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Se revisan los argumentos, contextos y posibles efectos de la decisión que revoca el titulo colectivo del Consejo Comunitario del Gobierno Rural de la Boquilla en Cartagena.

Como ya es de dominio público, el 31 de junio del año en curso, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró en primera instancia, la nulidad de la Resolución No. 0467 del 30 de marzo del 2012, “por la cual se adjudican en calidad de tierras de las Comunidades Negras los terrenos baldíos rurales ocupados colectivamente por las comunidades negras del Consejo Comunitario del Gobierno Rural de la Boquilla”. 

Por donde comenzar…

Como Instituto de Estudios Interculturales – IEI de la Universidad Javeriana de Cali, trabajaremos en torno a este tema a través de dos entregas. En esta primera entrada, revisaremos los argumentos, contextos, e implicaciones de esta decisión; mientras que, luego, en un segundo texto, nos concentraremos en los argumentos técnicos que se tuvieron en cuenta para justificar esta decisión. 

El titulo colectivo: ¿garantía de Estado o folcklorización del patrimonio?

Quizás, valdría la pena empezar señalando que no se trató de una entrega de titulo colectivo cualquiera. El titulo en cuestión sería entregado de manos de la misma cabeza de Estado. Aquel día, el presidente Santos declararía:

“Estoy muy feliz por este evento en que estamos en este momento, donde confluyen las políticas más importantes de mi Gobierno. […] porque confluyen la política de titulación de tierras y de restitución de tierras a los campesinos, a todos los colombianos que han sido desplazados y que al mismo tiempo reclaman un título para poder ser poseedores reales de esa tierra y poder ponerla a producir para llevar una vida digna”.

Se pretendió, por lo tanto, que la entrega del titulo colectivo fortaleciera simbólicamente el compromiso del Estado colombiano con los derechos colectivos de poblaciones afrocolombianas y, en la medida que la titulación buscaba frenar los fenómenos de despojo colectivo y acaparamiento de tierras apuntalados por las dinámicas de gentrificación cartagenera, podría decirse que también se delineaban las bases, de lo que años más tarde se consolidaría como la Reforma Rural Integral acordada en el Proceso de Paz de la Habana.

Adicionalmente, la entrega del titulo fue incluida en la agenda de cierre de la VI Cumbre de las Américas, donde fue invitado de honor él por aquel entonces presidente de EEUU. Barack Obama. “No lejos de aquí sus antepasados se compraban y se vendían”, dijo el mandatario norteamericano.  “La entrega del título de estas tierras a ustedes y a tantas comunidades afrocolombianas es un paso más hacia el final del largo conflicto que ha vivido este país, los hace –como nuevos propietarios– partícipes de la nueva Colombia” concluyo el gobernante estadounidense. 

Bajo este primer contexto, la decisión de revocar ese titulo colectivo, nos acerca cada vez más al estereotipo de “República Bananera”. Afirma la desconfianza colectiva frente al incumplimiento de la voluntad estatal, que parece dominada al vaivén de los poderes de turno. Viéndola a la distancia, la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar parece integrarse al mismo escenario de la muestra de música y baile de las comunidades afro de Palenque y La Boquilla, que tuvo lugar con la entrega del título: folklorizando los procedimientos administrativos de la nación e integrándolos a una pantomima de apertura y democratización que es posible desmontar apenas cae el telón de su representación.   

Los fundamentos de la decisión del Tribunal

La Sentencia hace una interpretación taxativa del Decreto 0977 del 2001, que constituye el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias. De acuerdo con dicha interpretación: 

“[…] el Corregimiento de La Boquilla en toda su extensión, y dentro de ella, el área que fue producto de la titulación colectiva dispuesta en la Resolución No. 0467 del 30 de marzo del año 2012, no corresponde a un terreno de carácter rural, sino a un terreno de carácter urbano, en lo que atañe a su cabecera, y de carácter de suelo de expansión en el resto del área que la circunda, con prospección a convertirse en suelo urbano”. 

