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia en Venezuela; después, la promesa del mismo embajador al presidente Gustavo Petro sobre la generación de un intercambio comercial de por lo menos 8.000 millones de dólares que beneficiará a millones de personas que viven en zona de frontera. Ahora, el anuncio de una reapertura que genera una cuenta regresiva que nos tiene a tan solo diez días de un momento esperado por años y en el que reposan sueños y esperanzas de miles de familias. Se anuncian vuelos desde Bogotá a Caracas, distrito capital y también a Valencia, Carabobo. De igual forma, se anuncia el paso de transporte de carga por los puentes internacionales y todo está resuelto. Pero ¿ahora qué sigue? 

Contrario a lo que muchos piensan, abrir la frontera es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Veamos unos ejemplos:

• 15 mujeres venezolanas fueron víctimas de trata de personas en el año 2021 según la Defensoría del Pueblo.
• 190 mujeres venezolanas fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el año 2021 según el Observatorio de Género de Norte de Santander y 9 fueron víctimas de desaparición forzada. 
• Al menos 1.000 personas fueron reportadas como desaparecidas en entre los años 2018 y 2019 en la frontera colombo-venezolana.
• En cuanto a las niñas y niños, en el 2021 se presentaron 40 eventos de reclutamiento masivo de reclutamiento de menores de edad venezolanos según diferentes organizaciones sociales, entre ellas, Coalico.
• 43 familias afirman haber perdido el rastro de por lo menos uno (1) de sus integrantes cuando cruzaban por trochas ilegales entre los años 2016 y 2019 según Naciones Unidas, así mismo, esta entidad afirma que los 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela presentan condiciones favorables para la siembra de hoja de coca y su encadenamiento con los demás eslabones de la cadena del narcotráfico en el que Norte de Santander tiene 40.000 hectáreas de coca, hecho que deja ver la situación de conflicto armado por presencia de grupos armados en esta zona.

La Platanera, Los Mangos y Las Pampas son 3 de las trochas más conocidas que rodean el puente Simón Bolívar y por las cuales transitan miles de personas día a día. Según testimonios de las personas que habitan la zona, el control de las mismas está a cargo de diversos grupos; en el lado colombiano, por la guerrilla, grupos criminales, narcotraficantes y la Policía nacional que transita pasivamente y casi que por compromiso por las zonas aledañas a las mismas; en el lado venezolano, grupos armados realizan controles a las personas mediante requisas y, en algunas otras ocasiones, piden dinero para permitir el paso de los desconocidos o de aquellos en los cuales sea notorio el nerviosismo por pasar por estas trochas.

Otro mecanismo de financiación es el cobro de vacunas o impuestos que al final son comparables. Las familias también afirman que las fuerzas militares venezolanas también participan en menor medida de estas prácticas. Por ejemplo, lo hacen cobrando 5.000 pesos a las personas que trabajan como “trocheras” o “carrucheras” (aquellas personas que llevan mercancía o el equipaje de viajeros) en el puente hacia territorio venezolano. Estos militares tienen listas en las cuales saben si la persona ya pagó o no; como quien dice, la guardia venezolana cobra por el derecho a trabajar. 

Las personas que viven en las trochas han normalizado el sonido de las balas y han afinado a tal punto sus oídos que pueden diferenciar en segundos si lo que suena es pólvora o, por el contrario, el accionar de armas de fuego que anuncia la hora de buscar refugio en lugares donde se corra el menor riesgo.

Estas personas viven entre balas y precariedad como si no tuvieran más opción; en las noches se esconden de un conflicto armado y en el día se enfrentan a organismos del Estado que buscan recuperar un espacio público necesario para el tránsito de vehículos como se hacía hace 10 años, otro asunto que tiene en vilo a los mandatarios locales, pues la reubicación de los puestos de comercio informal significa también una vulneración a sus condiciones que ya en principio son precarias. 

Pero si todo lo anterior no es suficiente, son la delincuencia común, ataques sicariales, microtráfico y robos a mano armada las actividades que ahora rigen el día a día. Por más de que este escrito tenga tintes fatalistas o extremistas, un claro ejemplo son los constantes robos a mano armada a residentes y comerciantes de la zona que en algún momento se negaron al pago de vacunas o extorsiones que solo aumentan y mantienen la red de violencia y corrupción. Pero ¿cómo es posible que, a plena luz del día, en una de las zonas con más comercio y con presencia activa de la Policía, hombres armados amordacen a los trabajadores y se lleven todo lo que hay? ¿En qué momento normalizamos que 5 o 10 personas en diferentes motos anden cometiendo hurtos como si no existiera una fuerza militar encargada de mantener el orden público? ¿Somos acaso simples y pasivos espectadores de una sociedad inmersa en una debacle de la que parece no haber salida?

Abrir la frontera parece ser hoy una decisión algo apresurada si no se retoma el control de un corregimiento que parece no pertenecer a ninguno de los dos países y, aunque el intercambio comercial y la expectativa de trabajo formal e informal promete mejorar en buena medida las condiciones de vida de los habitantes y comerciantes ubicados en zona de frontera, no se puede desconocer que algunos problemas de base requieren especial atención en donde el papel de Estado y la sociedad civil es fundamental para la construcción de una frontera en paz.

Entonces ¿estamos preparados para una reapertura?