Carta al Presidente

En Memoria y en Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, Afrodes llama a Iván Duque, presidente de Colombia, a retirar objeciones a la Ley Estatuaria de la JEP para que esta tenga las disposiciones legales y jurídicos para su cabal funcionamiento que permita conocer la verdad como primer paso para el perdón y la reconciliación nacional.

El 9 de abril es declarado en Colombia día por la Memoria y en Solidaridad Nacional con las personas en condición de víctimas del conflicto armado, un día importante para mandar mensajes de reconciliación y de tolerancia, un tiempo preciso para que el Gobierno llame a la institucionalidad, sectores políticos, militares, económicos y sociedad civil en general a congregarnos alrededor de la paz y en solidaridad con los que lo perdieron todo en el conflicto. Los afrocolombianos en condición de víctimas del conflicto armado revalidamos hoy el compromiso de nuestros mayores de seguir buscando la paz que significa el derecho a la inclusión y participación real y efectiva en los asuntos que nos afectan para garantizar respeto y derechos de los más del 30 por ciento de personas afros en condición de víctimas y desplazados, de los más de 8 millones de personas en condiciones de víctimas que existen en el país a raíz del conflicto armado.

Las personas y comunidades en condición de víctimas no tenemos nada que celebrar, por el contrario, existe un profundo dolor e incertidumbre por el rumbo incierto que está tomando el país. Nadie, absolutamente nadie quiere cargar con la indiferencia y estigmatización que significa vivir en condición de “víctima y desplazado”. Somos seres humanos que tenemos derechos, dignidad y cultura, somos familias, teníamos bienes y vivíamos en comunidad y compartíamos lo poco entre todos. Tenemos un derecho legal a títulos colectivos sobre las tierras que fueron ocupadas por nuestros ancestros y de ellas fuimos despojados por intereses económicos y ahora somos conocidos bajo la condición de “víctimas”, un adjetivo que reemplaza el verdadero nombre civil dado al nacer por el cual nos conocen.

Las objeciones del señor presidente a la JEP constituyen un hecho que dejará serias consecuencias jurídicas en la inseguridad de los más de 1,958 miembros de la Fuerza Pública que se han presentado voluntariamente ante la JEP, buscando resolver por esta vía sus responsabilidades en hechos de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto. Ya hay preocupaciones, por ejemplo, fue público el video del General Rito Alejo Del Rio “el pacificador de Urabá” quien, después de un año de recuperar su libertad, porque se sometió a la JEP, siente que su proceso está amenazado por su inestabilidad jurídica. Este General sabe la verdad de la Operación Génesis, porque fue quien la comandó conjuntamente con paramilitares del Alemán, que ocurrió entre diciembre 20 de 1996 a febrero de 1997, en la región del Urabá chocoano dejando más de 20 mil personas desplazados, de los cuales mucho tuvieron que huir a diferentes partes del país y países vecinos para salvar sus vidas, otros fueros desaparecidos, asesinados y otros obligados contra su voluntad a integrar grupos armados como guías e informantes. El General también conoce la de la “operación para pacificar al Urabá.” Nosotros queremos que el General Rito Alejo esté en la JEP y diga la verdad que conoce de esta horrible operación armada contra la población civil, queremos que cuente dónde están nuestros desaparecidos.

Queremos que se conozca la verdad de los más de 3.500 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que se sometieron al desarme por el acuerdo, ellos tienen mucho que decir por sus acciones armadas, muertes, desplazamientos, etc. también queremos la verdad de los particulares que participaron voluntaria o involuntariamente en violaciones de derechos humanos.

Su falta de voluntad para la implementación del acuerdo nos lleva hoy a retroceder y lamentar los horrores que vuelve a dejar la guerra. Las comunidades volvemos nuevamente a denunciar el incremento de los asesinatos de líderes y lideresas étnicos y sociales que, desde 2016 a hoy van cerca de 500, también va en aumento lamentablemente las masacres, los desplazamientos forzados, en especial en la costa Pacífica colombiana. La Organización Nacional Indígena de Colombia – Onic denunció el asesinato de 36 líderes indígenas en los primeros 4 meses del gobierno del presidente Duque. El informe ‘Tendencias Globales‘ presentado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, reveló que durante 2017 más de 91.431 personas fueron desplazadas a causa de la disputa de territorio entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo reportó que al menos 17.825 personas fueron desplazadas durante el primer semestre de 2018, todos ellos con mayor impacto en el pacífico. El mes pasado conocimos por Caracol Noticias las difíciles condiciones humanitarias en que están las comunidades en el bajo Atrato por los constantes enfrentamientos armados que han provocado desplazamientos forzados de afros en indígenas.

