Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta es la tercera entrega de una serie de observaciones clínicas a las propuestas del GDIAM
Una sociedad que dialoga es mucho más que eso, es un proyecto que se construye. (En la foto: Autoridades, comunidad y mineros de Río Quito, diciendo y haciendo juntos.
De vuelta por acá. Gracias por la espera, a quienes esperan.
Acerca de “dibujar un mapa social de la minería”. Muy de acuerdo y muy necesario. Mas, digo que el Estado y sus llamadas fuerzas del orden saben más de lo que los científicos indagan. Ellos saben pero parece que se hacen los de la oreja mocha y los de la vista gorda juntos. Porque en la dinámica de esta guerra longeva con sobrevuelos permanentes, uso de alta tecnología, asistencia extranjera y penetración a las comunidades, entre otra logística compleja, las autoridades conocen palmo a palmo esta geografía y sus componentes sociales y económicos.
Ellos la tienen caracterizada y saben de qué se trata, como saben a qué intereses le hacen su apuesta. Las autoridades tienen “una imagen clara del problema”. Y algunos sectores tozudamente mantienen el diálogo de sordos interinstitucional para que en el caos del “cada quien por su lado” mantener el estado de cosas de las “tensas relaciones entre todos los actores que deben interactuar”, como atinadamente lo dice el Grupo de Diálogo Minero.
Listo, hay mapas listos. Falta yuxtaponerlos y que el diálogo minero incluya a todos. Tenemos los mapas de comunidades negras en el Chocó y los resguardos de allí y los mapas donde hay mineros “interioranos”, o “paisas” que trabajan con ellos desde hace 40 o 50 años en franca paz y convivencia, compartiendo ganancias y tecnología, cultura y luchas por el derecho al trabajo. Hay que poner los mapas a decirnos qué queremos, cómo y con quien. Además, que esos mapas señalen regiones de la geografía, la clase de minerales, la tecnología que en cada área se usa, cantidad de personas y, en fin, lo que no de claramente los componentes sociales de ese sector minero.
Tenemos mapas, por decir algo, de las comunidades del Guainía y los del sur de Nariño, y las de los páramos y mapas de Santurbán. Todo está ahí. Pero sobre esos mapas, muy conocidos, se ha dispuesto entregar títulos sin el lleno de los requisitos plenos de ley. Y quienes los entregaron sabían a plenitud de la cartografía y de las limitaciones como las impuestas por la Ley 2ª de 1959, dirigida a conservación de recursos naturales renovables creando las zonas de reserva forestal. Ellos, los funcionarios, los mismos a los que les ha faltado voluntad política para hacer uso adecuado de esos mapas, poseen suficiente experticia técnica y legal, pero su mapa tiene las agujas con el imán contrario al del país por el que deberían velar en ejercicio d sus funciones públicas.
Un mapa minero colombiano con las diferenciaciones que nos va a mostrar daría lugar para que establezcamos unas políticas públicas mineras con carácter diferencial. Como no lo han querido entender las autoridades y a cambio expiden ese manojo de decretos y directivas ministeriales que no para mientes en comprender la naturaleza variopinta del país. Hay que diferenciar y medir con distintos raseros situaciones distintas.
En cuanto a consolidar zonas mineras, excelente. Eso va de la mano con fortalecer la institucionalidad allí donde, por su debilidad, ha medrado toda clase de formas del ilícito y donde ni la propia escasa autoridad escapa a ello. Con 225 minerales que se están explotando en el país podríamos predicar que en casi todo el territorio nacional se hace minería en una u otra escala.
Crear “zonas mineras prioritarias” demanda de enriquecerla con un criterio social. ¿Prioritario para quién? Hacer de estas zonas unos espacios donde el Estado hace presencia por vía de sus fuerzas armadas y niega la posibilidad de trabajo a los pequeños y medianos mineros es priorizarla con sesgo. El enfoque del que se habla debe ser en todo y siempre incluyente.
Ahí es que la minería puede convertirse en un bastión económico importante y ayudar a superar las hondas desigualdades, el desempleo y unos cuantos lastres más de un modelo económico que desprecia a los propios nacionales y se “mea a goticas” cuando de la inversión extranjera se trata aunque tenga las peores consecuencias para la gente. Don Pedro, mi amigo decía: “nos falta una migajita de nacionalismo, mijo, eso es. Es que no nos queremos a nosotros mismos”.
Consolidar las zonas mineras pasa por la actualización del mapa social, de los minerales existentes, de los recursos tecnológicos. Debemos entender que no todo el país puede ser para la gran empresa multinacional y que debemos reconocer realidades históricas ya consolidadas. Acá cabe la gran minería, la pequeña, la más pequeña y la artesanal. Un lastre de toda política en Colombia ha sido su carácter egoísta y excluyente. En todos los sectores.
El que unos y otros puedan trabajar de manera armónica en las regiones, eso es consolidación. Pero que una empresa o un conglomerado o un consorcio tenga el complejo de La Mamá Grande y ser el dueño absoluto de las lluvias torrenciales chocoanas, de los arreboles llaneros y de la gente y de los recursos y de las leyes y de todo, eso, eso hiede, eso hiende una mordedura en la confianza en las instituciones y eso hiere la conciencia colectiva. Por eso el punto ocho es pertinente.
