Los retos de la minería de pequeña escala

Estos son los retos de la minería de pequeña escala para el 2016 

En la Alianza por la Minería Responsable (ARM) hemos identificado los siguientes retos para el 2016 para la minería de pequeña escala:

La criminalización de la pequeña minería

Todavía no hay claridad en la opinión pública y en algunas autoridades sobe la diferencia entre un minero que quiere formalizarse y otro que no. La confusión de términos sigue causando una estigmatización de la pequeña minería (no todos son ilegales y no todos son criminales) y la falta de claridad entre las autoridades sigue causando tratos injustos y mayores barreras para la formalización.

Si bien es una realidad que grupos armados al margen de la ley se lucran de operaciones auríferas y que es necesario desmantelar estas redes criminales, se está corriendo el riesgo de discriminar y marginalizar aún más a todo un subsector de la economía en el empeño por “legalizar” la actividad. Consideramos que no se han hecho los esfuerzos suficientes por informar correctamente a la opinión pública y al sector minero en particular sobre qué entiende el Estado por minería criminal; la consecuencia ha sido una sociedad más polarizada y una pequeña minería marginalizada.

La alternativa es generar más y mejores oportunidades para una formalización imperfecta, que les permita a los mineros comprometidos ir acercándose al ideal, permitiendo una mejor discriminación entre aquellos mineros que se quieren formalizar y los que no tienen ningún interés en hacerlo. Pensar que de la noche a la mañana los pequeños mineros van a cumplir con todo el universo de criterios de formalización es ingenuo y causa frustración en todos los actores, debido a los pocos resultados de los esfuerzos de formalización.

Preocupa que el Estado se esté inclinando hacia el enfoque de criminalización de la pequeña minería que han adoptado países como Perú (donde además ya se ha demostrado que dicho enfoque solo trae consecuencias negativas sociales y de orden público).

Implementación de la Política de Formalización

De acuerdo con la Política de Formalización Minera del país: en 2019 la minería de pequeña y mediana escala en Colombia se caracterizará por ser una industria formalizada en un 40% en aspectos legales, técnicos, ambientales, económicos, tributarios, sociales y laborales, a través del apoyo del Estado…… (p.52). Como todos sabemos, la pequeña minería en Colombia es predominantemente informal, así que esta meta, definida en la Política de Formalización, es bastante ambiciosa. Para alcanzarla, el gobierno ha desarrollado un buen número de estrategias que incluyen la ampliación de las formas de acceder a la legalidad[1], programas de apoyo técnico y, en cabeza del Viceministerio de Minas, una serie de instancias de coordinación inter institucional para que las regiones estén articuladas y acompañadas por el gobierno central. A pesar de estos esfuerzos, creemos que la implementación de la Política de Formalización de la pequeña minería en Colombia sigue siendo un reto del sector (para el 2016 y para los próximos años).

El primer punto a destacar en la implementación de la Política de Formalización es el acceso a la legalidad. Si este primer reto no se supera, difícilmente se lograran avances en la implementación de la Política pues estar “bajo el amparo de un título minero” es condición sin la cual no se puede avanzar en el proceso de formalización. Ya hemos dicho que se ha diseñado una serie de herramientas para facilitar el acceso a la legalidad para los mineros, sin embargo, el gran problema ha sido llevarlos a la práctica. Los procesos de legalización van a paso lento mientras que la presión sobre los mineros para formalizarse aumenta día a día. Es necesario que las entidades del Estado recorran rápidamente la curva de aprendizaje que les permita tramitar y resolver las solicitudes de legalización con prontitud y que la información apropiada sobre los procesos y criterios de legalización sea entendida y compartida por las autoridades competentes.

El segundo reto de la implementación de la Política de formalización ya la hemos mencionado y es la formalización imperfecta. Consideramos que los criterios mínimos de acceso a la formalización son muy altos para las condiciones reales de los pequeños mineros del país. En vez de ser un incentivo para la formalización, estos mínimos están generando barreras de entrada y por ende están contribuyendo a marginalizar a los pequeños. Para el 2016 el reto es concebir a la formalización como un proceso que parte de la realidad y termina en el ideal que el Estado ha definido para el sector.

La implementación de la Ley de Mercurio (Ley 1658 de 2013)

Colombia se adhirió a la Convención de Minamata en 2013 y ese mismo año promulgó la Ley de Mercurio en la cual se comprometió a eliminar el uso del mercurio en la minería para el 2018. Dos años después, los avances en la eliminación del mercurio en la minería de oro a pequeña escala han sido pocos. El Ministerio de Minas ha hecho esfuerzos por asesorar y capacitar a los mineros, pero estos esfuerzos, hasta donde ARM tiene conocimiento, no se han hecho de manera articulada con otros ministerios que deberían estar, por lo menos asesorando la intervención (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente). Nos preocupa no sólo la poca articulación que el Estado ha demostrado en la implementación del Plan Nacional de Eliminación de Mercurio, sino también la lentitud con la que se han puesto en marcha los programas definidos en el Plan Sectorial para apoyar la trasferencia tecnológica de los pequeños mineros. Sólo a finales del 2015 se lanzó el programa de bancarización y acceso a servicios financieros, y el país se comprometió a eliminar el mercurio de la minería para el 2018 (un lapso de tiempo completamente irreal, teniendo en cuenta las capacidades financieras y tecnológicas de los pequeños).