Esto significa que los grupos armados en los territorios étnicos aumentaron sus acciones de guerra sin que la fuerza pública defienda a los pobladores. Otros hechos bastante graves son los reclutamientos forzado de menores de edad para pelear esta guerra. Nuestros hijos son inducidos a las drogas y prostitución por falta de oportunidades de estudios y trabajo. Nos preguntamos, señor presidente, para donde va este país si a los políticos se les olvido su deber de legislador en favor de los más vulnerables entre ellas las víctimas.

La luz de la esperanza nos guió cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, de ello podemos rescatar que su elección, señor presidente, fue la más pacífica en la historia de este país gracias al acuerdo que también disminuyó las masacres, las confrontaciones armadas fueron mínimas, es decir, el hospital militar estuvo sin heridos por meses, pasamos de lo imposible – llegar a la paz – a soñar en lo posible – dejar la guerra-, inclusive nosotros a soñar con el pronto retorno a nuestras comunidades y territorio.

Somos familias en condición de víctimas y desplazadas que integramos la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados los que hoy llamamos a usted señor presidente para que retire las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentadas el pasó 10 de marzo. Afrodes junto con los colombianos de bien y la Cámara de Representantes, que en solidaridad con las víctimas las rechazó, pide que usted y su partido – Centro Democrático – respeten el derecho de las víctimas a conocer la verdad, pedimos que permitan pasar la página de la guerra y del dolor en nombre de nuestros familiares muertos y desaparecidos, busquemos juntos caminos civilizados de convivencia pacífica con verdad y justicia para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -Afrodes, es una red con vocería de 105 organizaciones afrocolombianas víctimas desterrados de sus tierras por causas del conflicto armado, integrada por mas de 20 mil miembros, convertidos en nómadas por todo el territorio nacional mientras que otros han sido obligados a vivir en exilio en otros países. Nuestras comunidades han sido fuertemente golpeadas por el conflicto armado, de los 8 millones de víctimas en el país los afrocolombianos constituimos el 30 por ciento de ellas, una población que constituye 4.3 millones según el Censo de 2005. Si alguien quiere darle nombre a esta tragedia nosotros le llamaríamos “genocidio”, son más de dos millones de personas quienes hemos sufrido directamente el conflicto.

Las personas afrocolombianas en condición de víctimas estamos listas para perdonar, para dar el perdón a quiénes destruyeron nuestras vidas, pero para esto se necesitan dos – es como en el amor que se necesitan dos, – solo nos falta un paso, su voluntad humana, porque ya de parte de algunos implicados en actos de crímenes están listo para dar su testimonio ante la JEP. Queremos la verdad de quienes causaron tantas dolor en nosotros, queremos saber dónde están los miles de desaparecidos, nuestros familiares, también nos motiva conocer porque seguimos viviendo en condiciones de desplazados, a nuestra suerte, ignorados por la sociedad y por el Gobierno.

Señor presidente, la guerra se ha desarrollado y aun se sigue desarrollando en las regiones con mayor presencia de afrocolombianos e indígenas poseedores de buena fe de alrededor de 31 millones de hectáreas de tierras, entre ambos pueblos. Esta tragedia humanitaria ha destruido familias enteras, los jóvenes han sido despojadas de su niñez, de su juventud y de sus sueños de ser profesionales, les enseñan a pelear la guerra sin saber para qué o para quienes solo porque no existen otras oportunidades. Estamos seguros que usted y el ex-presidente Uribe no quisieran ver a sus hijos al frente de la guerra o pidiendo limosnas en las calles de Bogotá, pues nosotros queremos lo mejor tambien para los nuestros.

La guerra es un monstruo con poderes económicos y políticos que aún después de la firma del acuerdo continúa destruyendo vidas y el futuro de nuestras familias, un hecho que, sumado a la apatía e indiferencia del estado pone en peligro nuestra pervivencia. Un número importante de las familias afrocolombianas viven hoy en condiciones víctimas y desplazamiento forzado en ciudades y pueblos donde no reciben apoyo de las instituciones, no hay investigación frente a las denuncias por hechos victimizantes ni mucho menos por violación sistemática de sus derechos fundamentales. Nos preguntamos dónde está el Fiscal con nuestro derecho a la justicia, porque será que él se opone a la verdad, ¿será que el señor Fiscal también esconde verdades?