Basados en dichos motivos, el Tribunal concluye que el acto administrativo que da cuenta del Titulo Colectivo a la comunidad afrocolombiana fue expedido en forma irregular y con infracción de las normas en que debería fundarse. 

Para llegar a dicha conclusión el Tribunal Administrativo de Bolívar se pasa por la faja las consideraciones descritas por el Incoder, que en su momento era la máxima autoridad en la materia. Lo anterior, se logra mostrando de manera tendenciosa algunos apartados y correspondencia interna descontextualizada de los informes parciales realizados por funcionarios del Incoder en el marco del decreto 1745 de 1995. Así mismo, bajo una actitud temeraria, el Tribunal se da el lujo de descartar el concepto de la misma Secretaria de Planeación de Cartagena, citando su propia interpretación como más docta y justa que la del mismo organismo técnico de la Alcaldía. Como si lo anterior fuera poco, los honorables magistrados, derrumban de un plumazo -¡en 23 paginas!- toda la legislación conexa al bloque de constitucionalidad de la Ley 70 de 1993, así como de las Sentencias que la Corte Constitucional ha proferido en la materia. 

La gentrificación el verdadero motor de la decisión 

Para nadie es un secreto que existían sectores opositores a la titulación colectiva dentro de algunas facciones comunitarias. Pero, sobre todo, entre los actores hoteleros y urbanísticos interesados en adquirir dichos baldíos para darle un uso comercial al suelo.  

El mismo Benjamín Luna, por ese entonces representante y autoridad del Consejo Comunitario del Gobierno Rural de la Boquilla, advertía el día de la entrega del Titulo Colectivo: “también hay quienes quieren venderle sus predios a empresarios y hacerse ricos con la especulación del valor de esta tierra, ya que hoy un metro cuadrado de tierra en La Boquilla puede estar costando hasta 1 millón 500 mil pesos”.

Los argumentos de la gentrificación no son nuevos, ya desde el 2007, en la magnifica obra colectiva “Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales”, en el Capitulo dedicado a la Boquilla, Áurea María Oliveira Santos advertía que:

“Es menester abordar el problema de la permanencia en las zonas. Al subir la estratificación con el aumento de los impuestos y el alza de los servicios públicos, sus legítimos pobladores o moradores se ven obligados abandonar su cultura ancestral, lo que se traduce en abandono de sus tierras y costumbres. Los nuevos habitantes, no raizales, generalmente ya son poseedores de varios inmuebles. A muy bajo precio adquieren propiedades en estas zonas turísticas, afectando a familias enteras de pescadores, ya que los precios que pagan son irrisorios. Con el producto de la venta de sus tierras, éstos solamente pueden levantar tugurios en otras localidades de Cartagena, hecho que resulta injusto. Desde hace 150 años –antes del advenimiento del turismo– se viene desplazando a los pescadores desde Bocagrande, El Cabrero y Crespo hacia La Boquilla”.

En ese sentido, parece al menos contradictorio, que uno de los argumentos de la facción comunitaria en contra de la constitución del titulo colectivo afirme que el mismo atenta contra la propiedad privada y las escrituras debidamente registradas. Si eso fuera así, el Incoder no hubiera dictaminado que el polígono que constituye el titulo colectivo era un baldío de la nación…. 

Queda claro, entonces, que no se trata de ningún ataque contra la propiedad privada. Más bien, lo que se buscaría es legalizar la posesión de los baldíos de la nación, para obtener la posesión individual y, que los intereses corporativos puedan salir al día siguiente a comprar la propiedad formalizada. Es una jugada a varias bandas, porque como efecto colateral, lo que se busca, es efectuar una presión insoportable sobre aquellos que desean quedarse afirmando su arraigo sobre esos terrenos; con un poco de paciencia, podría lograrse la expulsión definitiva de la población boquillera de su habitación ancestral. 

La dinámica anterior daría luz verde a la aplanadora gentrificadora que ya ha hecho sentir sus efectos en otros contextos de vital importancia para el corazón palenquero de la ciudad, como ha venido ocurriendo con el Barrio Getsemaní. En este sentido, lo que pase en la Boquilla delineará el futuro del resto de las comunidades raizales de pescadores en Barú, Santa Ana, Arroyo de Piedra, Bocachica, Tierra Bomba, Caño del Loro, Ararca, Tierra Baja, Zapatero, Manzanillo, Punta Canoa, Arroyo Grande, Pasacaballos, Punta Canoa y Puerto Rey, entre otros.

