Venezuela: El juego de cartas bajo la mesa

El incidente de la invasión fallida aumenta la crisis de representación de Juan Guaidó por su discurso “Todas las opciones están sobre la mesa”. Para superarla debe recomponer su autoridad, confianza y vinculación con todos los sectores democráticos del país.

El conflicto venezolano ha alcanzado un nivel de gravedad tal que la conmoción amenaza con erosionar definitivamente la figura de Juan Guaidó, luego de la vinculación inicial de funcionarios de su entorno con un ex boina verde norteamericano, Jordan Goudreau, que liderizó un fallido hecho insurreccional en las costas del país.

La supervivencia de Guaidó no depende únicamente de su capacidad para reconstruir lo que de por sí era una frágil alianza de partidos políticos para promover la transición a la democracia, sino también su vinculación con la sociedad civil del país, que hoy debate la conveniencia o no de desmarcarse de quien ha sido designado “Presidente Interino” por la Asamblea Nacional.

Desde hace varios años los venezolanos han perdido buena parte de su capacidad de asombro. Por eso aquel domingo 3 de mayo, cuando se conoció que el gobierno de Nicolás Maduro había interceptado una embarcación con personas que intentaban iniciar una campaña insurreccional contra Miraflores, la primera reacción en redes sociales fue la incredulidad.

Bajo el estado de alarma, que ha decretado una cuarentena en todo el país desde el 13 de febrero, las noticias no paran de sucederse. Una decisión judicial de Estados Unidos que ofrece recompensas millonarias por información que permita la captura de Nicolás Maduro y su entorno; la desclasificación de imágenes del avistamiento de Ovnis por parte del Pentágono; el retorno de miles de venezolanos migrantes; la escasez de gasolina en todo el país; el conflicto entre Miraflores y los más importantes productores nacionales de alimentos y el enfrentamiento durante varios días de dos bandas delincuenciales por el control del mayor barrio del este de Caracas.

Dos días antes de ese domingo 3, la agencia Associated Press publicó un reportaje del periodista Joshua Goodman donde se describía una bizarro conspiración para deponer a Nicolás Maduro en cuya trama aparecían, además del propio Goudreau, líderes de la oposición venezolana, desertores militares del ejército, el general retirado Cliver Alcalá y empresarios de otros países. Cuando el rocambolesco plan parecía materializarse 48 horas después, los activos tuiteros locales hicieron gala de un prudente escepticismo.

A medida que pasaron las horas y aparecían más detalles, se fueron acumulando evidencias sobre su plausibilidad. La primera fue de la periodista Patricia Poleo, que desde el exilio en Miami realizó una entrevista al ex boina verde, quien mostraba grabaciones de sus conversaciones con Juan Guaidó y un contrato firmado por ambas partes. Al día siguiente, cuando una segunda nave fue capturada, uno de sus tripulantes era Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, uno de los presos políticos con mayor significación para el chavismo.

Ese día lo que terminó de convencer a los incrédulos fue la seguidilla de entrevistas concedidas por JJ Rendón, cuya firma aparecía en el contrato mostrado por Goudreau, donde se reconocía que sí había existido un acuerdo inicial pero que se había desestimado por “inconsistencias” por parte de la compañía de seguridad contratada. Más que aclarar las declaraciones de Rendón -designado para integrar el “Comité de Estrategia del gobierno interino” en agosto del 2019- oscurecían. Para el Washington Post afirmó que “Guaidó estaba diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa. Estábamos cumpliendo ese propósito”. Lo que evidenciaba aquella frase irritó a más de uno. El episodio se convertía en el mejor regalo para mantener la precaria estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro.

El 8 de mayo el partido Primero Justicia hacía público un comunicado donde rechazaba los eventos ocurridos en el litoral caribeño. Incluyendo los hechos del 30 de abril de 2019 -cuando Guaidó y Leopoldo López, junto a un grupo de soldados, pidieron al resto de las Fuerzas Armadas sublevarse desde un puente aledaño al aeropuerto militar de La Carlota- sostenían que “terminan frustrando a nuestro pueblo y destrozando la confianza entre quienes luchamos por el cambio político”, agregando que “Tenemos años rechazando de modo total la injerencia cubana en nuestro país, e igualmente rechazamos radicalmente la contratación de grupos ilegales”.

Dos días antes, el 6 de mayo, se divulgó un comunicado suscrito por 8 partidos (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, Copei, Encuentro Ciudadano y Movimiento Progresista), donde expresaron que “Las fuerzas democráticas no promueven ni financian guerrillas, focos de violencia ni grupos paramilitares”, añadiendo que “Las fuerzas democráticas apuestan por una salida en paz, que brinde tranquilidad y estabilidad a todos los venezolanos y sus familias”.

