Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La democracia solidaria (“caring democracy”) necesita de la preocupación preferente del Estado nación en la coordinación de políticas que satisfagan los derechos y el cumplimiento de los mismos. También debe coordinar el interés social con el individual y el de la ciudadanía.
La democracia solidaria supone que ningún bien propio de una nación o recurso básico del cual dependen la existencia y el desarrollo de esa nación pueda estar en manos de intereses privados.
Así comprendida, la democracia solidaria debe incitar al interés social y ciudadano. Debe convocar a sectores privados, instituciones públicas y otras organizaciones no gubernamentales a conformar una red solidaria que responda a las problemáticas y necesidades que sienten las sociedades en el andar hacia el respeto por los derechos sociales y culturales.
En síntesis la democracia solidaria busca reconocer la necesidad de posicionar el cuidado desde la igualdad y los derechos.
De acuerdo con los argumentos de Joan Tronto, repensar el cuidado desde una postura política y democrática es posicionar la idea de que este está en todos lados, es decir, que todo el mundo da y recibe cuidados.
Es así como Simone De Beauvoir nos afirmó que lo personal es político. Esto implica que, como es una necesidad vital, se debe entender desde el punto de vista de los derechos y debe ser reconocido como una responsabilidad estatal con corresponsabilidad social.
Por eso, la comunidad, las familias y las empresas también están involucradas. En mi caso, es necesario pensar el cuidado como un derecho que requiere gobernanza y gobernabilidad estatal.
En el mismo tenor, también argumenta la necesidad de pensar el cuidado desde la confianza y la solidaridad, para que sea democrático.
Además, se debe analizar con base en cuatro implicaciones: el tiempo, los recursos, la voluntad y la igualdad, por ello afirma que “la política [es] como una actividad para designar el cuidado y las responsabilidades de cuidado en una sociedad”.
En este marco el llamado para el Estado debe ser en términos de reconocimiento, valoración, redistribución y remuneración del trabajo de cuidado y trabajo doméstico, garantizando igualdad entre hombres y mujeres, y garantizando igualdad de condiciones laborales.
Es sumamente útil para el debate sobre el papel del cuidado en la reproducción social y quién debe asumirlo. No hay cosas naturales en nuestras sociedades, sino acuerdos políticos sobre aquellas cosas que deben ocurrir, quién(es) debe(n) hacerlas posibles y de qué forma se contará con los recursos necesarios para que ocurran.
No todos los acuerdos sobre estos temas son establecidos de forma explícita, en especial cuando se habla de temas relativos a tareas invisibilizadas socialmente y, además, para las cuales socialmente no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo deberían operar para garantizar una forma más equitativa de que ocurran, como el cuidado.
En este contexto el cuidado es una de esas actividades sobre las cuales poco se ha debatido en nuestras sociedades porque, desde distintas áreas, en especial el contexto político, se ha evadido el establecimiento de ciertas pautas de corresponsabilidad del Estado en la garantía de su prestación.
El abordaje del debate en torno al cuidado puede establecerse desde varios marcos teóricos e incluso puede ayudar a explicar otros aspectos económicos, sociales y hasta políticos de las sociedades.
Por ello el análisis del cuidado, considerando su estudio desde el punto de vista intersectorial e interseccional, puede aportar elementos importantes para entender aspectos como la segregación, las desigualdades, la exclusión y la polarización.
Estos son elementos que permitirían abordar la política y sus decisiones desde una perspectiva mucho más útil para atender el cuidado como un tema de derecho y superar aquellos elementos que se han convertido en mecanismos que posibilitan la perpetuación de las inequidades.
Esta idea fue una propuesta de campaña y acciones del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y que tuvo lugar con el decreto 1874 de 2022 que le asigna responsabilidades misionales o encargos a la vicepresidenta Francia Márquez.
Entre ellas, la formulación de la política pública de discapacidad, de cuidado y la de personas con diversidad sexual Lgbtiq+.
“Haremos una política de cuidados”
El presidente Petro, cuando presentaba el decálogo de compromisos, fue vehemente al manifestar que: “Somos una sociedad solidaria, que se preocupa y ocupa del prójimo”. Insistió en que “haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno, con herramientas y soluciones para crear igualdad”.
Hablando del Ministerio de Igualdad y Equidad, han sido tantas las críticas frente a este hito y logro popular que reafirma las acciones de un sector político tirano y mezquino que no logra detenerse y bajarse de su nube voladora. Un sector que no logra otro relacionamiento más que con dádivas políticas y los alimentos que consumen, como si olvidaran quién se los lleva a la mesa.
Está siendo corto de vista para el análisis en torno al nuevo ministerio creado en Colombia. Centrar la discusión simple y llanamente en números o cifras es desconocer las brechas desiguales y deudas históricas que el Estado nación tiene con más del 80% de la población colombiana.
La estructura administrativa propuesta por este ministerio supone la participación directa de sectores históricamente excluidos, por quienes han tenido la obligación constitucional de hacerlos partícipes de la sociedad como ciudadanos, y no como las mal llamadas “minorías sociales”.
Dicho de otra manera, el impacto social y protagonismo que evoca este ministerio para la Colombia profunda, rural, es esperanzador no solo para las nuevas generaciones, sino también para quienes están siendo testigos de la sacudida al sistema mezquino.