Las mujeres negras cargan más fuerte este dolor porque, además de cuidar de sus hijos cuando asesinan a sus esposos, por su condicion de negras, pobres y víctimas deben soportar estas tres limitaciones que pesan en esta sociedad. Los jóvenes, además, de ser inducidos a las drogas, son también utilizados como mulas, expendedores de sustancias psicoactivas e inducidos a ingresar a bandas que controlan los negocios ilícitos del micro y macro tráfico en los barrios y pequeños pueblos. Las jovencitas son inducidas a la prostitución, los jóvenes afrocolombianos son más vulnerables a ser reclutados forzosamente e inducidos a cometer crímenes, inclusive en contra de sus propios familiares y comunidad.

Los datos de la guerra concuerdan con la pobreza, el Pnud afirma que, “la pobreza en los afrocolombianos llega hoy al 70,5 por ciento, casi el doble que el promedio nacional.” Mientras que el 37 por ciento de los colombianos no tienen satisfechas sus necesidades básicas (como agua potable o educación primaria), en Chocó el 81 por ciento de la población no cuenta con ello. El analfabetismo alcanza a uno de cada 10 colombianos, pero en Chocó cuatro de cada 10 no saben leer ni escribir. 

Somos hombres y mujeres de paz, por ello negociamos el Capítulo Étnico, fuimos nosotros un tercer actor en la Mesa de diálogo de la Habana, por esta razón salimos a las urnas a respaldar mayoritariamente el plebiscito después de la firma del acuerdo de paz, y, aunque las Farc salieron de nuestras comunidades dejando de existir como grupo armado, nuevos grupos y narcotraficantes llegaron para imponer hegemonía política, militar, económica y control social nuevamente.

Lo más triste es que en estas zonas hay presencia de la fuerza pública, representada en ejército y policía, además de otras instituciones, pero paradójicamente estos grupos armados manejan el micro-tráfico y la vida de sus habitantes, la minería ilegal e impiden la libre movilidad y autonomía de las comunidades a su alimentación, además son ellos los responsables de múltiples asesinatos selectivos de líderes sociales, de las masacres, y el incremento del desplazamiento forzado, confinamientos y sobre todo el terror como medio de presión.

No podemos entender como siendo propietarios de más de seis millones de hectáreas de tierras tituladas en propiedad colectiva desde 1996, por mandato de la Ley 70 de 1993, las comunidades afrocolombianas no contamos con garantías ni mucho menos la protección del estado para el usufructo al derecho de la propiedad, pero las empresas que llegan a la región, tanto nacionales como internacionales gozan de todo el derecho a la seguridad que le brinda el estado.  

El señor presidente consideró en una de sus objeciones que, “el artículo 7 no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas.” Pide entonces que se aclare que “habrá una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”.  Aquí el presidente toma nuevamente a las víctimas para reclamar justicia, lo cual podemos entender de buena fe, también nosotros queremos justicia, queremos verdad. Pero la pregunta es si esta misma se la haría al expresidente Uribe, cuando dejó impune los crímenes cometidos por los paramilitares, cuando decidió extraditarlos a los Estados Unidos para callar su verdad y para que no hubiera reparación a las víctimas mayoritariamente afrocolombianas e indígenas. No defendemos victimarios señor presidente, lo que pedimos es que es mejor un proceso de justicia posiblemente con errores pero que nos permita conocer la verdad versus al otro que quedó lleno de impunidad, que no nos permitió conocer dónde quedaron los muertos o desaparecidos familiares nuestros, porque a los jefes y actores principales del paramilitarismo fueron totalmente silenciados. También sabemos que el paramilitarismo tiene altos mandos civiles que no se han desmovilizado y queremos saber quiénes son.

Pero vea usted señor presidente, a los que se les silencio de decir la verdad están hoy pidiendo someterse a la JEP para contar su versión del conflicto. Es esta la verdad que buscamos y cómo decir que no lleguen la JEP si estos señores guardan la llave maestra que se llama verdad, que nosotros y el país queremos conocer. Usted debería considerar esto como un hecho histórico de cara a la verdad que nos merecemos todas las personas en condición de víctimas del país retirando esas objeciones como una forma de dirimir el choque de trenes porque la Corte ya había declarado constitucional el Alto Legislativo 01 de 2017 que dio vida a la JEP, pero también por el bien del país, usted debe poner al país en la dirección correcta de respeto de los derechos fundamentales de todos.  