Estimular la participación ciudadana, es nada más y nada menos lo que le falta a Colombia y cuya falta de práctica ha llevado a generaciones enteras a buscar el monte y, mire usted no más en el berenjenal en que nos hemos metido. Por falta de que la gente participe en la toma de decisiones respecto de aquello que la involucra se habla de un “democracia de papel” o de una “mascarada de democracia” o de una “democracia de letra muerta”.
Que nos propongamos el diálogo social sería un avance. Pero no de aquel en el que “tu opinas, el opina, todos opinan… ¡yo decido!”. Así se viene haciendo desde las mesas de diálogo y concertación minera, en las que se viene “botando corriente” desde su creación mediante la Resolución 90603 del 31 de julio de 2013 en el caso del Chocó, y similar que crea la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia –CONALMINERCOL-. Ahí se ha llegado a un punto muerto. Las argumentaciones de los mineros han valido para que el ministerio decida por sí sólo y vocifere que “se han tenido muchas reuniones”, que “se ha socializado la propuesta”, que “se colgó en la página web” y un sartal de artilugios para hacer creer de que se “estimula la participación ciudadana”. Carreta. Falta voluntad política, ganas y compromiso con el sector y con una política pública minera que en verdad sirva al país.
Echar a andar la participación de la gente es retomar los mandatos de la Constitución, atender los llamados de la Corte en esta materia, es cumplir con el Convenio 169, cumplir el estatuto de las negritudes y de las entidades territoriales indígenas, y es asumir una tarea aplazada: esta es una democracia participativa.
Sobre que se cree la Agencia de Diálogo Intercultural. Excelente. Pero son unos aparatos burocráticos que sustituyen a otros, que nacerán como un think tank, pero sin dientes para ejercer autoridad y sin quien se interese en los resultados de su ejercicio, más allá de un “ciudadano preocupado”. Ahí están las dependencia dedicadas a las temas de las minorías étnicas del Ministerio del Interior que deben velar por el cumplimiento cabal de la Consulta Previa, con los elementos que han mandado las autoridades jurisdiccionales de las altas cortes insistentemente en el sentido de que esta tiene que ser plena, más allá de un requisito administrativo debe indagar sobre los proyectos existenciales de esas comunidades, sus prioridades, atender a su cosmogonía y proteger su integridad cultural, social y económica garantizando ese derecho a la participación.
Una agencia es una oficina. Las oficinas son muy frescas. Un oficina tiene gente toda muy querida que gusta de tomar tinto en las mañanas y en la tarde ensalada de frutas. Una oficina tiene funcionarios y estos tareas. Una oficina es cosa buena cuando hay tanto desempleo. Se necesita que funcione lo que hay, que cumpla cabalmente con los mandatos de la ley, lo demás es añadirle caireles a lo que lo amerita. Basta mirar la compleja estructura del Ministerio del Interior, de sus Áreas Misionales y ahí tenemos en qué apoyar estos propósitos de dialogar, si es lo que se quiere.
La vía de la complejidad institucional nunca ha sido la mejor para avanzar en nada. Pero si se crea la Agencia de Diálogo los mineros acudirán a ella, acostumbrados como están a que una cosa nueva aparezca, bailan con la que le pongan. Más que el diálogo intercultural es urgente el diálogo interinstitucional. Qué oso es ver convertido el aparato del estado en un Pentecostés donde cada quien habla su lengua y no se entiende con el otro, cada uno poseído por “su” proyecto en ausencia de proyecto de país.
Y, en cuanto a ordenar la Consulta Previa. Volvemos a lo de siempre: el instituto jurídico existe, hay reglamentación… no funciona. Ni funciona ni es funcional. La Consulta Previa, amparada en caros principios universales es una conquista de los pueblos en el mundo. En Colombia no es la excepción de que esta sea una talanquera para uno que otro proyecto de desarrollo. Pero puede que el problema esté en la forma de darle trámite a los diálogos que terminan desconociendo la palabra del otro y enervando el ambiente donde antes había paz. No nos mintamos: a las comunidades les han querido meter gato por liebre y las han subestimado aquí y allá. Y han primado intereses non sanctos a la hora establecer proyectos de desarrollo o inversiones que en última sólo benefician a una de las partes. Sabemos a cuáles.
La cantinela desde las Cortes es de hace rato, la última de que tenga noticia es la Sentencia T- 438 de 2015 que ordena a la empresa Gran Colombia Gold y Minerales Andinos de Occidente S.A. “la suspensión inmediata de las actividades de explotación minera que esté realizando, directamente o por interpuesta persona, en la parte alta del Cerro El Burro, específicamente en la mina Villonza del municipio de Marmato, Caldas” y ordena al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería, o a la autoridad competente, “que se abstenga de otorgar o interrumpa, según el caso, el o los permisos de explotación minera hasta tanto se realice la referida consulta previa de manera adecuada”. No es cualquier consulta previa, no es cumpliendo por cumplir, no es una mascarada o cualquier payasada. A las comunidades una y otra vez las han irrespetado. Pero, quién le pone el cascabel al gato.
Ahora bien, que se abra el debate para ver a quién y cómo estorba la Consulta Previa, a quiénes beneficia, cómo se pueden moderar los intereses de unos y otros. Pero falta el RE-RE, que es: REconocer a la gente y REspetarla, como me lo enseñó el doctor Mauricio Gómez Peña, presidente de Conalminercol.
En definitiva, felicito al Grupo de Diálogo Minero y me reitero en que hay que contar con otras opiniones: la de los mineros reales, los de carne y hueso.