Aunque ambos comunicados insistían en la constitución de un “Gobierno de Emergencia Nacional” con los diferentes sectores del país, el de Primero Justicia -que según su base electoral es el partido opositor más importante del país- también demandaba la destitución de los funcionarios involucrados en los grupos ilegales, la realización de una investigación por parte de la Asamblea Nacional y el replanteamiento de los mecanismos de toma de decisiones en la oposición y en el llamado “Centro de Gobierno”: “para que se respete verdaderamente la Unidad y se vuelva a colocar el foco de la lucha política en la salida de Maduro del poder”.

La ambiguedad como estrategia

La respuesta de Juan Guaidó ha sido errática. El propio domingo 3 calificó el hecho de ser un falso positivo o un episodio de delincuencia común manipulado por Miraflores. Al día siguiente ratificó su discurso sobre el montaje, incorporando el respeto a los derechos humanos de los detenidos.

El viernes 8, cuando JJ Rendón ya había informado que a Goudreau se le habían adelantado 50.000 dólares para gastos, volvió a reiterar la tesis del “falso positivo” de la que era víctima. Mientras se escribía ese texto su equipo de comunicación informó, en 3 párrafos, que “El presidente (e) Juan Guaidó aceptó la renuncia de los funcionarios y agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela”, segundo párrafo, y “De igual forma, Rendón y Vergara ratificaron su respaldo a la causa democrática, al presidente (e) Juan Guaidó e hicieron un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo al Presidente interino y a la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional como la única vía real para salvar a Venezuela de una catástrofe sin precedentes”, último párrafo. Si la estrategia es pasar la página tendrá menos efectividad que en ocasiones anteriores.

Aunque en encuestas recientes Guaidó ha comenzado a tener más rechazo que aprobación, de lejos sigue siendo, del conjunto, el político mejor valorado por la población. Sin embargo, su gestión como presidente de la Asamblea Nacional, fuente de gran parte del respaldo internacional, tiene los días contados. Legalmente corresponde que el próximo mes de diciembre se elija una nueva conformación del cuerpo legislativo, hoy bajo mayoría opositora y principal obstáculo para que Nicolas Maduro obtenga nuevos financiamientos desde el exterior. Su principal valor, el haber aglutinado tras de sí el universo opositor en enero de 2019, hoy parece haberse volatilizado. Su futuro como líder político no depende únicamente de la recomposición de su relación personal con el conjunto de las fuerzas políticas, sino también de su rearticulación con los actores sociales, vínculo hoy presa de la desconfianza.

El distanciamiento de las organizaciones sociales, por lo menos las más visibles, con la figura de Juan Guaidó ha sido progresivo. Comenzó tan temprano como en febrero de 2019, cuando las organizaciones que realizan trabajo humanitario y defensa de derechos humanos cuestionaron el uso político de la ayuda que pretendía ingresarse por la fuerza desde varios puntos de la frontera. El 30 de abril, cuando la “toma del puente de La Carlota”, discutían en privado el giro insurreccional que asumía la estrategia que pretendía lograr el “cese de la usurpación”.

En diferentes foros y asambleas de activismo ciudadano comenzó a repetirse la necesidad que la sociedad civil tuviera su propio perfil en el conflicto, para poder cuestionar públicamente los desvíos y errores de la dirigencia política para el transito a la democracia.

El inicio del proceso de diálogo, facilitado por Noruega, generó amplias expectativas en la posibilidad de avanzar hacia la resolución negociada y política del conflicto. Y cuando este esfuerzo finalizó abruptamente, dando paso a una negociación paralela entre el gobierno y un grupo de partidos opositores de representación minoritaria, varios activistas concluyeron que este atajo era una consecuencia de las exclusiones de los mecanismos de toma de decisiones dentro del llamado “gobierno interino” y la ambigüedad del concepto, sin colofón, “Todos los escenarios están sobre la mesa”. Luego, alrededor de la renovación de la junta directiva de la Asamblea Nacional -que usualmente ocurre los primeros días de cada año-, aumentó la confrontación y la erosión de sus competencias, tras que Nicolás Maduro estimulara la conformación de una junta directiva paralela. En eso estábamos cuando llegó el coronavirus a Venezuela.

Ante las dramáticas circunstancias actuales el argumento de “no dar armas a Maduro” está debilitándose como contención para inhibir la crítica pública legítima y argumentada al liderazgo opositor, desde quienes integran organizaciones de base, que han venido exigiendo en diferentes tonos que debe indicarse, sin titubeos, una estrategia pacífica alejada de la desesperación y cortoplacismo de la violencia. Si Juan Guaidó se encuentra hoy en una encrucijada, el salir de ella no será únicamente reinventando una alianza con los partidos políticos, sino recomponiendo su relación con los diferentes actores sociales, recuperando en primer lugar la confianza perdida, bajo la convicción que un movimiento de rescate de la democracia sólo puede actuar democráticamente.

Fotografía: Sergio González (Provea)