El acuerdo de paz buscó reconciliarse y puso a las víctimas en el centro, creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) integrado por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. También se acordó crear la Circunscripción Nacional Especial de Víctimas de 16 cupos, con la finalidad de reparar colectivamente a los más 8 millones de víctimas dándole su derecho a elegir sus voceros al Congreso. Es decir, el acuerdo de paz facilitó varios programas e instituciones para reconciliarnos como país, sobre todo con las regiones más apartados de las capitales. Los políticos modificaron la versión inicial del acuerdo, nos llevaron a un plebiscito, no contento con ello hundieron el proyecto de Ley de Curules para las víctimas y ahora llegan a la JEP porque también la quieren hacer “trizas.”  He dicho que algo está pasando en este país, la guerra ha causado un trauma no solo en las víctimas, pero en los políticos que quieren el poder para destruir lo bueno que nos sirve a todos. Yo digo que estamos enfermo y se requiere jornadas de terapias psicosociales.

No le haremos más el juego a la guerra por ello exigimos que haya justicia y por ello respaldamos la JEP, la queremos en marcha investigando y conduciendo los procesos de verdad. La Fiscalía no pudo durante años de conflicto identificar y judicializar a los victimarios, el Fiscal no pudo identificar ni siquiera a los asesinados de los cerca de 500 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo a hoy, está más dedicado a defenderse de acusaciones de corrupción y a elaborar montajes contra quienes amamos la paz y defendemos la vida.

Señor presidente, retire las seis objeciones que usted presentó para objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estas son una amenaza a la verdad que las víctimas tanto hemos esperado conocer, es por esta razón y en solidaridad con el dolor de las víctimas que la cámara de Representantes mayoritariamente las objeto. Estamos listos para perdonar porque queremos reconciliarnos, pero necesitamos acciones políticas y su liderazgo de cara al país. Reciba el mensaje que dio la Cámara como una señal positiva y siga su ejemplo, pasaremos la página y caminemos juntos hacia la búsqueda de la verdad y del perdón, está en sus manos, usted debe líder al país hacia la sanación de aquellos que están enfermos porque solo ven en sus ojos venganzas por los efectos psicológicos que ha dejado más de 53 años de guerra interna. El odio se sana con amor.

Señor presidente, su gobierno debe ser garantía para avanzar la agenda de los derechos fundamentales de nuestras comunidades, por lo que haga algo para que no sigan estigmatizando a la JEP y sus jueces. Pida se investiguen los asesinatos contra los líderes sociales para terminar la impunidad. Pida al señor Fiscal General que identifique a los responsables de esos crímenes y que los judicialice, pida también a la fuerza pública perseguir los grupos armados ilegales que controlan los territorios y nuestras vidas.

Como solidaridad y en honor a las víctimas, pedimos que se respeten sus derechos, que los jóvenes tengan mejores opciones para crecer y aportar a la sociedad en la que viven más allá que ir a la guerra o perderse en la prostitución o drogadicción.

Evitaremos más confrontaciones armadas, más muertes, más desplazados, más impunidad si usted retoma los diálogos de paz con el ELN, la paz es más grande y usted puede estar a su altura.

Exigimos señor Presidente que usted pida al Congreso que se garantice el derecho de las víctimas a su participación política, tal y como lo establece el acuerdo de paz, pedimos que usted reviva el proyecto de ley que crea las curules de víctimas, las víctimas necesitamos estar representadas en la democracia del país para que no hablen más en nuestro nombre. Son estas acciones que su gobierno debe emprender para dar confianza al país y por ello estamos pidiendo a la comunidad internacional que respalde el derecho a la verdad y a la justicia que tenemos las víctimas.

Como víctimas somos solidarios con la Minga Indígena, Campesina y Afrocolombiana y pedimos un diálogo sincero y honesto con nuestros ancestros mayores. Ellos al igual que nosotros somos las víctimas principales de una guerra que no nos pertenece, no somos el enemigo, señor presidente, no se deje inducir al miedo de aquellos que tienen miedo y buscan ahogar la posibilidad de reconciliación nacional.

Señor presidente, exija a la Fiscalía que presente informes de los responsables de desplazamientos forzados, de los miles de amenazas y asesinatos, para ello desde Afrodes pedimos que haya justicia para que se conozca la verdad, las víctimas estamos listos a perdonar y avanzar en la construcción de un país que garantice derechos para todos.

Nos preguntamos cuándo terminará el estigma o adjetivo que nos identifica como víctimas, cuando recuperaremos el derecho civil a tener un nombre y hacer admitidos plenamente en la sociedad como seres humanos, con derechos y deberes.

Llamamos al presidente a atender con responsabilidad de Estado la real situación de los más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Agradecemos el apoyo de organismos internacionales, cooperantes y ONGs que son voces valiosas para hacer visible esta tragedia en lo internacional y que ayudan con financiar nuestro trabajo y cubren parte de las necesidades que las familias requieren para subsistir. Ustedes saben que las víctimas solo queremos conocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestros seres queridos.