La Defensa Legítima

No me cabe duda que la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en cabeza de la Dirección de Asuntos Étnicos, es la llamada a ejercer la primera línea de defensa de la palabra y los procedimientos estatales, puestos a prueba por los intereses de la industria hotelera y la depredación urbanizadora. 

Sostengo lo anterior, porque de no hacerlo, se sentaría un precedente inaudito, no solo para el Consejo Comunitario del Gobierno Rural de la Boquilla, sino para el conjunto de Títulos Colectivos étnicos, incluidos los de las comunidades indígenas.  Le corresponde a la ANT tomar el liderazgo de este pleito jurídico y asumir una defensa férrea para contener este peligroso precedente jurídico; que a su vez, podría devenir en un argumento “deus ex machina” contra el conjunto de la propiedad colectiva de nuestro país.

De otra parte, es a la comunidad de la Boquilla, a quienes les corresponde ejercer su derecho a la legitima defensa, conteniendo el blanqueamiento que el turismo pinta sobre sus pieles negras. 

En 1932 un grupo de jóvenes intelectuales del caribe antillano, liderados por René Ménil fundo en Martinica la Revista Légitime Défense. Antes de la publicación de la Revista la literatura antillana era “doudouiste”. Es decir, se acomodaba para satisfacer la necesidad de exotismo de los consumidores metropolitanos de origen francés. Sin embargo, el uso simbólico a la legitima defensa le permitió al pueblo negro de Martinica poner en primer plano su historia, sus necesidades y por ende sus reivindicaciones.

En el manifiesto de creación de la revista, los autores enfocan sus esfuerzos contra lo que ellos consideran la alienación de las poblaciones negras del Caribe frente al poder metropolitano. René Ménil anunciaba las siguientes palabras, que bien podrían rechinar para las 1200 personas que firmaron contra la constitución del Titulo Colectivo de la Boquilla:

“En el sistema colonial, la conciencia de los colonizados se moldea de acuerdo con los valores y verdades de los amos. Es decir que, en cada colonizado, el colonizador ha introducido, en el alma misma del colonizado, los sentimientos y las ideas del amo. En cada colonizado tendremos un alma blanca en un cuerpo negro. […]  Poco a poco, el antillano de color niega su raza, su cuerpo, sus pasiones fundamentales y particulares, su forma específica de reaccionar ante el amor y la muerte, y llega a vivir en un dominio irreal determinado por las ideas abstractas y el ideal de otra gente.”.

Esta situación por la cual el poder colonizador transforma sus grilletes en cadenas de pensamiento, infundiendo en comunidades ininterrumpidamente racializadas el deseo del “otro”, no puede hacernos olvidar que al mismo tiempo el Caribe ha sido históricamente la cuna de las luchas por la emancipación y la libertad. El caribe rizomático y fractal que continúa desarrollando sus luchas de liberación contra un comercio triangular que mutó en el omnipresente extractivismo hotelero. 

Cartagena es una ciudad atravesada por las cicatrices de látigo y rebelión. Para los pescadores de la Boquilla guarnecidos bajo los tambores de la noche continúan resonando las palabras de su ilustre poeta cimarrón, Jorge Artel:

“Negro soy desde hace muchos siglos.
Poeta de mi raza, heredé su dolor.
Y la emoción que digo ha de ser pura
En el bronco son del grito
Y el monorrítmico tambor.

El hondo, estremecido acento
En que trisca la voz de los ancestros
Es mi voz.

La angustia humana que exalto
No es decorativa joya
Para turistas.

¡Yo no canto un dolor de exportación!”

Es coordinador en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali. Estudió antropología en la Universidad Nacional de Colombia, una maestría en sociedades latinoamericanas de la Universidad Sorbonne Paris III y se doctoró en sociología...