Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Este mes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena y el décimo aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Hay avances en la práctica, específicamente en favor de la mujer indígena?
Hace pocos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, establecido en 1983 en recuerdo de Bartolina Sisa, mujer aymara, asesinada el 5 de septiembre de 1782. Sisa fue ejecutada por comandar batallones indígenas para defender los derechos de su pueblo frente al sometimiento por parte de los españoles.
Esta conmemoración se vive de forma muy activa en los círculos indígenas. Sin embargo, salvo alguna resumida nota de prensa, es poco lo que se habla en los medios nacionales de esta fecha, en la cual se quiere visibilizar no solamente la valentía de Bartolina Sisa, sino que en su nombre se resalta a la mujer indígena que día a día lucha por los derechos de su pueblo, desde los diferentes escenarios, culturales, organizativos, políticos, etc.
Por otra parte, el 13 de Septiembre se celebraron los diez años de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual constituye un instrumento internacional muy avanzado en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, más allá de las conmemoraciones, queremos preguntarnos ¿qué avances se pueden ver en relación con la promoción y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y, de manera específica, en qué han avanzado las políticas y acciones a favor de la mujer indígena?
Si bien es cierto que no solamente la mujer indígena sufre los efectos del modelo patriarcal, también es cierto que para ellas se suman diferentes formas de la discriminación como aquella por razón de la etnia, el género y el nivel socioeconómico. Es por esta razón que debe haber una implementación de políticas específicas y acciones con planes y programas efectivos frente a mujeres indígenas con su pleno involucramiento en las decisiones que se tomen. Esta obligación, ya se encuentra establecida en diferentes instrumentos del nivel internacional, sin embargo la implementación a nivel nacional es casi nula.
Por ejemplo, en materia de biodiversidad, la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en la que la participación de la mujer indígena ha sido muy importante, entre otros, a través de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, hay avances importantes. En una decisión de dicha conferencia (XII/7) sobre “incorporación de las cuestiones de género” se llama a los estados a generar conciencia sobre el Plan de Acción de Género 2015-2020, sin embargo, en un reciente estudio hecho por la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, se encuentra que en los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia, no se ha avanzado en la implementación de esta decisión.
Lo mismo sucede en otros escenarios, a pesar de que el movimiento de mujeres indígenas ha venido cobrando una creciente importancia, y de manera particular en América Latina. No es casual que en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 14 de junio de 2016, se reconozca que la violencia contra la mujer indígena impide el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales (Artículo VII.2) y, en este sentido, los Estados se obligan a adoptar medidas en contra de los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres indígenas (Artículo VII.3).
Sin embargo, hay diferencia entre la letra y la realidad. Así por ejemplo, el connotado caso del asesinato de Berta Cáceres, en Honduras, por su lucha en contra de la represa de Agua Zarca y en defensa del río Gualcarque, el medio ambiente, la biodiversidad y, en general, de la vida. Si bien este caso ha sido ampliamente difundido, hasta la fecha no se cuenta con decisiones de la justicia. Igualmente, en los diferentes países de la región hay muchos otros casos de defensoras del ambiente y la biodiversidad y, en general de los derechos humanos de sus pueblos, judicializadas, asesinadas, abusadas sexualmente y víctimas de todo tipo de vejámenes como represalia a su liderazgo y a su trabajo como defensoras de derechos.
Pero no todo es desesperanza. El creciente movimiento y organización de la mujer indígena y el reconocimiento en instrumentos y espacios internacionales han sido dos bases importantes para lograr una mayor visibilidad, no solamente en el nivel internacional sino también al interior de sus países e incluso de sus comunidades. Así lo demuestra el creciente número de mujeres indígenas autoridades de sus comunidades, parlamentarias, titulares del poder ejecutivo, magistradas y ministras, entre otros, cuya labor se resalta. Por otro lado, están las mujeres emprendedoras, desde diferentes ámbitos como actoras en la conservación y el uso sostenible de los servicios ambientales, soberanía alimentaria, recuperación de la medicina propia, los tejidos, el arte, por mencionar algunos.
En conclusión, la entereza de la mujer indígena, desde la misma llegada de los españoles, ha venido en crecimiento y en una continua visibilización que ha logrado importantes espacios en todos los niveles, y especialmente en la generación de procesos locales de defensa de la biodiversidad, el medio ambiente, el territorio, y en general de la vida. Este mismo hecho ha generado una respuesta agresiva materializada en judicialización, asesinatos, desapariciones, abuso sexual y todo tipo de vejámenes.
Los nuevos instrumentos internacionales y las fechas conmemorativas son importantes. pero lo es más su implementación para lograr un cambio real en la situación de vida los pueblos indígenas, y especialmente de las mujeres y de los niños indígenas. No queremos que después de casi trescientos años, nuestras lideresas indígenas sigan corriendo la suerte de la gran Bartolina.
