“Pasar de asesinar a legislar sin ningún proceso de intermediación es una ofensa a las víctimas”: Samuel Hoyos

Continuando nuestra misión de profundizar sobre liderazgo en el Congreso de la República, estuvimos con Samuel Hoyos, Representante a la Cámara por Bogotá y Presidente de la Comisión Primera, hablando sobre mermelada, curules “a dedo”, acción ejecutiva y reformas.

 

Red Líder: El pasado 20 de julio, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó que: “Hoy instalamos el Congreso de la República más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de dos siglos de vida republicana”. ¿Qué opina de esta afirmación?

Samuel Hoyos: Si el expresidente Santos considera que pluralismo, inclusión, garantía a la democracia es que unos criminales de lesa humanidad, responsables de miles de asesinatos, de secuestros, de desplazamiento forzado, de traficar droga y tener al país en una situación de violencia, y que darles representación política a las FARC, sin ni siquiera exigir los mínimos de Justicia es pluralismo y es garantía de democracia, pues yo difiero totalmente.

Yo creo que quienes deberían estar en el Congreso representados son las víctimas, son los campesinos, son los empresarios que han sido víctimas de la extorsión, son los defensores del medio ambiente que hoy ven que  tenemos 200 millas de bosque y reserva taladas por culpa del narcotráfico, yo sí creo que eso sería un avance para tener un Congreso plural, incluyente. Y que los partidos políticos quienes no hemos delinquido, quienes representamos legítimamente a miles de ciudadanos, ese es el verdadero pluralismo. Entregar curules a dedo no es democrático.

Yo no me opongo a que quienes renuncian a las armas y a la violencia decidan participar en política y participar en democracia, creo que eso es un acto loable, pero exigiendo unos mínimos de justicia, exigiendo por lo menos la verdad, y una vez cumplido ese proceso, pues bienvenidos a la política. Pero pasar de asesinar a legislar sin ningún proceso de intermediación me parece una ofensa a las víctimas, a la democracia y a la sociedad en general.

R.L: El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país. ¿Cómo recuperar su legitimidad y prestigio?

S.H: No sólo en Colombia, sino en casi todos los países del mundo, los congresos o los parlamentos tienen una crisis de legitimidad y de popularidad, porque el ciudadano no se ve representado en la toma de decisiones del Congreso. Hannah Arendt decía que cuando la ley no representa la voluntad popular es violencia, es arbitraria, y carece de legitimidad. Nosotros necesitamos recuperar la legitimidad del Congreso y que las decisiones, es decir, las leyes que se hacen en el Congreso, representen efectivamente la voluntad popular. Eso le devolvería legitimidad.

También, que el Congreso recupere la posibilidad de ejercer un control político sobre el Ejecutivo, que es una de sus funciones esenciales, y es lo que le permite establecer límites al ejercicio del poder y le da legitimidad a la democracia.

Pero desafortunadamente, en Colombia los partidos políticos han perdido identidad y se han convertido en vehículos electorales, o electoreros peor, y no representan plataformas ideológicas y programáticas que le permiten al ciudadano identificarse con unas ideas, con unas políticas, con unas propuestas, con una visión de Estado y de país, y se vuelve personalista la política y eso le va quitando legitimidad al Congreso frente a los ciudadanos. Entonces hay que recuperarla, porque esa ruptura entre el ciudadano y el Congreso afecta directamente ejercicio de la democracia, y la esencia de la democracia.

R.L: ¿Ejerce el Congreso, como institución, algún liderazgo en la definición y discusión de la agenda nacional? ¿O su dinámica es esencialmente reactiva a las coyunturas o frente a la influencia del Ejecutivo?

S.H: Desafortunadamente el papel del Congreso se ha desdibujado. En el Gobierno pasado, el Congreso era un tramitador de las políticas y de las iniciativas del Ejecutivo, pero no tenía una iniciativa. Desafortunadamente, la corrupción ha llevado a que muchos congresistas sólo actúen a cambio de favores por parte del Ejecutivo, llámese mermelada, que es un eufemismo a la corrupción, usted me da cupos indicativos y me da comisiones y a cambio de eso yo le voto su agenda legislativa.

Esa práctica ha llevado a la pérdida legitimidad del Congreso y también a que pierda un papel relevante que tiene por mandato popular, que es la posibilidad de ser el vocero de la ciudadanía, y ser también el control al ejercicio del poder. El Congreso tiene que recuperar ese papel: no puede ser un segundón del Ejecutivo porque eso va en detrimento de la necesidad de tener un sistema democrático con frenos y contrapesos al ejercicio del poder.

Cuando el Congreso se vuelve simplemente un notario, un segundón, un firmón de las políticas del Gobierno, pues eso se pierde. Sin duda, el Congreso debe recuperar esa función, y esa función se recupera en la medida en que esa relación Ejecutivo – Legislativo no esté mediada por la corrupción o por el intercambio de favores burocráticos, contractuales y económicos, porque eso alimenta la corrupción.

R.L: ¿Qué liderazgo ejerce la oposición dentro del Congreso?