El reto para este año es lograr que lo establecido en la Ley de Mercurio y el Plan Nacional de Eliminación de Mercurio se cumplan. Que no sea un proceso netamente punitivo para los mineros, sino que vaya acompañado de apoyo y acompañamiento por parte del Estado.

Pequeña minería y pos conflicto

En el eventual caso de que se firme el acuerdo de paz con las FARC habrá una serie de retos para la pequeña minería de oro:

– La salida del grupo armado de las zonas en las que controlan actividades mineras podría generar disputas por su control por parte de otros grupos irregulares y reductos de las mismas FARC, acentúandose la inestabilidad en zonas frágiles y agravándose la criminalización de los pequeños mineros. Es necesario que, en caso de un acuerdo de paz, el Estado llene rápida y efectivamente los vacíos de poder que dejarán las FARC en los territorios mineros del país.

– Es posible que muchos reinsertados vean en la minería de pequeña escala una oportunidad legal de empleo (la pequeña minería es intensiva en mano de obra) y, dependiendo de qué tan preparado estén el sector y el Estado, podría ser una oportunidad y un verdadero reto. Recordemos que son pocas las áreas susceptibles de titulación que quedan en Colombia y, como ya se mencionó, las otras figuras de acceso a la legalidad todavía están en pañales. Debemos prepararnos para este eventual panorama.

Precios  

Desde el 2011 el precio del oro ha bajado en un 40%, llegando a los 1.000USD por onza. Actualmente, la subida del dólar ha contribuido a mantener los precios del mineral por debajo de lo esperado, y el panorama no pinta bien para el sector en 2016. Este reto lo enfrentan tanto los grandes como los pequeños mineros, con el agravante para los pequeños de que ellos se encuentran por fuera del sistema financiero y no tienen acceso a la banca comercial[2]. Adicionalmente, los intermediarios en la cadena de comercialización del oro que proviene de la pequeña minería suelen abusar del poder que tienen sobre los productores y en muchos casos les pagan por debajo del precio oficial.

La realidad es que en muchos casos el bajón en los precios ha hecho financieramente insostenibles muchos entables mineros de pequeña escala. El subsector no cuenta con la infraestructura de apoyo necesaria para enfrentar crisis externas y en el 2016 será necesario fortalecer la capacidad de adaptabilidad de los pequeños a través de servicios financieros diseñados específicamente para ellos y depurar los actores dentro de la cadena de comercialización que no aportan valor y que están frenando la capacidad de crecimiento y resiliencia de los pequeños.

Minería y ordenamiento territorial

Las contradicciones entre los diferentes esquemas de ordenamiento territorial y el poco uso que se da a la información existente sobre el tema para la definición de políticas seguirá siendo un reto para la pequeña minería, y en realidad para todo el sector, en el 2016. La confusión genera conflictos entre los usuarios del territorio (agricultores, mineros, etc.) y limita la capacidad del Estado de dirimirlos. Adicionalmente, la falta de claridad afecta la capacidad de las autoridades de hacer un control efectivo sobre las diferentes actividades productivas, dejando vulnerables para la degradación ambiental cientos de miles de hectáreas de ecosistemas estratégicos. La consecuencia más común de esta situación es que se culpe a los pequeños mineros por la totalidad de la contaminación y degradación ambiental cuando, en realidad, el problema que hay detrás excede con creces el impacto posible de los mineros sobre el territorio.

Transparencia

El país adquirió en octubre de 2014 el compromiso de mejorar sus prácticas y estándares en materia de transparencia para la industria petrolera, minera y de gas mediante su postulación a EITI (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas). En el marco de esa postulación fue conformado un comité tripartito del que hacen parte el gobierno, el sector privado y la sociedad civil el cual se encarga de seguir atentamente el proceso que busca que se haga pública y accesible a la ciudadanía la información sobre los pagos que recibe el país por parte de las compañías mineras, petroleras y otras extractivas que operan en el territorio nacional.

La iniciativa contempla la adhesión voluntaria, principalmente, de las más grandes compañías extractivas del país lo cual plantea retos importantes para el sector minero como un todo y, en el caso particular de Colombia –debido al esfuerzo e interés del Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas–, también empieza a plantear retos al sector de pequeña minería que podría empezar a acercarse a la iniciativa, en un primer momento, a través de la socialización y sensibilización.

Consulta Previa

Finalmente, el perfeccionamiento de los procedimientos de consulta previa en el país persiste como un reto importante para el sector minero en su relacionamiento con las comunidades que se ven afectadas por la ejecución de proyectos extractivos. En este sentido, es menester que se avance en la modificación de esta obligación para que gane en rigurosidad, deje de ser un formalismo, y se convierta en un instrumento que verdaderamente garantice el desarrollo socialmente sostenible de operaciones mineras en el territorio colombiano.

Foto portada: Andrés Bermúdez Liévano