S.H: La oposición es fundamental. Yo vengo de ser un partido de oposición a ser ahora un partido de Gobierno, y creo que la democracia se nutre y crece, también con la oposición. La diversidad de ideas, de posiciones, la crítica, el cuestionamiento y las posturas son la esencia del debate democrático que debe haber en el Congreso.

Pero debe ser una oposición seria, una oposición constructiva, una oposición que esté dispuesta a señalar los errores del Gobierno, pero también dispuesta a construir consensos y a buscar acuerdos en beneficio del colectivo social. Ese debe ser el papel de la oposición: no sólo oponerse, quejarse y señalar, sino también estar dispuestos a construir puentes y a buscar acuerdos sobre aspectos fundamentales que el Estado y la sociedad colombiana necesitan.

La oposición destructiva, la oposición incendiaria, la oposición irracional no construye. Yo como parlamentario de oposición durante los cuatro años anteriores sin duda era muy crítico en muchos aspectos, pero cuando había necesidad de defender posturas del Gobierno al que yo hacía oposición también estuve dispuesto a hacerlo, y ahora espero que la oposición en Colombia sea una oposición constructiva y no una oposición populista y que atente contra la democracia.

R.L: Durante los próximos cuatro años, ¿qué cambios espera ver, y protagonizar, en cuanto al liderazgo del Congreso?

S.H: Yo espero que el presidente Duque, y estoy seguro que así lo va a hacer, va a liderar una serie de transformaciones que son esenciales para el país. Pero si el Congreso no entiende que hay que romper con esa relación perversa de intercambio de favores con el Ejecutivo, a cambio de sacar adelante una agenda legislativa, el presidente Duque debe renunciar a tener que negociar con el Congreso.

Él no está dispuesto a hacer eso, no lo puede hacer, esto tiene que ser un cambio de forma y de fondo, y en ese caso, que sería lamentable si el Congreso no tiene la capacidad de entender que unas necesidades que el país reclama y que el Gobierno está liderando, el Gobierno debe dedicarse a la acción ejecutiva: a que la alimentación llegue a los colegios públicos, a que se hagan las carreteras, a que los juzgados funcionen, incluso sacrificando una agenda legislativa que sería muy importante.

Necesitamos una reforma a la Justicia, necesitamos una reforma tributaria que le permita al aparato productivo recuperar su capacidad de generación de empleo, de atracción de inversión, de calentamiento de la economía y que le permita al ciudadano recuperar también su capacidad de consumo. Necesitamos una reforma pensional.

Hoy, en Colombia apenas el 30% de los adultos mayores acceden a una pensión, y eso en parte se debe a que hay pensiones altas que están subsidiadas, y necesitamos gravar a las megapensiones para poder que todos en un futuro nos pensionemos, o que todos los actuales viejitos, por decirlo de la manera más coloquial, puedan acceder a una pensión, porque es una tragedia una persona que no puede trabajar y que no tiene ningún ingreso porque siempre estuvo en la informalidad o porque nunca le aportó al sistema. Entonces ese es un gran reto.

Hay que hacer una reforma pensional, una reforma tributaria, una reforma a la justicia que le devuelva independencia a la rama judicial, para que haya una justicia que no esté politizada ni manejada por intereses corruptos, sino una justicia que nos dé garantías a todos.

Si todos podemos confiar en la Justicia, podemos estar en desacuerdo en todo lo demás. Pero ese es el verdadero acuerdo sobre lo fundamental del que hablaba Álvaro Gómez: la Justicia. Que todos podamos confiar, que no tengamos ni siquiera la justificación de alegar que es una persecución política cuando hay una decisión judicial en contra mía o en contra de mi partido, y que la oposición tampoco pueda alegar eso.

Que la Justicia sea la columna vertebral del Estado de Derecho, totalmente ajena los intereses políticos y ajena a los intereses de la corrupción. Que nunca volvamos a ver un cartel de la toga en la Justicia en Colombia. Esa reforma es fundamental, y acercar la Justicia al ciudadano. No puede ser que el 90% de los asesinatos en el país queden en la impunidad, eso no no es justicia. O que un proceso se demore 10 ó 15 años en tomar una decisión, eso no es justicia. Esas son tres reformas fundamentales.

Y una cuarta qué es una reforma política que permita facilitar la competencia por el poder, que permita alejar la corrupción, puede que no la logremos acabar, pero si alejar la corrupción de la política, por lo menos disminuirla, tiene que ser un propósito fundamental de todos los partidos.

Esos cuatro puntos, si el presidente Duque y el Congreso logran sacar eso adelante, ya habrá una transformación fundamental en Colombia. Pero si el Congreso se opone a esas transformaciones que está liderando el Gobierno, pues el Gobierno tiene que dedicarse a la acción ejecutiva, a llegar al ciudadano, que el ciudadano logre efectivamente disfrutar de unos servicios básicos esenciales, que la infraestructura se construya, que la justicia opere, que la seguridad impere en las calles de los pueblos y ciudades de Colombia, y renunciar a la agenda legislativa y gobernar del lado de la opinión, del lado de la ciudadanía, y mostrarle al país quiénes son los congresistas que se oponen a esas reformas que los colombianos reclaman. Esa sería la única alternativa, ojalá no le toque irse por ese camino.